Un acusado de la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 está desafiando la afirmación de que tenía una «lista de muertes» en su casa.
Los fiscales dijeron en una presentación en el caso contra el líder de Oath Keepers, Stewart Rhodes, y los miembros del grupo que la redada de la casa de Thomas Caldwell descubrió un documento inquietante.
«En el registro, las fuerzas policiales recuperaron un documento que incluía las palabras ‘LISTA DE MUERTES’ escritas a mano en la parte superior con el nombre de un funcionario electoral de Georgia, un supuesto miembro de la familia de ese funcionario, y el condado y el estado asociados a ese funcionario, todo ello escrito a mano debajo», escribieron los fiscales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
La lista también incluía notas como «40+ de N.C.», que aportan pruebas de una conspiración para impedir el traspaso del poder presidencial, dijeron los fiscales.
Dijeron que el gobierno espera presentar pruebas relacionadas con el documento en el próximo juicio de algunos de los miembros.
Caldwell dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que ponía en duda la información ofrecida, que hasta ahora no tiene pruebas contundentes que la respalden.
«La afirmación del Departamento de Justicia de que yo pretendía asesinar a los trabajadores electorales es una mentira descarada y completamente repugnante», dijo. «Hay una montaña de pruebas exculpatorias que el DOJ ha ocultado al público mediante órdenes de protección».
Caldwell, un veterano de la Marina estadounidense, ha dicho que viajó al Capitolio para ver el discurso del entonces presidente Donald Trump. Él y su esposa reconocieron haber salido a un balcón del Capitolio, pero dijeron que ningún policía intentó detenerlos.
Caldwell también ha dicho que no es miembro de los Oath Keepers, aunque mantuvo correspondencia con miembros conocidos y los describió como amigos.
Explosivos
En la presentación del viernes, los fiscales también dijeron que planean presentar pruebas de que otro acusado, Jeremy Brown, transportó explosivos a la zona de Washington el 6 de enero de 2021, y que Jessica Watkins, una tercera acusada, tenía instrucciones para fabricar bombas.
Brown, que está siendo juzgado por separado por los cargos relacionados con el 6 de enero, pero no ha sido acusado de la presunta conspiración, se comunicó con algunos acusados de conspirar en la preparación del ataque al Capitolio y depositó armas en un Comfort Inn en Virginia que servía como área de preparación para un subconjunto de miembros que se describían a sí mismos como una Fuerza de Reacción Rápida (WRF), según los fiscales.
Brown también tenía explosivos en ese momento, aunque el gobierno «desconoce» si también los colocó en el hotel o si los guardó en su vehículo, que estacionó en Maryland, según la presentación.
«El gobierno planea presentar las declaraciones de Brown y las pruebas recogidas en el registro de la propiedad de Brown. Las declaraciones de Brown, las armas de fuego y los explosivos son parte del delito que se les imputa a los conspiradores, ya que son pruebas directas y contemporáneas de la forma y los medios utilizados por los conspiradores para lograr los objetivos de la conspiración», escribieron los fiscales. «De hecho, la posesión, el transporte y el almacenamiento de diversas armas en la zona de Washington, D.C., fue parte integrante de la organización y ejecución de la QRF para el 6 de enero, en la que, como se alega en la acusación, los coconspiradores se basaron como parte del plan para oponerse al traspaso legal del poder por la fuerza».
Watkins, por su parte, tenía dos recetas para fabricar bombas en su residencia, según descubrieron las fuerzas policiales durante una redada. Los fiscales dijeron que el gobierno no sabe cuándo fue que Watkins obtuvo los documentos.
Los abogados de Brown y Watkins no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un abogado de Rhodes no quiso hacer comentarios, pero dijo que su cliente respondería a preguntas ante el panel de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero.
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