Un juez federal sugirió el lunes sancionar al abogado que representa en una demanda a un grupo que pretende impedir al Congreso contar los votos de los colegios electorales el 6 de enero.
El juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, James E. Boasberg, emitió la opinión en respuesta a una demanda presentada por Amistad Project de la Sociedad Thomas More, donde se argumenta que a las legislaturas estatales de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Arizona se les impidió ejercer su poder tal como lo dice la Constitución de Estados Unidos, de certificar los votos de los electores presidenciales emitidos el 14 de diciembre.
El grupo afirma que varias leyes federales y estatales habían delegado de manera inconstitucional la autoridad de las legislaturas estatales para certificar esos votos a los poderes ejecutivos de los estados, por lo que pidió al tribunal que invalide y declare inconstitucionales esas leyes e impida al vicepresidente Mike Pence contar los votos del Colegio Electoral y al Congreso, contar los votos de los estados impugnados, hasta que sus legislaturas estatales puedan reunirse para certificar los votos.
Boasberg rechazó la solicitud de bloquear la certificación de los votos del electorado presidencial de los cinco estados y la lectura de esos votos el 6 de enero. El juez de Washington D.C. al dictar su opinión reprendió a los demandantes y a su abogado por lo que considera una «falta de buena fe» al presentar la demanda.
«Además de haber sido presentada en nombre de los demandantes sin fundamento y (al menos en lo que respecta a los demandados del estado) en el tribunal equivocado y sin ningún esfuerzo por siquiera servir a sus adversarios, la demanda se basa en una malinterpretación fundamental y obvia de la Constitución», escribió Boasberg (pdf).
«Sería arriesgado si su objetivo no fuera tan grave: el menoscabo de una elección democrática para presidente de Estados Unidos. La Corte negará la moción».
El juez dijo que los demandantes no pudieron demostrar que tienen una postura legal —o un derecho legal— para presentar el caso y no explicaron cómo su tribunal pudo ignorar los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre estos temas.
«Ellos tampoco mencionan nunca por qué han esperado hasta siete semanas después de las elecciones para interponer esta acción y solicitar un mandamiento judicial preliminar basado en estatutos supuestamente inconstitucionales que han existido durante décadas, desde 1948 en el caso de los federales. No es una exageración encontrar una grave falta de buena fe aquí», escribió.
El juez también se pronunció sobre el hecho de que el abogado de los demandantes no notificara formalmente a ninguno de los acusados.
«Los tribunales no son instrumentos a través de los cuales las partes se involucren en tales juegos o gestos políticos simbólicos», dijo.
«Como resultado, al final de este litigio, la Corte determinará si debe emitir una orden para mostrar la causa por la que este asunto no debe ser remitido a su Comité de Reclamaciones para la posible disciplina del abogado de los demandantes», añadió Boasberg.
El abogado mencionado en el caso no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El grupo argumentó que el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos impide que las legislaturas estatales deleguen su poder a funcionarios del poder ejecutivo del estado como un deber ministerial.
«Hay argumentos textuales y estructurales para que estos estatutos estatales sean inconstitucionales», escribió el grupo en su demanda. Ellos argumentaron que las leyes estatales son una «delegación inconstitucional de las prerrogativas legislativas estatales de las certificaciones postelectorales de los votos presidenciales y de los electores presidenciales».
En la demanda también se sostiene que las legislaturas estatales, muchas de las cuales fueron aplazadas en Navidad y Año Nuevo, también están siendo impedidas de reunirse para cumplir con su deber de certificación post electoral. Para celebrar una sesión legislativa especial, una supermayoría o un gobernador deben acordar que los legisladores se reúnan. Sin embargo, el grupo dijo que los gobernadores de estos estados están impidiendo que las legislaturas estatales lo hagan.
La causa legal se denomina Alianza de votantes de Wisconsin vs. Pence (1:20-cv-03791).
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