El 4 de diciembre, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó mociones de destitución contra cuatro altos funcionarios del gobierno por su gestión de las investigaciones sobre el traslado de la oficina presidencial y la primera dama Kim Keon Hee.
La Asamblea, liderada por el opositor Partido Democrático de Corea (PDK), aprobó mociones contra Choe Jae-hae, presidente de la Junta de Auditoría e Inspección; Lee Chang-soo, jefe de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl; y Cho Sang-won y Choi Jae-hun, ambos fiscales superiores bajo las órdenes de Lee.
El PDK acusa a Choe de supervisar una «revisión deficiente» de las supuestas irregularidades en torno a la reubicación de la oficina presidencial en 2022, según informó The Korea Herald. El partido también citó su incumplimiento de una petición parlamentaria de presentar documentos relacionados con la auditoría como motivo de la moción de destitución.
Por otra parte, el partido acusó a los tres fiscales de no procesar a la primera dama por su presunta implicación en una trama de manipulación de la cotización de las acciones del distribuidor de automóviles importados Deutsch Motors Inc. Los fiscales no presentaron cargos contra la Primera Dama por falta de pruebas.
Los legisladores votaron 188-4 para aprobar la moción de destitución contra Choe, 185-3 contra Lee, 187-4 contra Cho y 186-4 contra Choi, según los medios de comunicación locales.
Los miembros del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) boicotearon la votación, que consideran políticamente motivada, especialmente porque tanto Lee como Cho dirigieron las investigaciones sobre Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático del Pueblo (DPK).
Los cuatro altos cargos del gobierno serán suspendidos de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional de Corea del Sur decide si confirma o no su destitución, un proceso que podría durar hasta 180 días.
Las mociones de destitución se llevaron a cabo un día después de que el Partido Democrático de Corea y otros pequeños partidos de la oposición presentaran una moción conjunta para destituir al Presidente Yoon Suk Yeol por su declaración de la ley marcial, que duró solo seis horas antes de revocarla.
Declaración de la Ley Marcial: Inconstitucional
Los legisladores de la oposición afirmaron que la declaración de ley marcial de Yoon violó múltiples leyes. Los partidos de la oposición necesitan una mayoría de dos tercios para aprobar el proyecto de destitución, que también requiere el apoyo de al menos ocho legisladores del partido gobernante. Posteriormente, el Tribunal Constitucional decidirá si lo mantiene.
Jo Seoung-lae, portavoz del Partido Democrático de Corea, declaró a varios medios de comunicación que la Asamblea Nacional votará la moción de destitución de Yoon el 8 de diciembre. El portavoz calificó la declaración de ley marcial de Yoon como una «rebelión o golpe inconstitucional e ilegal».
El Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon ha manifestado que se opondrá a la medida.
El presidente de Corea del Sur declaró la ley marcial el 3 de diciembre como parte de lo que dijo eran esfuerzos para combatir amenazas no especificadas de «fuerzas antiestatales» dentro de la oposición. En un comunicado, Yoon afirmó que la oposición estaba «paralizando» las operaciones judiciales y el poder ejecutivo, y acusó a los miembros de los partidos opositores de simpatizar con Corea del Norte.
La medida causó conmoción en todo el país y provocó protestas generalizadas. Pocas horas después de la proclamación, la Asamblea Nacional, con 190 de sus 300 miembros presentes, aprobó por unanimidad una moción para levantar la ley marcial.
Yoon revocó la declaración unas seis horas después de haberla emitido. Desde entonces, varios de sus ayudantes han dimitido, entre ellos el jefe de gabinete presidencial, el asesor de seguridad nacional y el jefe de gabinete de política, según la oficina presidencial.
El 4 de diciembre, la oficina de Yoon anunció que su ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, también había dimitido. El presidente lo sustituyó por Choi Byung Hyuk, embajador de Corea del Sur en Arabia Saudí, según informó su oficina.
Aldgra Fredly, The Associated Press y Reuters contribuyeron a este despacho.
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