Médico de Texas que presuntamente violó prohibición de aborto es demandado por abogados inhabilitados

Por Zachary Stieber
21 de Septiembre de 2021
Actualizado: 21 de Septiembre de 2021

Un médico de Texas que dice haber violado intencionadamente una nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos fue demandado dos veces esta semana.

La Ley 8 del Senado de Texas, que entró en vigor el 1 de septiembre, prohíbe a los médicos realizar abortos sin intentar primero detectar el latido del corazón del feto. Si se detecta un latido, prohíbe los abortos a menos que el médico considere que existe una emergencia médica.

El doctor Alan Braid, que opera en varias ciudades de Texas, escribió en un artículo de opinión durante el fin de semana que practicó un aborto que violaba la ley estatal porque el feto tenía edad suficiente para tener latido.

“Actué porque tenía el deber de cuidar a esta paciente, como lo hago con todos los pacientes, y porque ella tiene un derecho fundamental a recibir esta atención”, escribió. “Comprendí perfectamente que podría haber consecuencias legales, pero quería asegurarme de que Texas no se saliera con la suya en su intento de impedir que se pusiera a prueba esta ley descaradamente inconstitucional”.

Esa admisión, que parecía ser la primera de este tipo, desencadenó dos demandas, ambas presentadas en el condado de Bexar.

Ninguno de los hombres que presentaron las demandas vive en Texas. Oscar Stilley vive en Arkansas. Felipe Gomez reside en Illinois. Ambos están a favor del aborto. Ambos se oponen a la nueva ley de Texas. Y ambos esperan que sus demandas la debiliten.

“Se va a resolver en una semana”, dijo Stilley, que se describe como libertario, a The Epoch Times.

El abogado inhabilitado, que actualmente se encuentra en reclusión domiciliaria por un cargo de evasión fiscal, solicita 100,000 dólares en su demanda, que señala que Braid reconoció haber violado la Ley 8 del Senado.

Gomez, otro abogado inhabilitado, cree que la ley es un ejemplo de “extralimitación del gobierno y de regulaciones injustas e ilegales”.

La medida no permite a los funcionarios estatales hacerla cumplir. En su lugar, permite a los ciudadanos privados presentar demandas contra los médicos que supuestamente realizan abortos ilegales u otras personas que supuestamente los ayudan y los instigan.

Gomez quiere llegar a un acuerdo con Braid en el que él y el médico estén de acuerdo en que Braid no hizo nada malo. Si se aprobara dicho acuerdo, se evitaría que otros demandaran al médico, dijo Gomez, que dice ser un demócrata de la vieja escuela.

A Gomez le preocupa que si el proyecto de ley 8 del Senado no es anulado, lleve a los demócratas a aprobar leyes que permitan la vacunación forzosa.

El Departamento de Justicia y un grupo de proveedores de servicios de aborto se encuentran inmersos en batallas legales separadas sobre la ley. Los tribunales se negaron a bloquear la ley en alguno de los dos casos, pero todavía tienen que decidir si la ley es constitucional. Los opositores argumentan que viola el precedente establecido con la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe vs Wade.

La oficina de Braid remitió a The Epoch Times al Centro de Derechos Reproductivos, que ha representado a los proveedores de servicios de aborto, incluido Braid, en su demanda contra el Estado. El centro no devolvió la solicitud de comentarios.

Texas Right to Life, un grupo provida que abogó por la ley, dijo que las nuevas demandas “son acrobacias legales interesadas, abusando de la causa de acción creada en la Ley de latidos del corazón de Texas para sus propios fines”.

“Ninguna de estas demandas es un intento válido de salvar vidas humanas inocentes”, dijo el grupo en un comunicado.

Stilley dijo que trató de ponerse en contacto con Texas Right to Life y que incorporaría cualquier argumento contra la ley que ellos crean que debe ser utilizado.


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