Genocidio chino: el cierre de la causa contradice la política argentina, dice experto

23 de Septiembre de 2010
Actualizado: 24 de Abril de 2015

Mientras avanza en Argentina una causa de jurisdicción universal por los crímenes de lesa humanidad del franquismo en España, un especialista de Aministía Internacional criticó la afectación de presiones de la Embajada China a la Justicia para dejar sin efecto otra causa similar contra ex jerarcas del partido comunista chino.

La declaración tuvo lugar en un seminario de conmemoración por el 25º aniversario del juicio a las juntas militares, realizado el 9 de agosto pasado en el Congreso Nacional de Argentina, en presencia del fiscal penal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello y la jueza de la Corte Penal Internacional, Silvia Fernández de Gurmendi, entre otros juristas y políticos nacionales.

Luego de los discursos de estos juristas y abogados de renombre sobre la importancia de luchar judicialmente contra la impunidad de crímenes que agravian a la humanidad, el disertante Hugo Relva, experto de Amnistía Internacional en Derecho Internacional, se mostró sorprendido por cómo la justicia de este mismo país habra cedido a presiones políticas y cerrado una causa en la que se acusa a ex jerarcas chinos por crímenes de genocidio y tortura.

“Cuando se inicia en Argentina un proceso judicial de jurisdicción internacional como ocurrió hace unos años atrás con el caso de Luo Gan, de repente –una causa judicial abierta contra el (ex líder del partido comunista chino) Jiang Zemin  por la persecución al grupo Falun Gong–, extrañamente queda desestimada, luego de una nota verbal presentada por la embajada china que yo he podido leer y que es sencillamente un reconocimiento de una práctica lindante con el genocidio o los crímenes de lesa humanidad”, dijo el Dr. Hugo Relva.

La causa judicial en cuestión, que se encuentra en proceso de apelación, es por el genocidio contra 100 millones de practicantes de Falun Gong en China. Fue aceptada a principios de 2005 en el Juzgado Federal nº 9 de Argentina por el entonces Juez Octavio Araoz de Lamadrid. Luego pasó por cuatro años de investigación, con declaraciones de decenas detestigos que viajaron al país para dar su testimonio.

A fines de 2009, el mundo jurídico y político se conmocionó cuando el Juez Aráoz de Lamadrid decidió citar a indagatoria y pedir captura internacional para el ex líder del partido comunista chino Jiang Zemin y su mano derecha Luo Gan.

Sin embargo, la noticia no trascendió en los medios argentinos y fue quitada rápidamente de los sitios de Internet de varios de los principales medios de comunicación del mundo.

Inmediatamente, una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de la R.P. China hizo declaraciones públicas instando a los dirigentes argentinos a que “traten correctamente” el caso, haciendo alusión a la salubridad de las relaciones bilaterales.

La embajada de la R.P. China emitió cartas a la Presidencia Argentina, al entonces Canciller Taiana, a los ministros de la Corte Suprema y a otros funcionarios difamando a la disciplina Falun Gong y demandando que cerraran cualquier causa judicial contra ex funcionarios chinos.

Dias después durante la feria judicial, el juez de Feria Canicoba Corral revocó la citación a indagatoria y el pedido de captura a pocas horas de iniciar su breve suplencia. Y en febrero, otro juez interino, Julián Ercolini, archivó la causa.

“Siempre me llamó la atención la renuencia en primer lugar de la fiscalía en mi país, en la Argentina, para tomar el caso con seriedad y averiguar y adoptar todas las medidas necesarias para investigar la acusación que se ha formulado contra Jiang Zemin y Luo Gan por la persecución al grupo Falun Gong. El cierre abrupto y la desestimación de esta causa judicial en mi país ha sido poco menos que inexplicable y eso llama la atención a mi organización. Por eso hemos hecho referencia hoy en este debate”, dijo el Dr. Relva en su discurso.

El abogado expresó su disconformidad respecto de lo que percibe como un “doble estándar” que ha manifestado la justicia argentina.

“Es una pena que un estado como Argentina, que tiene un cierto rol de liderazgo en algunas materias de derechos humanos, no ponga el mismo ahínco, el mismo hincapié en juzgar a los responsables de estos crímenes cuando ellos son de nacionalidad china. Parece que hubiera, de alguna manera, un doble juego, un doble estándar en el juzgamiento de estos casos”, dijo Relva.

En su discurso, el experto de Amnistía Internacional dio a entender que ejercer la jurisdicción universal es una deuda para la justicia argentina y es el camino para luchar contra los crímenes de lesa humanidad.

“Los derechos humanos no pertenecen a los nacionales de un Estado. Los derechos humanos son una causa universal. Nosotros, los argentinos, nos vimos favorecidos por las causas judiciales abiertas en España en base a la jurisdicción universal. Los abogados y jueces de allí no repararon en la nacionalidad de las víctimas, y creo que esa misma vía, ese mismo razonamiento es válido aquí y en muchos otros países. Creo que es el camino que habría que seguir”.

Y es el camino que están reclamando alrededor de 100 millones de practicantes de Falun Dafa que son víctimas de genocidio en China y que, según la demanda, no tienen acceso a la justicia en su país porque esta opera bajo la dictadura gobernante que los persigue.

Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una disciplina de meditación, ejercicios físicos y cultivación espiritual con enseñanzas basadas en los principios de Verdad-Benevolencia-Tolerancia. Según informes de Naciones Unidas y organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, cientos de miles de practicantes han sido arrestados ilegalmente, torturados y asesinados desde que el régimen comenzó a perseguir al grupo en julio de 1999.

El cierre de la causa judicial en Argentína se encuentra en proceso de apelación. La decisión  ahora recae sobre la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, a cargo de los magistrados Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah.

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