La Corte Suprema parece dispuesta a aceptar las demandas de integridad electoral de Arizona

Por Matthew Vadum
02 de Marzo de 2021
Actualizado: 03 de Marzo de 2021

El 2 de marzo, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, instó al Tribunal Supremo a afirmar que las leyes de integridad electoral de su estado son compatibles con la Ley federal de Derecho al Voto y deben ser confirmadas.

El caso que argumentó el principal fiscal de Arizona es en realidad dos casos consolidados: Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata (DNC) y el Partido Republicano de Arizona contra el DNC.

El 22 de febrero, el Tribunal Supremo desestimó una serie de impugnaciones legales iniciadas por los republicanos contra los procesos y resultados de las votaciones en Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin que quedaron pendientes del ciclo electoral de 2020. Y el 1 de marzo, el tribunal desestimó una impugnación electoral de Arizona, In Re Tyler Bowyer, y otra de Wisconsin, In Re William Feehan, que fueron presentadas el 15 de diciembre por la abogada pro-Trump Sidney Powell.

Los argumentos orales en el caso de Brnovich ante la Corte Suprema se produjeron días después de que un juez de Arizona dictaminara en un caso separado que los legisladores estatales tienen derecho a acceder a 2.1 millones de boletas electorales emitidas en el condado más poblado del estado, el condado de Maricopa, y a los materiales electrónicos relacionados con el fin de llevar a cabo una auditoría de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, como reportó previamente The Epoch Times.

El 2 de octubre, la Suprema Corte aceptó escuchar el caso en cuestión, que se refiere a los esfuerzos que, según los republicanos, socavarían las medidas de integridad electoral y abrirían al Estado del Gran Cañón a la recolección de boletas y a la votación fuera de los distritos electorales.

Comprender lo que pretendían los autores de la Constitución

“Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que queremos tener confianza en nuestro sistema electoral”, dijo Brnovich, el fiscal general republicano del estado, en una entrevista en exclusiva con The Epoch Times días antes de su comparecencia ante el Tribunal Supremo, en la que compartió su opinión sobre el próximo argumento oral en el alto tribunal y las medidas de integridad electoral en general.

“Queremos elecciones ordenadas”, dijo, y añadió que era optimista en cuanto a que la comparecencia ante el tribunal ayudaría a generar un impulso para las medidas de integridad electoral en todo el país.

Es necesario que un mayor número de estadounidenses participe activamente en la defensa de la base de la nación y de las instituciones que surgieron de ella, dijo.

Hay una cierta porción de pensamiento del establishment que “solo quiere seguir adelante para seguir adelante (…) [pero] lo que está en juego ahora mismo en este país es tan alto que necesitamos defensores que entiendan lo que los creadores de nuestra Constitución establecieron aquí en este país”.

Hay una “necesidad de comprender las nociones tradicionales de federalismo y de entender que la Constitución trata de proteger los derechos, y que se supone que el gobierno es limitado y sus poderes están definidos”.

Prohibir la recolección ilimitada de papeletas por parte de terceros es una forma “de sentido común” de proteger el voto secreto y evitar la influencia indebida, el fraude electoral, la manipulación de papeletas y la intimidación de los votantes, dijo Brnovich.

“Hemos visto en el pasado cómo la gente ha utilizado la recolección de papeletas para socavar la integridad de las elecciones. También sabemos que nadie menos que Jimmy Carter recomendó en 2005 que se adoptaran medidas de sentido común en relación con la recolección de papeletas, ya que los votos por correo eran una de las mayores fuentes de fraude potencial”, dijo.

La Comisión bipartidista para la Reforma Electoral Federal, presidida por el expresidente Carter y el exsecretario de Estado James A. Baker III, concluyó que “los votos por correo siguen siendo la mayor fuente de fraude potencial para los votantes” y que “los esquemas de compra de votos son mucho más difíciles de detectar cuando los ciudadanos votan por correo”.

“Hubo un tiempo en el que este era un asunto bipartidista, en el que todas las partes podían estar de acuerdo en que queremos asegurarnos de que tenemos unas elecciones seguras, y ahora, por la razón que sea, se ha convertido en un asunto partidista”, dijo Brnovich. “Es lamentable, porque todo el mundo debería tener confianza en nuestras elecciones”.

“Creo que como funcionario público no hay mayor prioridad entre los funcionarios públicos que mantener la integridad pública de nuestras elecciones, por lo que queremos asegurarnos de que se impida a la gente votar varias veces, queremos proteger contra la intimidación de los votantes, queremos preservar el secreto del voto, y creo que eso es para lo que fueron diseñadas nuestras leyes”.

“Intento de discriminación”

Arizona, como otros estados, ha adoptado normas para promover el orden y la integridad de sus elecciones.

Una de ellas es la “política de fuera del distrito electoral”, que excluye los votos provisionales emitidos en persona el día de las elecciones fuera del distrito electoral designado por el votante. Otra es una “ley de recolección de boletas”, conocida como H.B. 2023, que permite que solo determinadas personas, como los miembros de la familia y del hogar, los cuidadores, los carteros y los funcionarios electorales, manipulen la boleta anticipada de otra persona. La mayoría de los estados exigen que los votantes voten en sus propios recintos, y unos 20 estados limitan la recolección de boletas por parte de terceros.

Un tribunal de distrito de Estados Unidos confirmó las normas de Arizona, que fueron impugnadas en virtud de la Ley de Derecho al Voto (VRA, por sus siglas en inglés). Hace quince días, el gobierno de Biden envió una carta al tribunal en la que parecía reconocer que las leyes impugnadas de Arizona eran compatibles con la VRA.

