Moderna «tira 30 millones de dosis a la basura», según su director ejecutivo

Por Katabella Roberts
25 de mayo de 2022 2:07 PM Actualizado: 25 de mayo de 2022 2:07 PM

Stéphane Bancel, el director general de Moderna, la empresa farmacéutica y biotecnológica, afirmó que la compañía está tirando millones de dosis de vacunas COVID-19 porque «nadie las quiere».

Bancel hizo los comentarios durante una aparición en el Foro Económico Mundial el lunes, al tiempo que señaló su preocupación por la falta de vacunas y la disminución de la inmunidad entre quienes recibieron las vacunas, pero se negaron a recibir refuerzos.

“Es triste decirlo, estoy en el proceso de tirar 30 millones de dosis a la basura porque nadie las quiere. Tenemos un gran problema de demanda”, dijo Bancel.

El jefe de Moderna explicó que su compañía se ha puesto en contacto con varios gobiernos de todo el mundo para ver si alguien quiere vacunarse, pero no ha tenido éxito.

“En este momento tenemos gobiernos, tratamos de contactarnos… a través de las embajadas en Washington. Todos los países y nadie quiere tomarlas”, dijo. “Entonces, el desafío que tenemos ahora es muy diferente al que teníamos hace dos años”.

“El problema en muchos países es que la gente no quiere vacunas”, agregó Bancel, al referirse a poblaciones en países como China y Estados Unidos.

Los comentarios de Bancel se producen cuando Moderna está lista para lanzar su refuerzo de vacuna COVID-19 específico para ómicron y una de sus subvariantes para el otoño.

El director médico de Moderna, Paul Burton, le dijo a CBS a principios de este mes: “Confiamos en que, para el otoño de este año, deberíamos tener grandes cantidades de esa nueva vacuna de refuerzo que protegerá contra ómicron y otras variantes, y realmente protegerá a los estadounidenses y a las personas de todo el mundo a medida que avanzamos hacia el otoño de 2022”.

Sin embargo, las muertes por COVID-19 han disminuido en los últimos meses y las hospitalizaciones siguen siendo relativamente bajas. Mientras tanto, las vacunas contra el COVID-19 siguen siendo un tema polarizador tras reportajes de efectos adversos.

En los últimos meses, una serie de países europeos se han encontrado con vacunas que simplemente no pueden utilizar debido a la falta de demanda, mientras que las finanzas más ajustadas tras la guerra en Ucrania significan que algunas naciones simplemente no pueden permitirse comprar más. Estos países están buscando modificar sus contratos con los productores, incluyendo a Pfizer, informó Bloomberg.

Durante una reunión virtual con funcionarios de salud de países miembros de la UE, incluidos Polonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Luxemburgo, Finlandia y otros, organizada por el ministro de Salud de Polonia, Adam Niedzielski, el 18 de mayo, los funcionarios acordaron escribir una carta conjunta a la Comisión Europea sobre la necesidad de renegociar los contratos de vacunas.

“Esperamos que la discusión con la comisión y entre los estados miembros permita flexibilidad en los acuerdos de vacunas”, afirma la carta conjunta, y agrega: “También contamos con que los productores de vacunas muestren comprensión ante los retos excepcionales a los que se enfrenta Polonia apoyando a Ucrania y dando refugio a millones de ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra”.

En una carta separada dirigida a la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, en abril, los primeros ministros de Estonia, Letonia y Lituania señalaron que las vacunas se siguen entregando a los Estados bálticos y a otros Estados miembros a pesar de la disminución de la demanda.

“Esto ejerce presión no solo sobre las redes logísticas y de almacenamiento, sino que también tiene implicaciones presupuestarias”, escribieron los presidentes.

Negociar con los fabricantes de vacunas en un esfuerzo por enmendar los acuerdos con los proveedores podría otorgar a los estados miembros el derecho a «reprogramar, suspender o cancelar por completo las entregas de vacunas con una vida útil corta», señalaron.

Mientras tanto, en otra carta, el Ministerio de Salud de Bulgaria pidió un “diálogo abierto” con la comisión y las compañías farmacéuticas, señalando el hecho de que el acuerdo actual deja a los estados miembros obligados a “comprar cantidades de vacunas que no necesitan”.


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