El grupo Defending the Republic (Defendiendo la República) de Sidney Powell presentó una demanda contra el Departamento de Defensa (DOD) por su reglamento de vacunación para COVID-19.
La semana pasada, el DOD anunció que sus empleados tendrían hasta principios de noviembre para recibir ambas vacunas anti-COVID, según un memorando. El anuncio estipula que los empleados deben estar completamente vacunados antes del 22 de noviembre, pero las personas no se consideran completamente inoculadas hasta dos semanas después de haber recibido ambas dosis o una sola dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Semanas antes de eso, el Pentágono ordenó vacunas para todos los miembros militares.
Defendiendo la República, en un comunicado de prensa, dijo que presentó la demanda en nombre de 16 miembros del servicio activo en un intento por anular el reglamento «inconstitucional e ilegal». La demanda legal también nombra al secretario de Defensa Lloyd Austin, al secretario de Salud y Servicios Humanos Xavier Becerra y a la comisionada interina de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Janet Woodcock, como acusados.
Los demandantes incluyen a “aquellos con inmunidad natural al COVID-19, las mujeres que desean quedar embarazadas o las personas que tienen condiciones médicas para las cuales no hay datos de ensayos clínicos disponibles. Los afectados por el reglamento pueden recibir un castigo severo, que incluye el despido deshonroso, la pérdida de sus derechos constitucionales y un potencial encarcelamiento” si no reciben las vacunas, dijo Defendiendo la República. El nombre de Powell no figuraba en los documentos judiciales.
La demanda no es la primera que se presenta contra el reciente decreto firmado por el gobierno federal con respecto a las vacunas.
A fines del mes pasado, un grupo de empleados federales demandó a la administración Biden y le pidió a un tribunal que declarara ilegal la orden ejecutiva del presidente Joe Biden dirigida a empleados y contratistas federales.
Los abogados de esos demandantes argumentaron que los miembros de la fe cristiana deben «rechazar una intervención médica, incluida una vacuna, si su conciencia informada llega a este juicio seguro», y agregaron además que «la inmunidad adquirida naturalmente brinda mayor protección que las vacunas».
Uno de los demandantes fue identificado como el agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, Lionel Klein. Debido a que Klein ya había contraído COVID-19 y se recuperó, los abogados dijeron que ahora posee suficientes anticuerpos para protegerse contra futuras dosis y no necesita la vacuna.
En el mismo discurso que anunció el decreto de vacunación el 9 de septiembre, Biden también dijo que ordenaría a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que creara una regla para multar a las empresas privadas con 100 o más empleados si no obligan a sus empleados a someterse a la vacunación o a pruebas semanales. Hasta ahora, se han publicado pocos detalles, incluido un cronograma sobre la regla de OSHA.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.
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