Un juez federal se negó a otorgarle a Uber y Postmates una orden judicial contra la inusualmente restrictiva ley anti-contratista de California, incluso después de reconocer que esta le causaría a las dos compañías «daños irreparables».
La ley, conocida como AB5, obliga a las empresas a reclasificar a sus trabajadores independientes como empleados, lo que va en contra de su modelo de negocio. Cuando entró en vigencia el 1 de enero, la ley hizo difícil para las llamadas compañías de la “economía de pequeños encargos” clasificar a las personas que trabajan para ellos como contratistas independientes en lugar de empleados.
Los empleados en California tienen derecho a beneficios que no están disponibles para los contratistas, como el salario mínimo, el seguro médico y el tiempo libre pagado. La ley está fuertemente respaldada por organizaciones laborales que critican los trabajos independientes difíciles de sindicalizar. Los sindicatos esperan que la ley les dé una ventaja en el reclutamiento de nuevos miembros.
Los críticos dicen que la ley ha causado dificultades y ha llevado a despidos generalizados en California por parte de compañías que dependen de contratistas.
La jueza de distrito de EE.UU. Dolly M. Gee, nombrada en 2010 por el entonces presidente Barack Obama, determinó el 10 de febrero en el caso Olson contra el Estado de California que, aunque la ley AB5 perturba las operaciones de las dos empresas, «el equilibrio entre las acciones y el interés público» supera los intereses de las empresas y los contratistas independientes.
La orden de 24 páginas establece que la ley «proporciona a los abogados de la ciudad la autoridad para iniciar acciones judiciales contra las empresas y los expone a posibles sanciones penales bajo el Código Laboral de California y el Código de Seguro de Desempleo para los infractores».
El hecho de que Uber, un servicio de intercambio de pasajeros, y Postmates, un servicio de mensajería, «hayan demostrado una probabilidad de daño irreparable debido a las amenazas de ejecución contra ellos», no justifica detener la aplicación de AB5, escribió Gee.
El tribunal «no puede adivinar la elección de la Legislatura de promulgar una ley que busque elevar las condiciones de la mayoría de los trabajadores de bajos ingresos no exentos, en lugar de preservar el statu quo para el subconjunto más pequeño de trabajadores que disfrutan del estatus de contratista independiente».
La ley fue defendida por la asambleísta de California, Lorena González, una influyente demócrata cuyas iniciativas legislativas se han copiado ampliamente en todo el país, según USA Today.
«Sus proyectos de ley a menudo inician conversaciones en otros estados y establecen el estándar para políticas progresistas en todo el país, especialmente cuando se trata de los derechos de los trabajadores».
La legisladora ha mantenido tensos intercambios con los opositores de la ley, que según ella protege a los trabajadores de la explotación.
Los trabajadores independientes «no deberían… tener que [trabajar dos o tres trabajos]. Y hasta que usted o cualquier otra persona que quiera [quejarse] sobre AB5 presente propuestas de políticas conscientes para frenar este caos, puede mantener su crítica anónima”, escribió en Twitter el 18 de diciembre de 2019.
Pero la oposición política la ha obligado a retroceder unos pasos.
Grupos como la Sociedad Estadounidense de Periodistas y Autores Inc. y la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa, dicen que, al poner un límite artificialmente hizo que disminuyeran las contribuciones de los independientes, por lo que la ley hace imposible que sus miembros puedan ganarse la vida.
González escribió en un tuit del 6 de febrero que estaba dispuesta a considerar cambiar la restricción que afecta a los periodistas. «Con base a docenas de reuniones con periodistas y fotógrafos independientes, hemos enviado un texto al asesor legislativo que… eliminará el límite de 35 [artículos] y en su lugar definirá más claramente el periodismo independiente», escribió.
Aunque los esfuerzos para bloquear la ley han fracasado generalmente, un juez ha otorgado una orden judicial preliminar que protege a los camioneros independientes del alcance de AB5, mientras que un desafío legal se abre paso a través de los tribunales, como informó anteriormente The Epoch Times.
En California, frente a la demanda en contra de la ley emitida por los camioneros (Trucking Association v. Becerra) que se llevó a cabo el 31 de diciembre, el juez federal de distrito Roger T. Benitez ordenó que en el estado esté «temporalmente prohibido hacer cumplir la Ley de la Asamblea 5 (‘AB-5’) en cuanto a cualquier transportista que opere en California, pendiente de resolución de este Tribunal de la moción de los Demandantes para una orden judicial preliminar».
El CEO de la Asociación, Shawn Yadon, dijo en un comunicado anterior: “AB5 amenaza el sustento de más de 70,000 camioneros independientes… El proyecto de ley restringe erróneamente su capacidad de proporcionar servicios como propietarios-operadores y, por lo tanto, va en contra de la ley federal».
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