Identificación de votantes es un punto conflictivo en reforma electoral de Pensilvania

Por Beth Brelje
24 de Junio de 2021 7:21 PM Actualizado: 24 de Junio de 2021 7:21 PM

Un proyecto de ley de reforma electoral, que avanza rápidamente en la Asamblea General de Pensilvania, liderada por los republicanos, exigiría que los votantes se identifiquen e impondría fuertes multas por la manipulación de las elecciones.

Pero el gobernador demócrata de Pensilvania, Tom Wolf, ha prometido vetar la Ley de Protección del Derecho al Voto, que la Cámara de Representantes del estado aprobó el martes y el Comité Gubernamental del Senado el miércoles. Ahora pasa al pleno del Senado estatal, donde se espera que se apruebe el viernes o el sábado.

El proyecto de ley 1300 de la Cámara de Representantes es el resultado de 10 audiencias públicas legislativas en las que se interrogó al Departamento de Estado de Pensilvania y a funcionarios electorales tanto locales como de otros estados sobre los fallos del sistema.

Según el patrocinador del proyecto de ley, el representante estatal republicano Seth Grove, su objetivo es mejorar el acceso para los votantes, aumentar la seguridad y modernizar el Código Electoral de Pensilvania de 1937. También hace retroceder algunos cambios realizados en el código en 2019.

El proyecto de ley requeriría que los votantes muestren una identificación con foto impresa que tenga fecha de vigencia y su nombre, similar a como aparece en el registro de votación del distrito.

Los legisladores demócratas rechazan este requisito. El senador Sharif Street calificó el requisito de excesivo, señalando que su propia identificación con foto del Senado estatal no funcionaría en las urnas porque no tiene fecha de vencimiento.

La senadora demócrata Katie Muth cuestionó a Grove sobre la reducción del tiempo de votación anticipada.

“¿Existe la preocupación de limitar el acceso de la gente a las urnas considerando que el tiempo se ha acortado?” preguntó Muth durante el debate de la Comisión de Gobierno del Estado. “¿Son ustedes conscientes de las preocupaciones de la gente de la clase trabajadora, y también de la gente de color que tiene horarios de trabajo que pueden limitarles el acceso (a las opciones de votar) si trabajan el fin de semana? No todo el mundo trabaja de 9 a 5 y no todo el mundo tiene acceso al transporte. ¿Le preocupa que esto impida que la gente de color tenga acceso al voto?”

Según el plan propuesto, el voto anticipado en persona comenzaría el viernes anterior a la jornada electoral y continuaría durante el fin de semana, más el lunes y el tradicional martes de las elecciones. Las urnas estarían abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. todos los días y los votos por correo serían otra opción.

“Creo que hay muchas oportunidades para una persona que quiere votar, que hace de su prioridad salir y votar a través de los múltiples métodos que tenemos ahora”, respondió Grove a Muth.

El proyecto de ley retrasa el plazo de inscripción de los votantes de 15 a 30 días antes de las elecciones, establece una oficina estatal de auditorías electorales, permite el escrutinio previo de las papeletas de voto enviadas por correo, y facilita a los votantes de edad avanzada y discapacitados ser colocados al frente de la fila o el voto en la acera para que puedan permanecer en su coche.

También introduce multas más severas y posibles penas de prisión más largas para la manipulación electoral, incluyendo 30,000 dólares, hasta 14 años de prisión y una condena por delito grave para los funcionarios electorales que permitan votar a los votantes no registrados o que desafíen o se nieguen a permitir que voten los votantes cualificados.

La pena es la misma para cualquier juez, secretario electoral o inspector de máquinas que haga una declaración falsa de los votos emitidos, deposite papeletas fraudulentas en la urna o certifique como correcta una devolución de papeletas que se sabe que son fraudulentas.

Desplegar o curiosear en las papeletas para ver cómo están marcadas antes de depositarlas en la urna se castiga con una multa de 1000 dólares y posiblemente con dos años de prisión.

Los funcionarios electorales que se retrasen en el cumplimiento de sus funciones, bloqueen la puerta de un centro de votación o manipulen la lista de registro de votantes también se enfrentarían a multas, junto con los votantes que voten en el distrito equivocado o que voten más de una vez en unas elecciones. Muchas de estas normas no son nuevas, pero las multas se han duplicado.

El proyecto de ley añade una sección detallada sobre la responsabilidad de los proveedores de sistemas de votación, exigiéndoles que revelen y reparen cualquier fallo en sus sistemas, y da instrucciones al Departamento de Estado para que investigue los posibles defectos.

“Según lo que me cuentan las personas a las que represento, podemos hacer un mejor trabajo en el desarrollo de nuestras elecciones”, dijo el senador estatal de Pensilvania David Argall, presidente republicano de la Comisión Gubernamental del Estado, en una conversación telefónica con The Epoch Times. “En las últimas elecciones se tardó demasiado en contar las papeletas y no es culpa de la gente local que trabaja en el juzgado. Es una mala interpretación de la Ley 77 por parte del Departamento de Estado y la Corte Suprema del estado”.

La Ley 77, firmada por Wolf en 2019, creó una nueva opción para votar por correo sin proporcionar una excusa, que había sido requerida para los votantes que usaban las boletas de ausente. También permitió un período de votación por correo de 50 días, el período de voto por correo más largo del país; amplió la fecha límite para registrarse para votar de 15 días a 30 días antes de una elección; y amplió los plazos de solicitud de voto por correo y en ausencia desde el viernes anterior a una elección hasta las 8 p.m. del día de las elecciones.

Después de las elecciones presidenciales de 2020, los republicanos del estado pidieron al Tribunal Supremo de Pensilvania que declarara inconstitucional el voto universal por correo y que desechara los 2.5 millones de papeletas emitidas por correo. El tribunal, de tendencia demócrata, desestimó el caso, diciendo que los republicanos esperaron demasiado tiempo para impugnar la ley de 2019. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar el caso.

A la oficina de Wolf se le preguntó el miércoles si apoyaría el proyecto de ley si se eliminara la identificación de los votantes, y qué cambios ganarían su apoyo. La oficina no respondió a tiempo para este reporte. Pero Wolf envió un tuit el martes.

“Yo también quiero una reforma electoral. Pero el proyecto de ley 1300 de la Cámara de Representantes no lo es. Los legisladores que están detrás de este proyecto de ley son los mismos que pidieron al Congreso que desechara los votos de PA y cuyas mentiras contribuyeron directamente a la insurrección del 6 de enero. Voy a vetar este proyecto de ley si llega a mi escritorio en su forma actual”, decía el tuit de Wolf.

Además de este proyecto de ley, los republicanos del Senado están trabajando en una medida para cambiar la Constitución del estado para requerir la identificación del votante al votar. Debe ser aprobada en dos sesiones consecutivas de la Asamblea General y luego colocada en la boleta electoral del estado para que los votantes decidan si quieren hacer ese cambio. Lo más pronto que la pregunta llegaría a los votantes es en 2023.


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