Análisis de noticia
En una audaz iniciativa para pedir al Partido Comunista Chino que rinda cuentas por su papel en lo que los funcionarios de EE. UU. consideran delitos que van desde el robo de propiedad intelectual a gran escala hasta el tráfico de personas y la propagación deliberada del letal coronavirus por todo el mundo, una coalición de activistas y organizaciones de derechos humanos enviaron una carta abierta al Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, instándole a que designe al Partido Comunista Chino (PCC) como “organización delictiva transnacional” (TCO).
Al exponer el caso, los autores citan la Orden Ejecutiva 13773 de la administración Trump como el marco jurídico en el que se sustenta la designación del PCCh como una organización que ha estado cometiendo crímenes audaces a menudo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, durante décadas.
La carta fue redactada en gran parte por la reconocida abogada de derechos humanos y religiosos y de bienestar infantil Liz Yore, basándose en la visión y las aportaciones del empresario y activista de Hong Kong Elmer Yuen, la organización sin fines de lucro Save the Persecuted Christians, y el Comité sobre el Peligro Presente: China.
Yuen ha estado activo en los últimos meses buscando una base legal para desarmar al PCCh, a fin de provocar su caída del poder y su completa disolución, como se informó anteriormente.
La Orden Ejecutiva, firmada por Trump el 9 de febrero de 2017, establece que es “política del poder ejecutivo (…) reforzar la aplicación de la ley federal a fin de frustrar las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones subsidiarias, incluidas las bandas criminales, los carteles, las organizaciones de crimen organizado y otros grupos involucrados en actividades ilícitas que representan una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional”.
Entre los delitos con los que dichos grupos pueden estar relacionados se incluyen el tráfico de peronas, drogas, vida silvestre y armas.
La Orden Ejecutiva continúa citando “la corrupción, el delito cibernético, el fraude, los delitos financieros y el robo de propiedad intelectual” como actividades en las que pueden participar las TCO, que también incluyen el ocultamiento o la transferencia de las ganancias ilícitas de los delitos cometidos por la organización.
Una letanía de crímenes
La carta a Barr presenta una letanía de los crímenes más atroces que, según los autores, respaldan el caso para aplastar la designación como TCO al PCCh, comenzando con el fentanilo y el encubrimiento deliberado de la transmisibilidad humana del coronavirus.
Identificar al PCCh como TCO está “claramente justificado”, dice la carta, “por la epidemia de ciudadanos estadounidenses victimizados y asesinados por la droga sintética letal fabricada y transmitida por los chinos, el fentanilo”.
La carta cita las cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que muestran que más de 31,000 estadounidenses tuvieron una sobredosis de fentanilo y otros narcóticos sintéticos en 2018.
El manejo por parte de China del coronavirus, conocido como COVID-19, también es citado directamente por los autores como un crimen. El virus, que está teniendo “efectos debilitantes para la salud y la economía” en Estados Unidos y en todo el mundo, podría haberse contenido, según sugiere la carta, si las autoridades del PCCh no hubieran “ocultado al mundo de modo intencional y malicioso (…) y encubierto su transmisión y letalidad”, causando, al momento de redactar este informe, más de 140,000 muertes solo en Estados Unidos.
Yore dijo que en las últimas semanas ha “visto a la administración pronunciar un discurso tras otro” acusando a China de comportamiento ilegal y crímenes contra la humanidad, dando así evidencia para citar caso tras caso de actividad criminal por parte del PCCh en la carta a Barr.
En un discurso del 24 de junio el asesor de Seguridad Nacional Robert C. O’Brien mencionó el hackeo de datos personales de 145 millones de estadounidenses por parte de Equifax en 2017, y el hackeo de Marriott en 2019 en donde el PCCh obtuvo los datos personales de 383 millones de huéspedes, como ejemplos de la malversación de China en el entorno cibernético.
Luego, el 7 de julio, el director del FBI Christopher Wray informó que el FBI está “abriendo un nuevo caso de contrainteligencia relacionado con China cada 10 horas aproximadamente”, y que de los 5000 casos de contrainteligencia que actualmente están en los registros del FBI, “casi la mitad están relacionados con China”.
