El 22 de noviembre, la Corte Suprema aceptó dar audiencia a la apelación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) contra la sentencia de una corte inferior que anuló un subsidio de banda ancha de 8000 millones de dólares anuales.
La nueva decisión de la Corte en el caso FCC vs. Consumers’ Research llegó en forma de una orden sin firma. La Corte no explicó su decisión. Ningún juez disintió.
La Corte consolidó el caso con una apelación relacionada, SHLB Coalition v. Consumers’ Research, refiriéndose a la Coalición de Escuelas, Salud y Bibliotecas de Banda Ancha. Los dos casos se verán juntos. No se ha fijado fecha de la audiencia.
El 24 de julio, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos determinó que el Fondo de Servicio Universal (USF) era inconstitucional porque restaba poder tributario al Congreso.
El fondo fue autorizado por el Congreso en la Ley de Telecomunicaciones de 1996 para subsidiar los servicios de telecomunicaciones, incluido el servicio de Internet, según la FCC. El fondo subsidia a las compañías telefónicas que prestan servicios en regiones de alto costo, clientes de bajos ingresos, proveedores rurales de servicios de salud, escuelas y bibliotecas.
El programa se financia con un impuesto sobre el servicio telefónico y lo administra la Universal Service Administrative Company (USAC), una empresa privada creada por la FCC. El impuesto se recauda mediante cargos por línea que aparecen en las facturas telefónicas mensuales.
El Quinto Circuito declaró que el sistema empleado para sostener el fondo violaba la doctrina de no delegación, que establece que el Congreso no puede delegar sus poderes legislativos en otras entidades, incluidas organizaciones privadas y agencias administrativas.
La Procuradora General de los Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, argumentó en la petición presentada el 30 de septiembre que la sentencia de la corte de circuito debe ser anulada.
La decisión «invalida el sistema que la Comisión ha utilizado durante un cuarto de siglo para aplicar una importante ley del Congreso», escribió. «Si se mantiene, la decisión pondrá patas arriba los programas de servicio universal, en detrimento de millones de consumidores de todo el país».
La petición relata que el Quinto Circuito sostuvo que el Congreso delegó su potestad tributaria en la FCC cuando aprobó la Ley de Telecomunicaciones. A continuación, la comisión subdelegó esa potestad en la USAC, que «se basó en empresas de telecomunicaciones con ánimo de lucro para determinar cuánto tendrían que pagar los ciudadanos estadounidenses por el impuesto de “servicio universal” que aparece en las facturas de telefonía móvil de todo el país».
La corte encontró que el «impuesto erróneo viola el Artículo I, [Sección] 1 de la Constitución». Esa parte de la Constitución establece que «Todos los poderes legislativos… corresponderán al… Congreso».
El Congreso no definió el «servicio universal» y, en su lugar, otorgó a la FCC la autoridad para hacerlo, según el tribunal. El órgano legislativo otorgó a la agencia de comunicaciones la facultad de «“establecer” periódicamente el concepto de “servicio universal” “teniendo en cuenta los avances en las telecomunicaciones y las tecnologías y servicios de la información”».
Esto significa que la FCC ha dado a USAC autoridad «para imponer el Impuesto [del Fondo de Servicio Universal]».
«El Congreso, y no las agencias, debe tomar las decisiones legislativas», dijo la corte de circuito.
Prelogar dijo que el gobierno federal no estaba de acuerdo con la conclusión de la corte.
«El Congreso no delegó poder legislativo a la Comisión. La Comisión no delegó poder gubernamental en el Administrador [de la FCC]. Ni la combinación de esas dos atribuciones de responsabilidad creó una violación constitucional».
El Quinto Circuito se equivocó, escribió, y su decisión «entra en conflicto con las decisiones de los Circuitos Sexto y Undécimo, que han rechazado impugnaciones similares de no delegación».
El demandante, Consumers’ Research, una organización sin ánimo de lucro con sede en Viena, Virginia, presentó un escrito argumentando a favor de la decisión de la corte de circuito.
El grupo describió el Fondo de Servicio Universal como «un programa multimillonario de bienestar social con una asignación procedente de los ingresos federales».
El problema, dijo el grupo, es que «el Congreso no impuso ninguna fórmula, techo u otras restricciones significativas sobre cuánto dinero se puede recaudar para el [fondo]».
Aunque el Congreso creó un conjunto de «principios» de servicio universal (…) son tan amorfos y no vinculantes que los tribunales —adoptando el propio lenguaje de la FCC— hace tiempo que los tachan de ‘sólo aspiracionales’», dijo el grupo.
El Congreso otorgó a la FCC el poder de «redefinir el “servicio universal” y los “principios del servicio universal” tantas veces como desee, dando a la agencia una autoridad aún más amplia para recaudar miles de millones de dólares en impuestos para un programa diseñado para beneficiar más ampliamente al país».
The Epoch Times solicitó comentarios sobre la decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso FCC vs. Consumers’ Research.
Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta del abogado de Consumers’ Research, Trent McCotter, de Boyden Gray en Washington, ni del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa a la FCC.
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