Fundación va a juicio para que empleados públicos tengan derecho a no pagar cuotas sindicales

Por Mark Tapscott
01 de Septiembre de 2020 5:09 PM Actualizado: 01 de Septiembre de 2020 5:09 PM

La oficial de policía de Las Vegas, Melodie DePierro, es la última de una larga lista de empleados del sector público que iniciaron acciones legales por el reconocimiento de sus derechos en virtud de una decisión de la Corte Suprema de 2018.

La demanda de DePierro se presentó en la Corte de Distrito de Estados Unidos de Nevada contra el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) y el sindicato de la Asociación de Protección de la Policía local (PPA).

En Janus vs. la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), decidido por una votación de 5-4 en junio de 2018, la corte superior dictaminó que no se puede obligar a los empleados del sector público a pagar cuotas sindicales en forma de honorarios sin que se les dé la oportunidad de consentir o rechazar la deducción

DePierro señaló en su demanda que el acuerdo de negociación de monopolio del departamento con el sindicato solo permitía un plazo de 20 días para solicitar reembolsos de honorarios de la agencia y que, en primer lugar, nunca había aceptado la deducción.

Los defensores del derecho al trabajo vitorearon a Janus como una decisión histórica que llevaría a millones de empleados en todos los niveles del gobierno a exigir el fin de cientos de millones de dólares en honorarios de agencias que ayudaron a financiar actividades políticas sindicales partidistas con las que no estaban de acuerdo.

Sin embargo, los datos compilados por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo sobre la afiliación sindical mostraron pocos cambios de 2018 a 2019 en el periodo inmediatamente posterior a Janus.

Hubo una pequeña caída en la afiliación a sindicatos de empleados del gobierno local, pero los totales para los sectores estatal y federal aumentaron ligeramente. “Sin embargo, el empleo en el sector público disminuyó casi al mismo ritmo, por lo que la proporción de trabajadores del sector público representados por un sindicato se mantuvo estable en un 37.2 %”, según el Instituto de Política Económica (EPI), un grupo de expertos asociado con organizaciones laborales.

La demanda de DePierro es una de las muchas presentadas desde junio de 2018 por abogados de la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo (NRTWLDF) que buscan la ejecución de la decisión de Janus. Fueron los abogados de NRTWLDF quienes ganaron la decisión de Janus.

Sin embargo, lograr una solución firme sobre la afiliación sindical se complica aún más por el hecho de que “los datos de BLS no proporcionan ninguna información sobre si los trabajadores están pagando cuotas equitativas, simplemente si son miembros de un sindicato o están representados por un sindicato”, dijo la directora de Políticas de EPI, Heidi Shierholz, a The Epoch Times el lunes.

“Como resultado, es difícil determinar el impacto de Janus a partir de los datos de BLS. Sin embargo, una cosa que está clara es que los sindicatos del sector público no han visto una disminución inusual en el número de miembros desde la decisión de Janus”.

“En lugar de respetar sus derechos de Janus de la Primera Enmienda, los jefes sindicales de la PPA han decidido seguir imponiéndole una política inconstitucional solo para mantener el dinero que tanto le costó ganar en sus arcas”, dijo el presidente de la NRTWLDF, Mark Mix, en un comunicado anunciando la demanda.

“La Corte Superior dejó perfectamente claro en [el caso] Janus que se requiere el consentimiento afirmativo de los empleados para que se produzca cualquier deducción de cuotas. Sin embargo, los jefes sindicales de la PPA claramente están violando esa norma aquí”, dijo Mix.

La prisa por las salidas del sindicato por parte de los trabajadores del sector público predicha por los defensores de Janus se ha retrasado porque “muchos estados no reconocen que los derechos afirmados por Janus no son autoejecutables”, dijo Steve Delie a The Epoch Times el lunes. Delie es director de política laboral en el Centro Mackinac de Políticas Públicas con sede en Michigan.

“Janus reconoció claramente que un sindicato debe obtener el consentimiento claro, voluntario y consciente de un empleado para cualquier deducción de su sueldo, pero no describió una estructura en particular que satisfaga esa norma”, dijo Delie.

“Como resultado, los estados han tenido que examinar la ley para desarrollar una solución adecuada. Ahora estamos comenzando a ver los resultados de ese proceso, y es probable que otros estados sigan su ejemplo en un futuro cercano”, agregó.

Los funcionarios de Michigan, Alaska, Indiana y Texas están avanzando en sus reexaminaciones, dijo Delie. Michigan es especialmente importante debido a que él destacó en una columna de opinión reciente del The Wall Street Journal, más de 8000 de los 34,000 trabajadores públicos del estado se negaron a pagar las cuotas sindicales.

“Si más estados siguen el ejemplo de Michigan y adoptan requisitos de consentimiento de deducción de cuotas anuales, ese éxodo podría acelerarse y los ingresos sindicales podrían caer en picada”, escribió Delie.

“La Asociación Nacional de Educación (NEA) —el sindicato gubernamental más grande de la nación— proyecta una disminución de 128,410 miembros en los próximos dos años, después de perder 103,176 miembros que pagan cuotas y matrículas desde Janus”, continuó. La NEA ha realizado casi 13 millones de dólares en contribuciones de campaña hasta ahora en 2020.

Hasta la fecha, en la campaña de 2020, los sindicatos gubernamentales han contribuido con más de 11 millones de dólares a los demócratas, o el 87 % de sus donaciones políticas totales, según opensecrets.org. Esas cifras no incluyen las contribuciones no monetarias que los sindicatos hacen habitualmente a las campañas demócratas.

El ritmo al que otros estados despejan el camino para el reconocimiento de Janus es probable que esté fuertemente influenciado por las múltiples demandas del NRTWLDF, especialmente aquellas como la de DePierro que apunta a “períodos escaparate”.

Una semana antes de la presentación de DePierro, los abogados de NRTWLDF emitieron un aviso especial a más de 28,000 empleados del estado de Ohio advirtiéndoles de su derecho a no pagar los honorarios de la agencia. El aviso fue parte de un acuerdo de la demanda de la fundación contra el gobierno estatal y la Asociación de Empleados del Servicio Civil de Ohio, AFSCME Local 11 (OCSEA).

Hay otras demandas Janus que actualmente están en trámite en las cortes son las acciones de la NRTWLDF contra el Sindicato de Maestros de Chicago, la Asociación de Empleados del Estado de Alaska (ASEA), los Maestros Unidos de Los Ángeles (UTLA), Sindicato Internacional de Empleados de Servicio de California (SEIU), la Universidad Profesional y el sindicato de Empleados Técnicos (UPTE) y la Universidad de California, y los sindicatos de Asociación de Educación del Municipio de Oceanía (TOEA), la Asociación de Educación de Nueva Jersey (NJEA) y la Asociación Nacional de Educación (NEA). La última demanda ha llegado a una corte federal de apelaciones.

Póngase en contacto con Mark Tapscott en Mark.Tapscott@epochtimes.nyc


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