Y luego, en una conferencia de prensa el 8 de julio, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el PCCh tiene “un enorme problema de credibilidad”, mientras culpaba directamente a China por la propagación del coronavirus.
Sobre los campos en la provincia de Xinjiang, al noreste de China, en donde albergan a uigures musulmanes, Pompeo dijo que “los nuevos informes sobre abortos forzados y esterilizaciones se suman a un conjunto de evidencia” que indican que no son campos educativos ni de capacitación, como los caracteriza el PCCh.
La carta también destaca los hallazgos del Tribunal de China en marzo de 2020, que declaró al PCCh culpable de la sustracción forzada de órganos a escala industrial, calificándolo de “una de las peores atrocidades” del mundo.
El poder de un nombre
“Si [Trump] designa al PCCh como una organización criminal, es un acto sensacional, a nivel mundial”, dijo Yuen.
“Todo el mundo sigue hablando de todos los crímenes” cometidos por el PCCh, dijo Yuen, “pero nadie lo unió todo y lo llamó crimen organizado”.
“Todo lo que hago es darle un nombre colectivo”, continuó.
Sean Lin, del Comité sobre el Peligro Presente, dijo que si más países “pueden adoptar medidas similares, eso sería más poderoso”.
“Creo que es una frustración de larga data para cualquiera que trabaje en el tema de los derechos humanos”, dijo Lin.
“China ha cometido tantos crímenes. En el Congreso, tenemos audiencias, y análisis, testimonios, pero no hay ataques fundamentales contra el PCCh”, continuó Lin.
“Por lo tanto, esta designación es una herramienta poderosa”.
Yore dijo que la designación del PCCh como organización criminal “desencadena lo que está plasmado en la orden presidencial”.
Esa orden especifica el objetivo de la TCO con “una coordinación en todo el país entre las fuerzas del orden, entre las agencias federales, entre los profesionales [y] los socios de las fuerzas del orden”, dijo Yore.
La designación de la TCO también desencadena “sanciones económicas contra los bancos”, así como “empresas que hacen negocios con el PCCh”, agregó.
“Hay (…) capas sobre capas de sanciones y sanciones penales que se pueden aplicar no solo contra el PCCh una vez que se designa como una TCO”, sino también contra otras organizaciones que son cómplices de los delitos perpetrados por la organización criminal, en este caso el PCCh, dijo Yore.
“Al igual que con otras TCO ya designadas, como el MS-13, “los bancos que hagan negocios con [ellos] podrían ser acusados, multados, penalizados y sancionados”.
“Hay leyes bancarias muy estrictas con respecto a la notificación [y] transparencia con las agencias federales de aplicación de la ley”, dijo.
“Hay que designar una enfermedad antes de empezar a tratarla o combatirla”, continuó Yore.
“La administración Trump hizo grandes progresos en los primeros tres años y medio para comenzar a educar al público sobre lo que está haciendo el PCCh”, añadió.
“Soy una gran creyente de que si se describe y etiqueta el comportamiento como criminal, comienza a tener un cambio radical en la opinión pública”, afirmó Yore.
“Otra historia diferente”
Yuen dijo, “en China, cada empresa con más de tres miembros del Partido, tiene que formar una sucursal, la cual tendrá su propia secretaria, por lo que cada empresa en China está básicamente controlada por el Partido Comunista, y se remonta a Xi Jinping”.
Entonces, “si tratas de hacer negocios en China, y [el PCCh] es una organización criminal, y (…) sabes que no estás haciendo negocios con una compañía, sino estás haciendo negocios con el PCCh, entonces es otra historia totalmente diferente”, dijo Yuen.
En China, dijo Yuen, el PCCh está “muy por encima del CEO de una empresa”.
“Si se trata de un banquero de inversiones (…) y quieren prestar dinero a una organización criminal, tendrán dudas. O si quieren hacer pública [una empresa] y descubren que, oh, tienen una sucursal del Partido adentro, tendrán más dudas. Es un sentimiento totalmente diferente”, agregó Yuen.
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A continuación:
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