Los cinco miembros de La Manada vuelven a los juzgados

Por EFE
25 de Junio de 2018 Actualizado: 25 de Junio de 2018

Entre una gran expectativa mediática, los cinco miembros de La Manada comparecieron hoy en el Juzgado de guardia de Sevilla, para cumplir con lo ordenado por la Audiencia Provincial de Navarra tras decretar el pasado viernes su libertad provisional.

Numerosos medios de comunicación se agolpaban a las puertas del Juzgado de guardia para ver la llegada y la salida de José Ángel Prenda, Alfonso J. Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero, condenados a nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven madrileña de 18 años en Pamplona durante los Sanfermines de 2016.

Por separado y entre las 9.00 y las 13.00 horas, los condenados han llegado en motocicleta a los Juzgados sevillanos, excepto el guardia civil Antonio Guerrero, que se ha trasladado en un coche blanco.

Todos han entrado al Juzgado en silencio, con rostro serio y solo Ángel Prenda realizó gestos cuando la prensa le ha preguntado cómo se encontraba.

El primero en acudir a las 9.00 horas fue el militar Alfonso Cabezuelo, quien a la salida del Juzgado fue increpado por varias personas antes de que su padre lo recogiera en una motocicleta.

Preguntado si mantenía su inocencia, rewspondió claramente: “Por supuesto. Mantengo mi inocencia”.

Una hora después apareció José Ángel Prenda, vestido con pantalones cortos y un polo de rayas, este permaneció apenas diez minutos en el Juzgado.

A la salida se negó a responder a los medios y se limitó a realizar gestos despectivos hacia la prensa antes de marcharse en una motocicleta que le esperaba.

Pasadas las 11.30 llegó Ángel Boza con actitud tranquila y gesto serio. Diez minutos después salió del Juzgado y expresó su deseo de no hacer declaraciones.

El siguiente fue el guardia civil Antonio Guerrero, quien llegó al Juzgado en coche, a diferencia de sus otros compañeros, y solo diez minutos más tarde lo hizo Jesús Escudero, quien tampoco hizo declaraciones.

Varias personas permanecieron en las puertas del edificio judicial para insultarles y mostrar su rechazo ante la libertad provisional que decretara la Audiencia Provincial de Navarra bajo una fianza de 6.000 euros para cada uno.

Los cinco deberán presentarse en el juzgado de guardia de Sevilla mientras estén en libertad provisional los días: lunes, miércoles y viernes de cada semana.

Pese a la expectación mediática y social, los condenados eludieron en todo momento a los periodistas, quienes a su vez ya están siendo objeto de debate.

Asociaciones periodísticas y profesionales de la información mostraron su firme rechazo, a que los miembros de La Manada puedan aparecer en televisión; y aseguran que: sería una “inmoralidad” y una “insensatez” porque los medios “no pueden ser altavoces de los agresores” y tienen que “evitar a toda costa “hacer víctima por segunda vez” de la afectada.

Desde movimientos feministas se pidió que, de darse esa aparición televisiva, se haga un boicot a las marcas que publiciten en los programas que den voz a los condenados.

Fuentes de Mediaset y Atresmedia aseguraron a Efe que no participarán en sus programas. A estas alturas el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, insistió que “las buenas prácticas en relación al tratamiento de la violencia de género, apuntan a que los medios no sean altavoces de los agresores”.

En el ámbito judicial, la Fiscalía General del Estado ha recordado al Gobierno que la defensa y la tutela de las víctimas “está garantizada por la intervención del Ministerio Fiscal” en todos los procedimientos en los que hay denuncia y “por mandato constitucional.”

La Fiscalía responde así a través de un comunicado a las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, quien señaló tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, que el Gobierno está estudiando “cómo hacer” que los servicios jurídicos del Estado se apersonen como parte, en defensa de las víctimas de delitos sexuales.

Por su parte, el Parlamento Navarro aprobó una declaración institucional que rechaza el auto de la sección segunda de la Audiencia de Navarra que ha permitido la liberad provisional de los miembros de La Manada.

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