La ofensiva de la Corte Suprema contra el escudo de responsabilidad de las plataformas de redes sociales por los contenidos de los usuarios que muchos observadores esperaban en un par de casos recientes de gran repercusión nunca llegó.
Para gran alivio de Silicon Valley, la Corte Suprema eludió el tema en sus muy esperados fallos del 18 de mayo en los casos Twitter Inc. vs. Taamneh y Gonzalez vs. Google LLC. Las sentencias mantienen el statu quo jurídico en materia de responsabilidad, al menos por el momento.
La Big Tech y sus partidarios estaban profundamente preocupados por la posibilidad de que la corte destruyera la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que generalmente impide que las plataformas de Internet y los proveedores de servicios de Internet sean considerados responsables de lo que los usuarios digan en ellas. Dicen que la disposición legal, a veces llamada “las 26 palabras que crearon Internet”, ha fomentado un clima en línea en el que ha florecido la libertad de expresión.
Los republicanos y conservadores se han quejado durante años de ser censurados por las plataformas. Se indignaron cuando las plataformas actuaron de forma concertada para vetar a Trump en enero de 2021, bloquearon un artículo del New York Post sobre la laptop de Hunter Biden y silenciaron opiniones discrepantes sobre los orígenes del virus SARS-CoV-2 y los tratamientos para la enfermedad COVID-19 que este provoca.
Los demócratas y los liberales, por el contrario, afirman que las plataformas no hacen lo suficiente para suprimir el así llamado discurso de odio y la supuesta desinformación.
Sección 230
Mientras tanto, el juez Clarence Thomas ha sugerido con frecuencia que la Corte Suprema debería revisar el alcance de la Sección 230.
En una opinión concurrente en Biden vs. Knight First Amendment Institute en abril de 2021, Thomas expresó su preocupación por que las Big Tech tengan demasiado poder sobre la actividad en Internet.
“No cambia nada el hecho de que estas plataformas no sean el único medio para distribuir discursos o información. Una persona siempre podría optar por evitar el puente de peaje o el tren y en su lugar nadar por el río Charles o caminar por el sendero de Oregón”, escribió el juez conservador.
“Pero al evaluar si una empresa ejerce un poder de mercado sustancial, lo que importa es si las alternativas son comparables. Para muchas de las plataformas digitales actuales, nada lo es”.
Thomas comparó las plataformas de redes sociales con los operadores comunes, como los servicios públicos, y escribió que deberían “regularse de esta manera”.
Antes de eso, en una sentencia en Malwarebytes Inc. vs. Enigma Software Group USA en octubre de 2020, Thomas escribió que estaba de acuerdo con la decisión de la corte de no tomar el caso, pero sugirió que la corte debería frenar a la Big Tech en el futuro.
Cuando llega un “caso apropiado” ante la Corte, “nos corresponde” “decidir la interpretación correcta de la Sección 230”.
Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad de actuar sobre la Sección 230 en los casos de Taamneh y González, Thomas se abstuvo.
“Regalo de protección de responsabilidad”
En el caso Taamneh, la familia de un jordano muerto en un atentado terrorista del ISIS en una discoteca de Estambul alegó que Twitter, Facebook y Google debían ser considerados responsables porque no hicieron lo suficiente para retirar los vídeos del ISIS que posiblemente ayudaron al grupo terrorista.
En el caso González, la familia de una mujer estadounidense asesinada en un atentado de ISIS en París presentó una demanda, alegando que Google, propietario de YouTube, era responsable en virtud de la Ley Federal Antiterrorista por ayudar a los esfuerzos de reclutamiento del ISIS mediante el supuesto uso de algoritmos para dirigir a los usuarios a vídeos del ISIS.
La Corte Suprema se puso unánimemente del lado de Twitter, Google y Facebook, al encontrar en las dos decisiones que las familias no habían podido probar una vinculación entre los gigantes de Silicon Valley y la muerte de sus familiares, por lo que no era necesario ocuparse de la Sección 230.
Thomas mismo escribió la opinión sobre Taamneh–la opinión de González no estaba firmada– aparentemente razonando que el caso de Taamneh no era el vehículo adecuado para promover una interpretación de la Sección 230.
El escepticismo de Thomas sobre la Sección 230 es compartido tanto por el presidente Joe Biden como por el expresidente Donald Trump.
En enero, Biden dijo: “Necesitamos que las Big Tech asuman la responsabilidad del contenido que difunden. Es por eso que he dicho durante mucho tiempo que debemos reformar fundamentalmente la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las empresas de tecnología de la responsabilidad legal por el contenido publicado en sus sitios”.
Durante su presidencia, Trump pidió que se derogara la disposición.
“La Sección 230, que es un obsequio de blindaje de responsabilidad de EE. UU. a las ‘Big Tech’ (las únicas empresas en Estados Unidos que lo tienen—¡bienestar corporativo!), es una grave amenaza para nuestra Seguridad Nacional e Integridad Electoral. Nuestro país nunca podrá estar seguro y protegido si permitimos que esto siga así”, escribió Trump en Twitter en diciembre de 2020.
