Juez federal niega derechos de conciencia a empleados de atención médica

Por Matthew Vadum
09 de Noviembre de 2019 Actualizado: 09 de Noviembre de 2019

Un juez federal designado por Obama en Manhattan rechazó como inconstitucional una regla de administración de Trump que impide que los proveedores de atención médica financiados con fondos federales sean obligados a participar en abortos y otras actividades que violan su conciencia.

El juez de distrito estadounidense Paul A. Engelmayer, del distrito sur de Nueva York, quien se unió a la corte en 2011 después de ser nominado por el entonces presidente Barack Obama, emitió una opinión y orden de 147 páginas el 6 de noviembre que invalida la regulación publicada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS).

La norma, que el juez escribió “pretende interpretar y establecer la implementación de más de 30 disposiciones legales que reconocen el derecho de un individuo o entidad a abstenerse de participar en procedimientos, programas, servicios o actividades de investigación médica a causa de un objeción religiosa o moral”, entraría en vigencia el 22 de julio. Durante el curso del litigio, el HHS acordó retrasar la fecha de vigencia hasta el 22 de noviembre. Ahora es posible que nunca surta efecto.

El fallo se produjo en tres demandas presentadas por Planned Parenthood, el estado de Nueva York y otros gobiernos estatales y locales que fueron consolidadas por el tribunal.

El senador Ben Sasse, un republicano de Nebraska, describió el fallo de la corte como “absurdo”.

“El objetivo de la Primera Enmienda, especialmente el libre ejercicio de la religión, es proteger los derechos de conciencia de los estadounidenses”, dijo en un comunicado. “En este país, el gobierno no puede decirle que su fe está bien el domingo en la iglesia, pero no el lunes en el trabajo”.

La abogada Alexa Kolbi-Molinas, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, elogió la orden judicial y calificándola como una protección de los pacientes. “Todos tienen derecho a sus creencias religiosas, pero las creencias religiosas no incluyen una licencia para discriminar, negar la atención esencial o causar daño a los demás”, dijo en un comunicado.

La regla, presentada en mayo por la Oficina de Derechos Civiles (OCR) en el HHS, fue creada para proteger a “las personas y las entidades de atención médica de la discriminación por su ejercicio de conciencia en los programas financiados por el HHS”, e implementa “la aplicación sólida y completa de aproximadamente 25 disposiciones aprobadas por el Congreso que protegen los derechos de conciencia de larga data en la atención médica”.

“Finalmente, las leyes que prohíben la discriminación financiada por el gobierno contra la conciencia y la libertad religiosa se aplicarán como cualquier otra ley de derechos civiles”, dijo el Director de OCR, Roger Severino, en ese momento.

“Esta regla garantiza que las entidades y los profesionales de la salud no sean intimidados fuera del campo de la atención médica porque se niegan a participar en acciones que violen su conciencia, incluida acabar con una vida humana”.

Pero en su fallo, el juez Engelmayer no necesitó abordar los problemas de libertad religiosa cubiertos por la Primera Enmienda o el tema del aborto porque encontró otros motivos para invalidar la regla del HHS.

La norma, según el tribunal, “impone condiciones ambiguas y retroactivas a los Estados”, lo que sería necesario para hacer cumplir sus disposiciones porque aceptan fondos para la atención médica del gobierno federal.

“Una vez que un Estado ha aceptado fondos de conformidad con un programa de gastos federales, el Gobierno Federal no puede alterar las condiciones asociadas a esos fondos de manera tan significativa como para” lograr (…) un cambio de tipo, no solo de grado”, escribió el juez, citando la sentencia de la Corte Suprema de 2012 en NFIB vs. Sebelius.

El juez indicó que estaba desestimando toda la regla en lugar de meras partes de ella porque “estaba suficientemente afectada por defectos legales evidentes como para no justificar la búsqueda de sobrevivientes”.

En su opinión, Engelmayer también señaló que proteger la libertad de conciencia de los proveedores de atención médica sería costoso para los estados.

“El propio HHS clasifica la Regla como ‘económicamente significativa’, lo que significa que tendrá un efecto económico anual de más de USD 100 millones. … [y] costará alrededor de USD 1000 millones para implementar (…) durante sus primeros cinco años, sin incluir los costos de salud pública”.

“La Regla también pone en peligro miles de millones de dólares en fondos federales para el cuidado de la salud”, escribió el juez de manera casual, sin señalar que proporcionar incentivos financieros para el cumplimiento era el propósito de la regla.

Planned Parenthood podría verse afectado negativamente, escribió entre paréntesis, porque “casi” cada una de sus afiliadas “participa en Medicaid, que obtiene cientos de millones de dólares en reembolso”.

La regulación del HHS se produjo dos años después de que el presidente Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 13798 para proteger los derechos fundamentales de conciencia y libertad religiosa de los estadounidenses.

La orden ejecutiva 13798 declara que “será la política del poder ejecutivo hacer cumplir vigorosamente las protecciones sólidas de la ley federal para la libertad religiosa” porque nuestros “Fundadores imaginaron una Nación en la que las voces y puntos de vista religiosos eran parte integral de una vibrante plaza pública, y en la que las personas religiosas y las instituciones eran libres de practicar su fe sin temor a discriminación o represalias por parte del Gobierno Federal”.

El presidente Trump luego firmó la Orden Ejecutiva 13831 que creó una Iniciativa de Fe y Oportunidad en la Casa Blanca.

La orden “asegurará que las organizaciones religiosas y comunitarias que forman la base de nuestra sociedad tengan firmes defensores en la Casa Blanca y en todo el Gobierno Federal”, declaró un comunicado de prensa de la Casa Blanca en ese momento.

La Gran Época preguntó al Departamento de Justicia si la administración planeaba apelar el fallo pero no recibió una respuesta inmediata.

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