La administración del presidente Joe Biden anunció el martes su próxima revisión del programa federal de petróleo y gas, en virtud de la orden ejecutiva del presidente.
El Departamento del Interior dijo que organizará un foro el 25 de marzo en el que participarán representantes de la industria, organizaciones sindicales y de justicia ambiental, defensores de los recursos naturales y otros expertos.
«El programa federal de petróleo y gas no está sirviendo bien al público estadounidense. Ha llegado el momento de estudiar detenidamente la mejor manera de gestionar los recursos naturales de nuestro país teniendo en cuenta a las generaciones actuales y futuras», dijo en un comunicado Laura Daniel-Davis, subsecretaria principal de gestión de tierras y minerales.
«Este foro ayudará a informar sobre las acciones a corto plazo del Departamento para restablecer el equilibrio en las tierras y aguas de Estados Unidos y para poner los programas de energía de nuestras tierras públicas en una base más sólida y sostenible de conservación, fiscal y climática», añadió.
Los funcionarios utilizarán la información del foro en un informe provisional que el departamento espera publicar el próximo verano, en el que se esbozarán los próximos pasos y recomendaciones para «mejorar la administración de las tierras y aguas públicas, crear puestos de trabajo y construir un futuro energético justo y equitativo», según la agencia.
Biden firmó en enero una orden relativa al cambio climático que, entre otras directivas, ordena al Departamento de Interior que suspenda todos los nuevos arrendamientos de petróleo y gas natural en tierras públicas y en aguas cercanas a la costa hasta que se complete una revisión.
Los funcionarios deberán reconsiderar las prácticas federales de concesión de permisos y de arrendamiento de petróleo y gas, según la orden, que decía: «Al realizar este análisis, y en la medida en que sea coherente con la legislación aplicable, el secretario del Interior deberá considerar la posibilidad de ajustar las regalías asociadas a los recursos de carbón, petróleo y gas extraídos de las tierras públicas y de las aguas cercanas a la costa, o tomar otras medidas apropiadas, para tener en cuenta los costes climáticos correspondientes».
El 20 de enero, el secretario interino del Interior, Scott de la Vega, ordenó a los funcionarios locales que dejaran de conceder contratos de arrendamiento de petróleo y gas, y el mes pasado la administración detuvo las primeras ventas de arrendamiento de petróleo y gas del año para cumplir el mandato.
Al anunciar la orden, Biden dijo que Estados Unidos y el mundo «se enfrentan a una profunda crisis climática», y añadió: «Tenemos un estrecho margen de tiempo para emprender acciones en el país y en el extranjero con el fin de evitar los impactos más catastróficos de esa crisis y aprovechar la oportunidad que supone abordar el cambio climático».
Los expertos señalaron a The Epoch Times que estas políticas podrían hacer subir aún más los precios de la gasolina, que están subiendo sobre todo por la demanda.
Los legisladores de ambos partidos, por su parte, han dicho que los esfuerzos de Biden están perjudicando a las empresas de varios estados, como Nuevo Mexico.
Si los retrasos en la concesión de permisos continúan, un grupo bipartidista de miembros de la Cámara escribió a de la Vega la semana pasada, entonces «las operaciones existentes podrían verse obligadas a cerrar. Eso haría que el departamento violara la legislación vigente al apropiarse ilegalmente de los derechos de propiedad, dijeron los legisladores, que le instaron a restablecer la autoridad de decisión para conceder los permisos a los expertos de las agencias locales.
Otros legisladores, sin embargo, han presentado proyectos de ley que reformarían los arrendamientos de petróleo y gas. La comisión de recursos naturales de la Cámara de Representantes celebró el martes una audiencia para debatir los proyectos de ley, entre ellos uno de la representante Katie Porter (D-Calif.) que elevaría las regalías, las tasas de arrendamiento, las tarifas de inspección y las sanciones a las empresas petroleras y de gas que extraigan cualquier recurso de las tierras públicas.
«Las tierras públicas son un tesoro nacional colectivo que pertenece al pueblo estadounidense —los contaminadores que quieren extraer energía en estas tierras deben a los contribuyentes un precio justo», dijo Porter en una declaración del 2 de marzo. «No hemos subido la tasa de alquiler para la minería en tierras públicas desde que yo estaba en la escuela secundaria, y hemos estado cobrando a las empresas de petróleo y gas la misma tasa de regalías durante más de 100 años. Mi Ley para Acabar con el Subsidio de los Contribuyentes para las Compañías de Petróleo y Gas protegería a los contribuyentes y daría a estos precios una actualización que debería haberse producido hace décadas».
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