La propuesta demócrata ‘Build Back Better’ es un regalo para los sindicatos, según un informe

Por Matthew Vadum
08 de Noviembre de 2021
Actualizado: 08 de Noviembre de 2021

Las disposiciones de la propuesta de los demócratas “Build Back Better”, un proyecto de ley de gasto social masivo que costará billones de dólares, llenarán las arcas de los sindicatos en miles de millones de dólares, según un nuevo informe de la Fundación Freedom.

En el informe, Maxford Nelsen, director de política laboral de la Fundación Freedom, afirma que el proyecto de ley, HR 5376, ampliaría enormemente los fondos de Medicaid para los servicios domiciliarios y comunitarios (HCBS) que brindan atención domiciliaria. Dichos servicios se brindan a través de programas diseñados y operados dentro de parámetros federales. Los trabajadores de esos programas son los principales objetivos de los reclutadores sindicales.

No está claro lo que costará el proyecto de ley. Inicialmente se esperaba que costara más de 3.5 billones de dólares a lo largo de 10 años, pero estimaciones recientes lo sitúan en 1.75 billones. La medida se financiaría con impuestos a las empresas y no aumentaría el déficit federal, insisten sus defensores.

El proyecto de ley ofrece a los estados cientos de miles de millones de dólares en fondos federales adicionales para expandir sus programas de HCBS.

Uno de los objetivos del proyecto de ley es impulsar los sindicatos de atención domiciliaria. El representante Robin Kelly (D-Ill.) dijo que el proyecto de ley permitiría “organizaciones como SEIU” para “defender” a los trabajadores de atención domiciliaria. El SEIU (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios) respaldó a Kelly en 2020 y contribuyó con miles de dólares a su campaña, según el informe.

El informe también establece que, aunque se pueden justificar fondos adicionales para HCBS, los fondos federales vienen con condiciones que podrían dirigir potencialmente miles de millones de dólares, en fondos de Medicaid, a los sindicatos que representan a los asistentes de atención domiciliaria, incluidos SEIU y la Federación Estadounidense de Estados, Condados y Empleados Municipales (AFSCME).

Actualmente, los cuidadores pagados de Medicaid, un programa federal y estatal de asistencia, están sindicalizados en ocho estados: Washington, Oregon, California, Minnesota, Illinois, Connecticut, Massachusetts y Vermont, dijo Nelsen a The Epoch Times.

La Fundación Freedom estudió previamente el tema y descubrió que, en esos estados, a unos 350,000 cuidadores se les retienen las cuotas sindicales, lo que equivale a aproximadamente USD 150 millones al año en ingresos para SEIU y AFSCME, dijo.

Maxford Nelsen, director de política laboral, Freedom Foundation (foto cortesía de Maxford Nelsen)

La forma en que está estructurado el proyecto de ley “incentiva a los estados a allanar el camino para la sindicalización, a contratar sindicatos para ejecutar programas de capacitación para cuidadores o ejecutar otros programas de beneficios para cuidadores”, dijo Nelsen.

“Lo más insidioso, sin embargo, es un incentivo para reestructurar sus programas de servicios en los hogares y en la comunidad de una manera que crearía el marco legal para obligar a los cuidadores a pagar cuotas sindicales como condición para que conserven sus empleos”.

En 2014, la Corte Suprema dictaminó en el caso Harris v. Quinn que “es inconstitucional exigir que los ‘empleados cuasi públicos’ pagados por Medicaid… paguen cuotas sindicales como condición de empleo”, dijo Nelsen.

Pero sindicatos como SEIU y AFSCME han estado tratando de evitar esa decisión durante años, dijo.

“Aquí, en el estado de Washington, el SEIU presionó a la legislatura estatal y al gobernador para que aprobaran una legislación que privatizara la mano de obra. Así, en lugar de ser empleados por su cliente, pagados por el Estado y sindicados según las leyes estatales de negociación colectiva para los empleados públicos, los cuidadores se convertirían en empleados de una empresa privada que contrata el Estado para atender a la población de Medicaid”.

“Y como empleados de una empresa privada, los cuidadores quedarían sujetos a la Ley Nacional de Relaciones Laborales en lugar de nuestras leyes estatales de negociación colectiva del sector público. Y debido a que el estado de Washington no tiene una ley de derecho al trabajo en los libros, según la teoría, los cuidadores estarían sujetos a cuotas sindicales obligatorias nuevamente”, dijo Nelsen.

Nelsen dijo que está convencido de que los partidarios del proyecto de ley “quieren replicar lo que el estado de Washington ha hecho en todo el país y volver a implementar esta solución alternativa… [que] permitiría a SEIU y AFSCME obligar a estos cuidadores a pagar nuevamente las cuotas sindicales”.

El proyecto de ley establece que los estados reciben más dinero federal si adoptan lo que se llama una “agencia con opción o un modelo de prestación de servicios” para registrar trabajadores de atención directa calificados, contratar y capacitar a proveedores independientes y asegurarse de que los programas no “promuevan o eviten la capacidad de los trabajadores para formar una organización laboral o discriminar a los trabajadores que pueden unirse o negarse a unirse a dicha organización”.

Al llevar a cabo estos programas de formación, “los sindicatos verían incrementados sus ingresos en miles de millones de dólares si esta legislación, en su forma actual, se convirtiera en ley”, dijo Nelsen a The Epoch Times.

El proyecto de ley está “utilizando dinero de Medicaid, que está destinado a los más vulnerables de la sociedad, para apuntalar y subsidiar un grupo con intereses políticos especiales de extrema izquierda”, dijo Nelsen.

Aunque la medida se había estancado a medida que los demócratas más moderados se peleaban con más demócratas de izquierda por su contenido, ahora parece estar avanzando.

Después que el Congreso aprobara el 5 de noviembre la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura de USD 1.2 billones, a la mañana siguiente Biden elogió a la Cámara por dar también “un gran paso hacia” la aprobación de la Ley Build Back Better. La Cámara aceptará el proyecto de ley la semana del 15 de noviembre, dijo.

El proyecto de ley “será una inversión única, en toda una generación, para nuestra gente”, dijo Biden.

Los representantes de SEIU y AFSCME no pudieron ser contactados para que dieran sus comentarios al respecto.


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