La Casa Blanca dice al Congreso que debe actuar para sacar a los delincuentes
WASHINGTON – La Casa Blanca respondió a una decisión de la Corte Suprema que permitirá que algunos ciudadanos ilegales condenados por un delito grave continúen en Estados Unidos, en lugar de ser deportados.
La decisión con una votación 5-4 de la Corte Suprema incluye al juez Neil Gorsuch, quien se unió al lado liberal del tribunal, diciendo que la interpretación de parte de la ley era inconstitucionalmente vaga.
La Casa Blanca dijo que la decisión destaca el «peligro que representa la inacción del Congreso».
«El Congreso debería aprobar de inmediato una solución para cerrar estas lagunas jurídicas para que Estados Unidos pueda retirar de inmediato a los extranjeros criminales violentos de nuestro país», dijo el gobierno en un comunicado el 18 de abril.
«A menos que el Congreso actúe, el gobierno de Estados Unidos no podrá eliminar de nuestras comunidades a muchos ciudadanos ilegales condenados por delitos violentos, incluidos en algunos casos agresión doméstica, ataques, robos y maltrato infantil. Es una cuestión de seguridad pública vital para el Congreso actuar ahora», agregó la Casa Blanca.
En su decisión, la Corte Suprema se puso del lado del ladrón de California James Garcia Dimaya, un inmigrante legal de Filipinas.
Las autoridades federales ordenaron la deportación de Dimaya después que fuera condenado en dos asaltos domiciliarios en California (en 2007 y 2009). Ningún robo involucró violencia.
La jueza Elena Kagan, redactora del fallo, dijo que la ambigüedad en torno a la provisión de delitos de violencia creó confusión en los tribunales inferiores. «¿El robo de autos califica como un delito grave y violento?», escribió Kagan. «Algunos tribunales dicen que sí, otros dice que no».
Kagan mencionó otros ejemplos, como eludir el arresto y el allanamiento en los que los tribunales también se dividieron.
Un delito grave con agravantes incluye un «delito de violencia», definido por el Código de Estados Unidos como:
(a) un delito que tiene como elemento el uso, intento de uso o amenaza de uso de la fuerza física contra la persona o propiedad de otro.
(b) cualquier otra ofensa que sea un delito grave y que por su naturaleza, implique un riesgo sustancial de que la fuerza física contra la persona o los bienes de otra persona pueda ser utilizada en el transcurso de la comisión de la ofensa.
Lo que está en juego es la segunda parte de la definición, que según los jueces, puede dar como resultado «más imprevisibilidad y arbitrariedad de lo que tolera la cláusula del debido proceso».
No está claro cuántas deportaciones se verán afectadas con el fallo.
El 17 de abril, el secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) Tyler Houlton, emitió un comunicado en el que descalificaba la decisión.
«La decisión de hoy socava significativamente los esfuerzos del DSN para expulsar de Estados Unidos a los extranjeros condenados por ciertos delitos violentos, incluidos los de agresión sexual, secuestro y robo», dijo Houlton. «Al impedir que el gobierno federal elimine a los extranjeros criminales conocidos, permite que nuestra nación sea un refugio seguro para los delincuentes y como resultado nos hace más vulnerables».
El director interino de la Oficina Nacional de Aduana (ICE) perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional, Tom Homan, dijo que estaba decepcionado por la decisión de la corte, pero que su oficina la cumplirá.
«Tendrá un impacto adverso en nuestra capacidad para establecer que los extranjeros condenados por ciertos delitos violentos, como delitos sexuales, secuestros y robos, sean removibles de Estados Unidos y no elegibles para ciertos beneficios de inmigración», dijo en un comunicado el 18 de abril.
«Es otro ejemplo más de la necesidad de que el Congreso cierre urgentemente las lagunas que permite a los extranjeros delincuentes evitar la expulsión y permanecer en Estados Unidos», concluyó Homan
Informe adicional de Reuters.
