El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva la semana pasada con el objetivo de impulsar la economía debilitada por la pandemia y fortalecer las protecciones básicas del debido proceso para los estadounidenses involucrados en los procedimientos regulatorios de las agencias como parte de lo que la administración llama la Declaración de Derechos Regulatorios.
«Para proteger a nuestra gente y derrotar al virus, también debemos defender la salud de la economía de nuestra nación», dijo el presidente en una reunión de gabinete el 19 de mayo. «Para lograr este objetivo, hemos reducido el papeleo y la burocracia y hemos desatado la mayor movilización industrial desde la Segunda Guerra Mundial».
El documento, conocido como la Orden Ejecutiva 13924, instruye a las agencias federales a considerar las acciones regulatorias que podrían tomar para alentar el crecimiento de la economía. La orden instruye a «las agencias federales a usar cualquier autoridad para renunciar, suspender y eliminar regulaciones innecesarias que impidan la recuperación económica».
«Así como continuamos luchando contra COVID-19, también debemos unirnos para superar los efectos que el virus ha tenido en nuestra economía», dice la orden.
El think tank libertario Cato Institute abogó por una Declaración de Derechos Regulatorios de los Ciudadanos en 1995. Pidió al gobierno federal que, entre otras cosas, proporcione a las personas un aviso por escrito de la base legal para una inspección o búsqueda cuando se realice una. Años más tarde, Trump avanzó con su propio intento de combatir el llamado estado administrativo, ya que su administración se centró desde el principio en recortar las regulaciones.
Los críticos dicen que los funcionarios en el estado administrativo no rinden cuentas a los votantes y permiten que los burócratas no elegidos usurpen las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se dice que el Congreso debe hacer las leyes del país, pero los legisladores han cedido constantemente los poderes constitucionales de ese cuerpo al estado administrativo, en detrimento general de la sociedad.
Dos meses antes de que el presidente revelara su orden, la Pacific Legal Foundation (PLF), con sede en Sacramento, California, una firma de abogados sin fines de lucro y de interés público, presentó un comentario de 46 páginas a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB). El documento ofreció ejemplos de la cartera de litigios de interés público de la PLF con respecto a las violaciones del debido proceso regulatorio y recomendando los principios del debido proceso que incluían cada uno de los 10 elementos relacionados con la reforma regulatoria que el presidente enumeró.
Entre las quejas contra los reguladores planteadas por la PLF están las agencias que no notifican el alcance o el contenido de las investigaciones, usan evidencia sesgada y poco confiable, y retienen evidencia exculpatoria, ya que presumen la culpa de la otra parte en lugar de soportar la carga de la prueba.
Otras quejas son que las agencias amenazan con sanciones excesivas para obligar a las personas a llegar a un acuerdo, que los casos se juzguen ante jueces de la agencia sesgados en lugar de tribunales independientes, y que las reglas son emitidas por meros empleados de la agencia, en lugar de por funcionarios debidamente designados supervisados por el presidente electo.
«Si bien estamos entusiasmados de que la administración haya tomado en serio nuestras recomendaciones, ahora corresponde a las agencias individuales y a la OMB cambiar sus prácticas actuales para cumplir con los principios que el presidente ha reafirmado», dijo Todd Gaziano, director del Centro de Separación de Poderes en la PLF, en un comunicado.
«La PLF continuará luchando hasta que los objetivos aspiracionales de la Declaración de Derechos Regulatorios se hagan realidad».
Un nuevo informe publicado por el grupo, Déficits de debido proceso del estado regulador, relata las historias de nueve clientes de la PLF que enfrentaron deficiencias en sus derechos de debido proceso debido a investigaciones de agencias reguladoras y otras acciones.
El presidente explicó el propósito de su orden en la reunión del gabinete.
«Estoy ordenando a las agencias que revisen los cientos de regulaciones que ya hemos suspendido en respuesta al virus y que hagan que estas suspensiones sean permanentes siempre que sea posible», dijo Trump.
“También estoy instruyendo a las agencias para que usen a las autoridades de emergencia para acelerar los recortes en las regulaciones o las nuevas reglas que crearán empleos y prosperidad y eliminarán las reglas y regulaciones innecesarias.
“Tuvimos casos en los que tomaría 20 años construir una carretera. Tendrían que pasar por varias agencias para obtener el mismo permiso. Lo experimenté en el sector privado, así que lo sé mejor que nadie, en donde pasaría años y años y años para construir una carretera simple o un edificio simple, y terminaría costando una fortuna absoluta; muchas, muchas veces más lo que debería costar».
Kay Coles James, presidente de la institución conservadora Heritage Foundation, elogió la orden de Trump en un comunicado.
«Liberar a nuestra economía de regulaciones gubernamentales innecesarias jugará un papel crítico en acelerar la recuperación de nuestra nación de COVID-19», dijo.
Lisa Gilbert, vicepresidenta de asuntos legislativos de Public Citizen, un grupo de vigilancia de izquierdas, rechazó la orden y dijo que era vaga.
«Se siente como un cheque en blanco», dijo. “Es alentador que las agencias realicen una especie de inmersión interna y decidan si pueden hacer cumplir las cosas. Creo que están formalizando lo que ha sido un mandato informal».
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