La Policía Montada de Canadá ha empezado a compartir los nombres de personas y empresas, así como sus carteras de criptomonedas, con las instituciones financieras para congelar las cuentas de algunas personas involucradas en los bloqueos realizados por los convoyes y en las protestas, dicen los ministros federales.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el 17 de febrero que las fuerzas policiales están compartiendo información con las instituciones financieras de Canadá para cortar la financiación de las protestas en curso que se oponen a los mandatos por el COVID-19 del gobierno federal.
«Los nombres tanto de individuos como de entidades, así como las carteras de criptomonedas han sido compartidos por la RCMP con las instituciones financieras, y las cuentas han sido congeladas, y más cuentas serán congeladas. Las plataformas de crowdfunding y los proveedores de servicios de pago han iniciado el proceso de registro en FINTRAC», dijo Freeland.
El anuncio se produce después de que el primer ministro Justin Trudeau invocara el 14 de febrero la Ley de Emergencias, que otorga a las autoridades amplios poderes adicionales para responder a los manifestantes. La mayoría de los premiere provinciales se han opuesto a la medida, diciendo que la medida sin precedentes es innecesaria.
«Las medidas que hemos promulgado incluyen la ampliación del ámbito de aplicación de las normas canadienses para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, de modo que incluya a las plataformas de financiación social y a diversas instituciones de transacciones financieras, también les permitirá informar de actividades sospechosas y de otro tipo a FINTRAC y ayudará a poner fin a esto», dijo Freeland.
«Exigirá que las instituciones financieras reevalúen sus vínculos con todas las personas implicadas en los bloqueos e informen a nuestras organizaciones de seguridad nacional».
Dijo que la orden de emergencia también permitirá a los gobiernos federales, provinciales y territoriales comunicar información a los bancos y proveedores de servicios financieros, lo que «les permitirá poner fin a la financiación de los bloqueos ilegales».
Freeland se negó a dar a conocer las cifras concretas de cuántas cuentas, personales o corporativas, han sido objeto de la acción, diciendo que no quiere poner en peligro las «acciones operativas [que] se están tomando».
El ministro de Seguridad Pública, Marco Mendicino, también dijo en la rueda de prensa que el 16 de febrero había presentado oficialmente una moción para confirmar la declaración de emergencia del gobierno federal hecha en virtud de la Ley de Emergencias, y que espera debatir la moción con los parlamentarios «en los próximos días».
Las protestas en Ottawa y en todo Canadá comenzaron con los camioneros que se oponían a los mandatos de vacunación contra el COVID-19 del gobierno federal para los conductores que cruzan la frontera entre Canadá y Estados Unidos. A partir del 29 de enero, grandes convoyes de camiones se dirigieron a la capital para protestar contra la medida, mientras que los partidarios que se oponen a los mandatos y restricciones relacionados con la pandemia se unieron.
Muchos manifestantes han dicho que permanecerán en la capital del país hasta que se levanten los mandatos.
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