Una comisión del Congreso ha ofrecido varias recomendaciones a los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno de Estados Unidos sobre cómo acabar con la horrible práctica del régimen chino de la sustracción forzada de órganos, con medidas que disuadirían a los estadounidenses de viajar a China para someterse a un trasplante de órganos.
La Comisión Ejecutiva-Congresional bipartidista sobre China (CECC) publicó el 20 de diciembre su informe anual 2024 sobre las condiciones de los derechos humanos en China. El informe, de más de 300 páginas, documenta los «enormes incumplimientos de las normas internacionales de derechos humanos» por parte de China, según el presidente y el copresidente de la comisión, el representante Chris Smith (R-N.J.) y el senador Jeffrey Merkley (D-Ore.), respectivamente.
Una sección de las recomendaciones del informe se centra en abordar las prácticas chinas de extracción forzosa de órganos. Sugiere que la administración presidencial implemente normativas para impedir que las aseguradoras federales cubran los costes de los trasplantes de órganos realizados en China, así como la atención posterior al trasplante, incluidos los medicamentos inmunosupresores, para los pacientes que se someten a cirugía en China.
Durante más de una década, China ha sido uno de los principales destinos para los turistas médicos que buscan trasplantes de órganos, ya que los hospitales chinos han ofrecido sistemáticamente tiempos de espera cortos para órganos compatibles, significativamente más cortos que en los países desarrollados con programas públicos de donación de órganos. En China se utiliza a los presos de conciencia como banco de órganos vivos y se les mata a petición de sus órganos.
Algunos gobiernos estatales han tomado medidas para combatir la extracción forzosa de órganos sancionada por el Estado chino. A partir de junio de 2023, Texas, Utah e Idaho han promulgado leyes para impedir que las compañías de seguros cubran las operaciones de trasplante si los órganos proceden de China.
La comisión también sugirió que el poder ejecutivo investigue si se ha proporcionado dinero federal a entidades chinas implicadas en prácticas poco éticas de trasplante de órganos.
Además, el poder ejecutivo también debe denegar los visados estadounidenses a los médicos e investigadores chinos que estén relacionados con la extracción forzada de órganos antes de 2015.
Según el informe, el Departamento de Estado también debería utilizar su programa de recompensas a los denunciantes para reunir pruebas creíbles que permitan responsabilizar a los autores de la extracción forzada de órganos del régimen chino y «disuadir y desbaratar el mercado de órganos obtenidos ilegalmente».
En mayo, Smith y otros comisionados de la CECC enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken solicitando que se reservaran fondos, afirmando que «existe una necesidad apremiante de descubrir información de primera mano de aquellos que presenciaron o participaron» en la sustracción forzada de órganos en China.
La comisión también instó a la administración presidencial a crear una coalición de socios en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para investigar las preocupaciones sobre el asunto planteadas por expertos en derechos humanos de la ONU y tribunales independientes.
En junio de 2021, una docena de expertos en derechos humanos afiliados a las Naciones Unidas dijeron que estaban «extremadamente alarmados por los informes de presunta ‘sustracción de órganos’ dirigidos a minorías, incluidos practicantes de Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos, detenidos en China».
En 2019, el Tribunal independiente de China en Londres concluyó que el régimen chino había estado extrayendo por la fuerza órganos de prisioneros de conciencia durante años «a una escala sustancial», siendo los practicantes de Falun Gong la «principal fuente» de órganos humanos.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una disciplina espiritual que anima a sus practicantes a vivir según los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. A finales de la década de 1990, la práctica se había hecho enormemente popular en China, con al menos 70 millones de adeptos, según estimaciones oficiales de la época.
El Partido Comunista Chino (PCCh), que veía la popularidad de Falun Gong como una amenaza para su poder político, lanzó una brutal campaña de persecución en 1999 con el objetivo de erradicar la práctica. Desde entonces, millones de personas han sido detenidas en prisiones, campos de trabajo y otras instalaciones, cientos de miles han sido torturadas durante su encarcelamiento y un número incalculable han sido asesinadas, según el Centro de Información Falun Dafa.
La comisión reiteró su llamamiento del informe del año pasado, afirmando que el Congreso debería aprobar la Ley de Detención de la Extracción Forzada de Órganos de 2023. La Cámara de Representantes aprobó su versión de la ley en marzo del año pasado.
Si se promulgara, sancionaría a cualquier persona implicada en la sustracción forzada de órganos y exigiría al gobierno que informara anualmente sobre tales actividades en países extranjeros.
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