El artículo 2 de la VRA impide que los estados y las localidades impongan cualquier “calificación o prerrequisito para votar o norma, práctica o procedimiento (…) de manera que resulte en una negación o restricción del derecho de cualquier ciudadano de Estados Unidos a votar por motivos de raza o color”.

Un panel de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito ratificó al tribunal de primera instancia, pero luego lo revirtió en el pleno, yendo en contra de las recomendaciones de la Administración Trump.

“La política de Arizona de descartar totalmente, en lugar de contar o contar parcialmente, las boletas fuera de los precintos, y la criminalización de la H.B. 2023 de la recolección de la boleta de otra persona, tienen un impacto discriminatorio en los votantes indígenas americanos, hispanos y afroamericanos en Arizona, en violación de la ‘prueba de resultados’ de la Sección 2 de la VRA”, escribió el juez William A. Fletcher, designado por Clinton, para el tribunal.

La prohibición de la ley H.B. 2023 de recolectar la boleta electoral de otra persona “fue promulgada con intención discriminatoria, en violación de la ‘prueba de intención’ de la Sección 2 de la VRA y de la Decimoquinta Enmienda”.

Las leyes de Arizona en cuestión son injustas porque los votantes indígenas americanos, otras minorías, los inquilinos y los pobres están en desventaja porque tienen dificultades para recibir y enviar el correo, escribió Fletcher.

“Los votantes de las minorías dependen de la recolección de boletas de terceros por muchas razones”, agregó, citando el testimonio de un organizador comunitario. Ese tribunal suspendió su ejecución en espera de la apelación, permitiendo que las leyes de Arizona sigan en vigor para las elecciones de 2020.

Brnovich dijo en la entrevista que rechaza esas conclusiones del tribunal, que coincidían con los argumentos legales presentados por los demócratas.

“El estado de Arizona respalda sin reservas los objetivos de la Ley de Derecho al Voto en materia de discriminación racial y voto”, dijo.

“Nuestras leyes no violan la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto”.

Pero los republicanos, añadió Brnovich, han sido acusados falsamente de racismo durante mucho tiempo.

“Acusar a alguien de racismo es el último recurso de una mente agotada”, dijo. “Por desgracia, hoy en día hay demasiada gente intelectualmente perezosa en la izquierda y a eso recurren”.

Argumentos orales

La Corte Suprema asignó 60 minutos a los argumentos orales, pero utilizó 114 el 2 de marzo.

“Arizona no ha negado a nadie la oportunidad de votar de ninguna manera”, dijo Michael Carvin, abogado del Partido Republicano de Arizona.

Ninguna prueba de alfabetización niega el derecho al voto y no hay “una reducción de votos donde la votación del bloque blanco niegue a las minorías la misma oportunidad de elegir. Todo el mundo aquí es elegible y está registrado para votar. Todo lo que tienen que hacer es utilizar las innumerables oportunidades que Arizona les ha ofrecido durante 27 días para votar por correo de forma gratuita o en persona. Y como no hay negación de oportunidades, esta es una reclamación de impacto desigual que ni siquiera sería conocible en otros contextos”.

La jueza Sonia Sotomayor sugirió a Carvin que ser pobre es en sí mismo una violación del derecho al voto de una persona.

“Si no puedes votar porque eres un nativo americano o un no-hispano en áreas donde las tasas de propiedad de automóviles son muy pequeñas, donde no tienes recolección de correo o entrega de correo, donde tu oficina de correos está en las afueras de la ciudad y por lo que requieres ya sea de un pariente para recoger tu voto, o si se equivoca de distrito electoral porque su área particular tiene una confusión de asignación de distritos, si no puede votar por esas razones y no se cuenta su voto, se le ha negado el derecho a votar, ¿no es así?”.

Más tarde, respondiendo al juez Neil Gorsuch, Carvin dijo, “si los factores socioeconómicos conducen a la subutilización de las minorías, eso no es un factor justiciable bajo la Sección 2 porque tiene que ser la práctica de la votación que causa la merma de oportunidades”.

La jueza Amy Coney Barrett sugirió a Jessica Amunson, abogada de la secretaria de Estado demócrata de Arizona, Katie Hobbs, que se necesitaba una norma jurídica clara.

“Todas las normas electorales van a facilitar el voto para unos que para otros”, dijo la jueza.

Barrett preguntó a Carvin: “¿Cuál es el interés del RNC de Arizona en mantener, por ejemplo, las normas de descalificación de las papeletas de voto fuera de los distritos electorales?”.

Respondió: “Porque nos pone en desventaja competitiva con respecto a los demócratas. La política es un juego de suma cero, y cada voto extra que consiguen mediante interpretaciones ilegales de la Sección 2 nos perjudica. Es la diferencia entre ganar unas elecciones por 50 a 49 y perderlas”.

Brnovich dijo al tribunal que las leyes de Arizona son coherentes con la VRA.

“Exigir a los votantes en persona que emitan sus boletas en los distritos electorales asignados garantiza que puedan votar en las contiendas locales y ayuda a los funcionarios a controlar el fraude. La restricción de la recolección de boletas tempranas por parte de terceros, incluidos los agentes políticos, protege contra la coerción de los votantes y preserva el secreto de las boletas. Arizona insta a este Tribunal a que adopte una prueba clara y viable para las reclamaciones de rechazo de los votantes que permita a los estados regular adecuadamente sus elecciones”.


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