Juez emite orden judicial contra programa de Biden que condona préstamos por motivos de raza

Por Jack Phillips
11 de Julio de 2021 7:42 PM Actualizado: 11 de Julio de 2021 7:42 PM

Un juez de un tribunal de distrito otorgó una orden judicial contra el programa de condonación de préstamos del presidente Joe Biden para personas no blancas. El falló se dio a favor de un agricultor de Tennessee que presentó una demanda y argumentó que la disposición es inconstitucional.

El juez federal de distrito S. Thomas Anderson dictaminó la semana pasada que el USDA debería detener la distribución de fondos a través del programa hasta que el caso se resuelva por completo. El programa, también conocido como Sección 1005, fue creado bajo una disposición en la Ley del Plan de Rescate Estadounidense patrocinada por Biden, la cual fue aprobada por el Congreso a principios de este año.

“Por importante que sea el objetivo de eliminar los vestigios de la discriminación racial anterior, y es importante, los esfuerzos del gobierno no pueden resistir un escrutinio estricto. Por lo tanto, el demandante ha mostrado una probabilidad de éxito en el trasfondo del juicio”, escribió (pdf) a favor del agricultor Robert Holman, quien estaba siendo representado por Southeastern Legal Foundation y Mountain States Legal Foundation.

Si bien no hay un límite en la cantidad de préstamos que puede otorgar el USDA, se han proporcionado al programa unos USD 3800 millones y esos fondos pueden desaparecer antes de que se resuelva el caso, dictaminó el juez al explicar por qué creó un mandato judicial contra el programa.

Profundizando más, Anderson dictaminó que Holman “ha demostrado una probabilidad sustancial de que prevalecerá sobre su reclamo” de que la disposición viola la cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda. “En ausencia de una acción por parte del Tribunal, los agricultores socialmente desfavorecidos obtendrán alivio de la deuda”, escribió, “mientras que el demandante sufrirá el daño irreparable de ser excluido de ese programa únicamente por su raza”.

El programa de préstamos agrícolas era parte del plan de Biden para promover la “equidad” y pagaría “los préstamos de los agricultores negros, hispanos, indios americanos, nativos de Alaska y de Hawai” y les otorgaría “un 20 por ciento adicional del valor como pago en efectivo”, señaló la Southeastern Legal Foundation.

La sección 1005 paga hasta el 120 por ciento de un préstamo agrícola directo o garantizado para agricultores afroamericanos, hispanos, asiáticos o isleños del Pacífico, según el sitio web del USDA.

Después de la orden judicial, el USDA rechazó la orden en su sitio web y dijo que “la ley proporciona la dirección del USDA para entregar alivio a la deuda de los agricultores y ganaderos socialmente desfavorecidos que tienen un préstamo agrícola calificado”. El USDA dijo que los prestatarios aún deben presentar la documentación y “estarán preparados para proporcionar el alivio de la deuda autorizado por el Congreso en la primera oportunidad, dependiendo del litigio en curso”.

Mientras tanto, los abogados del USDA habían argumentado ante Anderson que el Congreso promulgó la disposición en un intento por resolver los efectos de la supuesta discriminación racial en los programas de préstamos del USDA. Ofrecer préstamos a personas que no son de raza blanca en el marco del programa, según los abogados, remediaría esos efectos.

El Congreso examinó la evidencia de que las prácticas discriminatorias de préstamos en el USDA colocaban a los agricultores minoritarios en desventaja antes de la pandemia de COVID-19, razón por la cual la disposición era necesaria, argumentaron los abogados del USDA.

Un juez de Wisconsin falló previamente en contra de la Sección 1005 de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense, ofreciendo un argumento similar al de Anderson.

“Los demandantes son excluidos del programa en función de su raza y, por lo tanto, están experimentando discriminación por parte de su gobierno”, escribió el juez de distrito de Wisconsin, William Griesbach, en la opinión de su fallo el mes pasado, agregando que los demandantes “han establecido una fuerte probabilidad de que la Sección 1005 de la ARPA es inconstitucional”.

Sin embargo, el fallo de Anderson va un paso más allá de la orden de Griesbach en el sentido de que creó una orden judicial en lugar de una orden de restricción temporal.


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