Los funcionarios del condado más grande de Arizona y Dominion Voting Systems anunciaron el lunes su desafío contra la última ronda de órdenes judiciales del Senado estatal, continuando una disputa que inició el año pasado.
En una sesión a puerta cerrada, la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa decidió no entregar más materiales o información relacionada con las elecciones al Senado de Arizona, a pesar de que un juez a principios de este año dictaminó que los requerimientos del organismo eran legales.
En una carta de seis páginas a Kory Langhofer, abogado de la presidenta del Senado de Arizona, Karen Fann, los funcionarios del condado dijeron que los auditores contratados por Fann ya tienen parte de la información que buscan y no recibirán el resto en este momento ni nunca.
Fann solicitó sobres de votación o imágenes de sobres de votación; nombres de usuario, contraseñas y claves de seguridad para máquinas electorales; registros de votantes; enrutadores o imágenes de enrutadores; y análisis de registros.
Allister Adel, la fiscal del condado, le dijo a Fann que el condado ya ha proporcionado imágenes de boletas electorales. El registrador del condado, Stephen Richer, producirá los sobres de las boletas pero solo si hay confirmación «de que se han implementado las medidas de seguridad adecuadas», escribió Adel. Richer también trabajará para producir registros de votantes.
El condado no tiene nombres de usuario, contraseñas o claves de seguridad solicitadas para las máquinas, afirman los funcionarios. Además, la solicitud es discutible porque las máquinas han sido devueltas al condado, dicen. Además, se niegan a entregar enrutadores o imágenes de enrutadores, o análisis de registros, alegando que hacerlo sería un riesgo para la seguridad.
La última orden judicial podría no ser legal, agregó Adel, porque se emitió mientras el Senado estatal estaba fuera de sesión. El condado ofreció una serie similar de objeciones generales–como describir la orden judicial como «exagerada»–que hizo el año pasado, lo cual llevó a una batalla judicial que terminó cuando el juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Timothy Thomason, dictaminó que las órdenes judiciales eran válidas.
En una carta aparte a Langhofer, un abogado que representa a Dominion dijo que la orden judicial que recibió la empresa era «legalmente defectuosa».
Eric Spencer, el abogado, alegó que el documento violaba los derechos de debido proceso de Dominion, sus derechos de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables, y sus derechos bajo la Cláusula de Asuntos Privados de la Constitución de Arizona.
“Debido a que la orden judicial es ilegal y no se puede hacer cumplir, Dominion espera que el litigio sobre la orden judicial no sea necesario. Sin embargo, en caso de que surja un litigio, Dominion tiene la intención de buscar todos los recursos disponibles, incluida (pero no necesariamente limitada a) la recuperación de los honorarios, gastos y daños de sus abogados” según la ley estatal, dijo Spencer.
Dominion también se opuso a las solicitudes de registros públicos realizadas por el Senado de Arizona en busca de registros de su empresa. El director ejecutivo, John Poulos, le dijo a Langhofer en una misiva que Dominion no es un organismo público y, por lo tanto, «no tiene la obligación de hacer que sus registros estén disponibles para inspección pública».
También alegó que las claves de seguridad y las contraseñas necesarias para acceder a algunos niveles de las máquinas utilizadas en el condado de Maricopa–las que el condado afirma no tener–no son registros públicos.
“En consecuencia, dado que la Ley no tiene aplicación, Dominion no producirá ni permitirá la inspección de los materiales solicitados”, dijo Poulos.
Fann, una republicana cuyo caucus ordenó la auditoría, no respondió a una solicitud de comentarios.
Randy Pullen, un auditor retirado y expresidente del Partido Republicano de Arizona, no brindó comentarios antes de la publicación de este artículo.
La senadora de Arizona Wendy Rogers, una republicana, dijo a The Epoch Times que los senadores recibieron las cartas.
«No nos desanimamos ni nos intimidamos, y buscaremos una acción más formal en los próximos días», dijo.
Es probable que esa acción no incluya otra votación para declarar en desacato a la junta del condado de Maricopa. El Senado de Arizona no se encuentra actualmente en sesión, y dos republicanos han dicho que ahora se oponen a la auditoría, lo cual significa que tal votación probablemente fracasaría.
«Estén atentos y verán acciones», dijo Rogers. «Definitivamente no seremos obstaculizados».
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