Gdor. de Nebraska prohíbe a agencias estatales aplicar órdenes de vacunación contra COVID-19 de Biden

Por Tom Ozimek
30 de Octubre de 2021 12:36 PM Actualizado: 30 de Octubre de 2021 12:36 PM

El gobernador de Nebraska, el republicano Pete Ricketts, ha firmado una orden ejecutiva por la que se prohíbe a los organismos estatales aplicar la orden de vacunación contra el COVID-19 del presidente Joe Biden a los empleados estatales

“La orden de vacunación contra el coronavirus del presidente Biden es una asombrosa violación de la libertad personal y un abuso del poder del gobierno federal”, dijo Ricketts en una declaración del 29 de octubre.

Aunque Ricketts animó a los residentes de Nebraska a vacunarse contra el COVID-19, insistió en que es una decisión de salud personal y “no una que deba ser coaccionada”.

“Ya hemos tomado la decisión de que los compañero de trabajo del estado de Nebraska no sean obligados a aplicarse la vacuna. Esta orden da el siguiente paso y prohíbe a los organismos estatales del gabinete cumplir con las órdenes de vacunación contra el coronavirus del gobierno federal o de otras partes”, añadió Ricketts.

Nebraska también está involucrado en una demanda, presentada en un tribunal federal de distrito en Misuri con otros nueve estados, contra la orden de vacunación de la Administración Biden.

Orden de la OSHA

En septiembre, el presidente Joe Biden anunció que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo elaboraría una norma de emergencia para una orden de vacunación con una opción de pruebas semanales para las empresas con 100 o más empleados. Se estima que la orden, que sigue siendo revisada, abarcaría unos dos tercios de los empleados del sector privado.

El Departamento de Trabajo envió posteriormente el texto de una norma temporal de emergencia a la Oficina de Gestión y Presupuesto para su revisión, aunque ni la OSHA ni la Casa Blanca han proporcionado un plazo concreto sobre cuándo entraría en vigor la norma de emergencia para las empresas privadas.

Varios grupos empresariales han pedido a Biden que anule la norma o la posponga hasta el final de la ajetreada temporada de compras navideñas, citando la preocupación de que la orden pueda incitar a los trabajadores a renunciar, exacerbando la escasez de mano de obra y empeorando la crisis de la cadena de suministro.

Aunque la orden sigue siendo revisada, el coordinador del equipo de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo a los periodistas a principios de esta semana que cree que se aplicará pronto.

“La norma se finalizará pronto, pero sabemos que las empresas ya están actuando”, dijo Zients en una sesión informativa el 27 de octubre.

Por otra parte, Biden emitió el 9 de septiembre una orden ejecutiva de gran alcance que exige a casi todos los empleados federales la vacuna contra el COVID-19 como condición para el empleo, incluidos los empleados federales civiles y los contratistas. La orden entrará en vigor el 8 de diciembre y, aunque no se puede elegir las pruebas de COVID-19 en lugar de la vacuna, se pueden conceder exenciones religiosas o médicas de la vacunación, según la orden.

Diecinueve estados han demandado al gobierno de Biden por la orden de vacunación de los empleados federales, argumentando que viola la ley federal de adquisiciones y es una extralimitación del poder federal. Los estados también argumentan que la orden viola la 10ª Enmienda que separa el poder entre los gobiernos federal y estatal; utiliza el gasto federal para coaccionar a los estados, lo que es inconstitucional; y no permitió adecuadamente 60 días de comentarios públicos.

El gobierno de Biden no respondió a las numerosas solicitudes de comentarios.

Ricketts, en su orden ejecutiva (pdf), apuntó al conjunto de las órdenes de la Administración Biden, diciendo que “demuestran una extralimitación masiva por parte del gobierno federal, son legalmente sospechosas, y no deben, de ninguna manera, ser interpretadas para transmitirse a través de cualquier contrato de la agencia del gobierno estatal o de las empresas con las que el gobierno estatal celebra contratos”.

La orden prohíbe a cualquier agencia del poder ejecutivo del gabinete celebrar contratos o firmar memorandos de entendimiento que impongan órdenes de la vacuna contra el COVID-19.

Su orden, que entra en vigor inmediatamente, también anima a todas las demás agencias del poder ejecutivo a seguir su ejemplo.

Con información de Mimi Nguyen-Ly.


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