Christopher Newman, profesor asociado de derecho en la Antonin Scalia Law de la Universidad George Mason, dijo que podía entender por qué las plataformas de redes sociales afirmarían que Taamneh reivindicaba su posición sobre la disposición legal a pesar de que no la abordaba específicamente.
“Se podría argumentar que este es un fallo a favor de la 230, no en el sentido de que en realidad dijeron algo sobre la 230, sino en el tipo de razonamiento que usaron para decidir que Twitter no tendría ninguna responsabilidad de todos modos”, dijo Newman a The Epoch Times en una entrevista.
“Entonces, este tipo de actividad es parte integral del mismo tren de pensamiento que dice que solo por estar allí y dejar que la gente hable, no deberíamos considerarlo responsable de ciertos efectos negativos de su expresión”.
“Este fue una opinión sobre la correcta interpretación y el alcance del derecho penal federal”, añadió.
En Taamneh y Gonzalez, la corte “básicamente dijo que no habría responsabilidad para una plataforma de redes sociales bajo la Ley Antiterrorista simplemente porque permitieron que ISIS usara su plataforma; eso no es suficiente para contar como ayuda e instigación. Y dado que eso no es suficiente para contar como complicidad y, en primer lugar, crear responsabilidad, ni siquiera tenemos que preguntarnos si la Sección 230 los eximiría de la responsabilidad”, dijo Newman.
Pero la controversia sobre la Sección 230 no va a desaparecer, dijo el académico.
Aunque un recorte judicial de la disposición legal “no está en la pantalla del radar” por el momento, “se han presentado o sugerido todo tipo de proyectos de ley tratando de modificar la Sección 230”.
Curt Levey, veterano observador de la Corte Suprema y presidente del conservador Comité por la Justicia, también dijo que podía ver cómo las Big Tech veían las sentencias como una victoria.
“Dado que el régimen actual es algo que les gusta a las plataformas, supongo que cualquier cosa que retrase un régimen diferente es una victoria en cierto modo”, dijo Levey a The Epoch Times en una entrevista.
Y no se mostró sorprendido por las sentencias.
“No sé si la gente pensaba seriamente que la Corte iba a tomar la 230”, dijo.
En la actualidad, el artículo 230 “se interpreta de forma muy amplia”. “Creo que les preocupaba que la corte pudiera limitarlo un poco”.
“No creo que la Corte Suprema esté inclinada a hacer algo dramático cuando puede hacer algo limitado”, dijo Levey.
Estatutos Estatales sobre Redes Sociales
Sin embargo, los estatutos de las redes sociales de dos estados están dando vueltas en las cortes y es probable que en algún momento sean escuchados por la Corte Suprema, dijo.
Florida está apelando un fallo de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito 11 que bloqueó partes del Proyecto de Ley 7072 del Senado de Florida, que exige transparencia en las políticas y protege el acceso de los usuarios a las plataformas.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley en mayo de 2021 afirmando que se asegura de que “los verdaderos floridanos de todo el Estado del Sol—tengan garantizada la protección contra las élites de Silicon Valley”.
“Muchos en nuestro estado han experimentado la censura y otros comportamientos tiránicos de primera mano en Cuba y Venezuela. Si los censores de las Big Tech hacen cumplir las reglas de manera inconsistente, para discriminar a favor de la ideología dominante de Silicon Valley, ahora tendrán que rendir cuentas”.
Según la ley, las plataformas no pueden prohibir a los candidatos políticos y deben hacer públicas y aplicar de forma coherente sus normas de moderación. La eliminación de candidatos de la plataforma puede acarrear multas de hasta USD 250,000 al día.
Florida presentó una petición ante la Corte Suprema en septiembre de 2022 solicitando que la corte revise el caso, Moody vs. NetChoice (expediente judicial 22-277), que aún está pendiente.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. se ha ido en la dirección contraria, al considerar que una ley de Texas conocida como HB 20 era constitucional, rechazando la “idea de que las corporaciones tienen un derecho de la Primera Enmienda libre para censurar lo que dice la gente”.
La ley de Texas impone limitaciones a la capacidad de las plataformas para moderar el discurso y obliga a las empresas a informar al público. En mayo de 2022, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la ley mientras avanzaba una apelación.
“Dentro de un año es posible que la Corte Suprema escuche el caso de Florida y/o el de Texas”, dijo Levey.
“Y eso podría cambiar todo, pero al menos en el corto plazo no hay nada” en los fallos de la Corte Suprema del 18 de mayo para que las empresas de redes sociales “se preocupen”.
“El mayor regalo de compinches”
El comentarista Seton Motley, presidente de Less Government, una organización sin fines de lucro del área de Washington, se sintió decepcionado de que la corte suprema del país perdiera la oportunidad de pronunciarse sobre la Sección 230.
La disposición legal “es quizás el mayor regalo de compinches en la historia de la legislación gubernamental”, dijo Motley por correo electrónico.
“Es el colmo de la protección desigual ante la ley. Nadie tiene amnistía general por acciones de terceros— excepto las empresas más grandes en la historia del planeta, que llegaron a ser las empresas más grandes en la historia del planeta—en gran parte debido a este amiguismo”.
“No hay justificación legal para la 230”, dijo Motley.
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