Un juez de una corte federal en Delaware ordenó el miércoles programar para el próximo 17 de septiembre una audiencia sobre la posible venta de los activos de CITGO, una refinería estadounidense filial de PDVSA.
El juez Leonard Stark autorizó la venta de los activos de CITGO para satisfacer una deuda de 1400 millones de dólares por parte del estado venezolano.
Sin embargo, el gobierno estadounidense, por medio del Departamento de Justicia y del enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, intervino en julio argumentando que la eventual venta de la refinería, el activo más importante de Venezuela en el exterior, sería dañina para la política exterior estadounidense y la oposición venezolana.
El gobierno encargado de Venezuela, quien representa al estado venezolano en este caso y ha estado litigando en contra de la venta de CITGO por más de un año, ha argumentado que para poder autorizar la venta de CITGO se necesita una licencia de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro estadounidense.
En una carta presentada ante la corte en julio, la directora de la OFAC, Andrea Gacki, respaldó esta postura, argumentando que aunque Crystallex ya solicitó una licencia, debe considerar la situación actual de Venezuela y los argumentos del Departamento de Estado al tomar una decisión.
En la audiencia del 17 de septiembre, ordenada por el juez Stark, Crystallex, presentarán argumentos el gobierno encargado de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos y ConocoPhillips, otro acreedor que intervino en el caso y también busca satisfacer su deuda con la venta de CITGO.
¿Cómo se llegó a este punto?
La disputa legal entre la quebrada empresa y el país suramericano se remonta al 2008, durante el liderazgo del fallecido Hugo Chávez, quien expropió Las Cristinas, una mina de oro al sureste del país, en el estado Bolívar, cuya explotación era manejada por Crystallex.
El caso llegó a la corte de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, quien en el 2016 otorgó un laudo arbitral de 1200 millones de dólares a Crystallex y que debía ser pagado por Venezuela en compensación por Las Cristinas.
El régimen de Maduro no cumplió con esa deuda y en el 2018 Crystallex llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc, la matriz de CITGO). El fallo determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en EE.UU. —CITGO— para satisfacer la deuda.
PDVSA llevó este fallo ante la corte de apelación de Filadelfia en agosto del 2018. En el 2019, al poco tiempo de ser nombrado como presidente interino, Guaidó nombró una nueva junta directiva de CITGO, que tomó el control de facto de la petrolera y destinó un equipo legal para intervenir en los tribunales.
La Corte de Apelaciones falló en julio del 2019 a favor de Crystallex, permiténdole anexarse los activos de CITGO y el equipo legal de Guaidó apeló hasta última instancia —la Corte Suprema— que rechazó tomar el caso.
Crystallex no es el único acreedor que va detrás de CITGO y está luchando en los tribunales quedarse con parte de la empresa para satisfacer las deudas. ConocoPhillips, una petrolera estadounidense, Owen Illinois, una compañía de envases de vidrio y los tenedores del bono PDVSA 2020 también van detrás de los activos de la refinería.
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