El 24 de mayo se permitió a Los Ángeles restablecer la política de «fianza cero» de la época de la pandemia, tras la decisión de un juez de prohibir a la ciudad y al condado exigir fianzas en efectivo a los detenidos que aún no han sido procesados.
La decisión (pdf) del juez del Tribunal Superior de California Lawrence Riff impuso una medida cautelar para reanudar la política de fianzas del condado anterior al COVID-19 el 16 de mayo. En consecuencia, los sospechosos detenidos por delitos no violentos volverán a quedar en libertad sin fianza mientras esperan una cita con el tribunal.
Riff escribió en su sentencia que «hacer cumplir los cronogramas de fianzas de dinero garantizado contra personas pobres que están detenidas en la cárcel únicamente por razón de su pobreza es una violación constitucional clara, generalizada y grave».
La medida cautelar del tribunal permanecerá en vigor durante 60 días para permitir que la ciudad y el condado de Los Ángeles elaboren y presenten antes del 5 de julio nuevos planes para hacer cumplir el sistema de fianza cero. Se ha fijado una audiencia de viabilidad para el 10 de julio.
Según el sistema de fianza del condado (pdf), un acusado debe depositar en el tribunal una cantidad de dinero, o fianza, antes de poder quedar en libertad a la espera de una cita con el tribunal. El importe de la fianza viene determinado por la gravedad del delito del que se le acusa. El acusado puede pagar en efectivo o con una fianza recibida de una empresa de fianzas, que se devuelve cuando finaliza el proceso judicial.
Un grupo de ciudadanos y representantes religiosos presentaron una demanda colectiva en 2022 contra el condado de Los Ángeles, la ciudad, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD) y el fiscal general del estado, alegando que el «sistema de detención basado en la riqueza» utilizado por el gobierno y los funcionarios locales es inconstitucional en virtud de las cláusulas de Debido Proceso e Igual Protección de las constituciones de Estados Unidos y California.
Los abogados de los demandantes, entre los que se encuentran seis ciudadanos detenidos formalmente, un rabino, dos reverendos y Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), organización religiosa con sede en Los Ángeles, aplaudieron la decisión.
«Nuestros clientes fueron detenidos y retenidos en la cárcel durante cinco días porque sencillamente no podían pagar el dinero para comprar su puesta en libertad», declaró Brian Hardingham, abogado principal del Proyecto de Prisión de Deudores de Public Justice, en un comunicado. «La detención preventiva destruye vidas, y esperamos que esta sentencia allane el camino para cambios políticos duraderos que fortalezcan y protejan a las comunidades de color y a las personas con bajos ingresos perjudicadas desproporcionadamente por la industria de las fianzas con ánimo de lucro».
Según su sitio web, el proyecto «combate la criminalización de la pobreza» mediante litigios.
Solicitaron una orden judicial que prohibiera a los departamentos del sheriff y de policía aplicar los calendarios de fianzas monetarias para determinar si los detenidos debían ser puestos en libertad antes de ser llevados ante un juez.
Los acusados suelen esperar entre uno y cinco días antes de comparecer ante el tribunal, dijo Riff en su sentencia.
«No se pretende ni se permite que la detención preventiva de personas presuntamente inocentes basada en su pobreza funcione como una forma de castigo, pero eso es, dicen los demandantes, lo que ocurre en realidad todos los días», escribió Riff.
Riff, que fue nombrado por el exgobernador demócrata Jerry Brown en 2015, estimó que las partes en la demanda estarían listas para un juicio sobre el fondo en unos 12 meses. Hasta entonces, decenas de miles de personas serían detenidas y encarceladas por el LASD y el LAPD porque son demasiado pobres para pagar la fianza, según el juez.
Al parecer, la ciudad, el condado y las fuerzas policiales no defendieron ante el tribunal el actual sistema de fianzas en efectivo.
La política reinstaurada de no pagar fianzas en efectivo cubrirá los delitos menores y graves no violentos, con algunas excepciones, como agresión a un agente de policía, trata de personas, violación, homicidio, violencia doméstica, disturbios, saqueos durante una emergencia, acecho, transmisión de una enfermedad contagiosa, maltrato infantil y conducción bajo los efectos del alcohol.
Repercusiones para las fuerzas policiales
La policía de Los Ángeles está estudiando la sentencia, según declaró un portavoz a The Epoch Times.
«El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene su compromiso de salvaguardar los derechos constitucionales de todas las personas, al mismo tiempo que colabora con nuestros socios de la justicia penal para abordar los problemas de seguridad de la comunidad relacionados con las personas acusadas de delitos graves», declaró el agente Drake Madison.
El exsheriff del condado Alex Villanueva —que perdió su candidatura a la reelección en 2022 para otro mandato de cuatro años y se manifestó en contra de la iniciativa de fianza cero mientras ocupaba el cargo— dijo a The Epoch Times que las repercusiones de la sentencia tendrían un «mayor impacto» en los 45 departamentos de policía del condado de Los Ángeles que no son el LASD ni el LAPD, porque «la carga de retener [a los sospechosos] en las cárceles de la ciudad hasta la comparecencia recaerá sobre ellos y no sobre el sheriff».
«[Fue] una mala decisión en la que el fiscal, el sheriff y el jefe [de la policía de Los Ángeles] [Michel] Moore no acudieron al tribunal para exponer las repercusiones del programa de fianza cero. Envalentona aún más a quienes ya están delinquiendo», declaró Villanueva.
Los Ángeles lleva unos años yendo y viniendo sobre la política de fianza cero. Se aplicó por primera vez al principio de la pandemia para aliviar el hacinamiento de los reclusos y reducir la propagación del COVID-19, antes de que expirara el 1 de julio de 2022.
La policía de Los Ángeles hizo un seguimiento de los efectos de la supresión de la fianza en efectivo e informó de que 649 personas habían sido detenidas de nuevo durante el periodo en que estuvo en vigor. Algunos ejemplos son una persona detenida de nuevo por agresión doméstica; alguien que fue detenido dos veces por agresión con arma mortal en un día; y un sospechoso de tráfico de seres humanos que había sido detenido ese mismo día por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, informó el departamento.
Dos sospechosos fueron detenidos cinco veces durante el periodo analizado —entre el 28 de marzo de 2021 y el 25 de junio de 2022— según la policía de Los Ángeles.
El fiscal del distrito defiende la «fianza cero»
En su primer día en el cargo, en diciembre de 2020, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, instituyó una política para poner fin a la fianza en efectivo en el condado. Ordenó a sus ayudantes que dejaran de pedir fianzas por delitos menores y delitos graves clasificados como no violentos.
El fiscal, cuya campaña fue financiada en gran medida por el megadonante George Soros y su organización afiliada, ha sobrevivido a dos intentos de destitución por parte de grupos que afirman que sus políticas han creado espacio para más actividad delictiva.
Gascón, que anteriormente aplicó políticas similares cuando fue fiscal del distrito de San Francisco, dijo que cree que la fianza en efectivo socava la «presunción de inocencia» del sistema judicial.
«La fianza en efectivo es tan injusta como insegura», afirmó Gascón en una declaración de 2021. «Permite que personas ricas que son peligrosas compren su libertad, mientras que quienes carecen de medios y no suponen ningún riesgo para la seguridad pública languidecen en la cárcel a la espera de juicio».
Algunos delitos no violentos que quedarán cubiertos por la política de fianza cero en metálico son los delitos de drogas, allanamiento de morada, alteración del orden público, conducir sin licencia, proferir amenazas criminales, beber en público, merodear para ejercer la prostitución y resistencia a la autoridad.
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