Grupo de profesionales de salud de Alabama detiene orden de vacunación contra COVID-19 a su personal

Por Li Hai
21 de septiembre de 2021 7:55 PM Actualizado: 21 de septiembre de 2021 7:55 PM

Un grupo de profesionales de la salud de Alabama suspendió su plan de exigir vacunas contra COVID-19 para su personal, diciendo que debe seguir la ley y esperar una guía federal detallada.

Ante la amenaza de una demanda, el Sistema de Salud de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) anunció que dejó de exigirle a los trabajadores de la salud que se vacunen contra el COVID-19, una enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).

“El presidente [Joe] Biden emitió una orden ejecutiva el 9 de septiembre indicando que se emitirán normas y regulaciones federales en las próximas semanas que exigirán vacunación contra COVID para los trabajadores en los centros de salud que reciben dólares de Medicare o Medicaid. Debido a que el Sistema de Salud de la UAB debe seguir la ley federal, el Sistema de Salud de la UAB eliminará su política de vacunas en este momento», dijo Sarah Nafziger, MD, vicepresidenta senior de Medicina de la UAB, en un comunicado emitido el 17 de septiembre.

«El Sistema de Salud de la UAB esperará la orientación federal detallada para desarrollar una política de vacunación de reemplazo a fin de garantizar el pleno cumplimiento de la ley federal», agregó Nafziger.

En agosto, Nafziger anunció que los empleados del Sistema de Salud de la UAB y las personas que trabajan en su hospital y clínicas debían estar completamente vacunados antes del 12 de noviembre.

Siendo uno de los empleadores más grandes de Alabama, UAB Health System emplea directamente a más de 20,000 personas, combinadas a tiempo completo y parcial.

Una firma de abogados conservadora de interés público, Alabama Center for Law and Liberty (ACLL), exigió al grupo de profesionales de la salud detener la orden de vacunación contra COVID-19 y amenazó con entablar una demanda si no lo hacía.

“Como ha reconocido la Corte Suprema de Alabama, el Hospital UAB es un hospital estatal. En consecuencia, el Hospital de la UAB no puede exigir a sus empleados que revelen si han sido vacunados o no”, dijo el presidente de ACLL, Matthew Clark, en una carta (pdf) enviada al Sistema de Salud de la UAB el 10 de septiembre, diciendo que la nueva ley de Alabama prohíbe que las entidades estatales exijan la vacuna.

En mayo, la gobernadora republicana de Alabama Kay Ivey, promulgó el Proyecto de Ley del Senado 267 (pdf), prohibiendo a las entidades estatales exigir la vacunación o prueba de vacunación como condición para recibir cualquier servicio del gobierno o para ingresar a un edificio gubernamental.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, promulga una ley para prohibir los pasaportes de vacunas, el 24 de mayo de 2021. (Cortesía de la oficina de la gobernadora Kay Ivey)

“Si el Hospital UAB continúa con este curso de acción, entonces ACLL presentará una demanda por medidas cautelares antes del plazo del 21 de septiembre”, continuó Clark.

A inicios de este mes, el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, advirtió a los proveedores de servicios médicos en el estado que dejen de usar «inmediatamente» el registro de vacunación estatal, conocido como ImmPRINT, para determinar el estatus de vacunación de los empleados.

«No hacerlo puede resultar en un proceso penal», dijo Marshall en un comunicado.

El 16 de septiembre, Marshall se unió a otros 23 fiscales generales, exigiendo oficialmente a Biden que abandonara su orden de vacunación propuesto o enfrentaría una demanda.

Biden anunció el 9 de septiembre que planeaba ordenar al Departamento de Trabajo que desarrollara una norma, obligando a las empresas con más de 100 empleados a exigir vacunas o pruebas semanales para sus trabajadores.

Clark elogió al Sistema de Salud de la UAB luego de que rescindió de la orden.

“Reconocemos que el COVID-19 es peligroso y no deseamos desalentar a la UAB y sus afiliados de tomar medidas razonables para mantener a las personas seguras”, dijo Clark en un comunicado. «Pero dado que aún se desconocen los efectos a largo plazo de las vacunas, el estado de Alabama ha decidido que usar el poder del gobierno para obligar a las personas a vacunarse contra su voluntad no es una opción legítima».


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