El 22 de noviembre, la Corte Suprema fijó para el 4 de marzo de 2025 la audiencia oral del recurso interpuesto por las empresas de armas estadounidenses en la demanda de 10,000 millones de dólares interpuesta por México contra las empresas de armas de fuego.
En la acción legal, México reclama 10,000 millones de dólares a los proveedores de armas estadounidenses por inundar supuestamente ese país con armas de fuego. México culpa a las empresas de una ola de crímenes violentos, alegando que sus acciones beneficiaron a los cárteles criminales.
Los demandados son el fabricante de armas Smith & Wesson y el mayorista de armas Interstate Arms.
México argumenta que el tráfico ilegal de armas hacia ese país está impulsado en gran medida por la demanda de armas de tipo militar por parte de los cárteles de la droga mexicanos.
Aunque algunos activistas del control de armas acogen con satisfacción la demanda de México, los defensores de los derechos de las armas dicen que constituye una injerencia extranjera en los asuntos de EE. UU. y tiene como objetivo paralizar la industria de armas de fuego de EE. UU. y debilitar las protecciones de la Segunda Enmienda de las que disfrutan los estadounidenses.
La apelación se refiere a la decisión del 22 de enero de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito que permitió que la demanda siguiera adelante.
En el fallo, el juez de circuito William Kayatta escribió que aunque la PLCAA limita las demandas que los gobiernos extranjeros pueden presentar ante los tribunales estadounidenses por daños experimentados fuera de Estados Unidos, México podía seguir adelante porque presentó un argumento plausible de que las empresas cometieron «violaciones a sabiendas de las leyes que regulan la venta o comercialización de armas de fuego».
Kayatta escribió que el aumento de la violencia armada en México en los últimos años «se correlaciona» con el aumento de la producción de armas en Estados Unidos que comenzó cuando expiró la prohibición de las armas de asalto en Estados Unidos en 2004.
El Primer Circuito devolvió el caso al juez de distrito estadounidense Dennis Saylor de Massachusetts, que había desestimado previamente la demanda contra las ocho empresas demandadas originales el 30 de septiembre de 2022.
Saylor determinó en 2022 que la PLCAA «prohíbe inequívocamente las demandas que pretendan responsabilizar a los fabricantes de armas de los actos de individuos que utilicen armas para los fines previstos».
Cuando Saylor volvió a examinar el caso el 7 de agosto de este año, dictaminó que México no había presentado pruebas suficientes para demostrar que seis de las empresas estaban relacionadas con delitos con armas de fuego en México y las desestimó como demandadas. Smith & Wesson e Interstate Arms permanecieron como demandadas en el caso.
En un escrito del 8 de agosto, el abogado de Smith & Wesson, Noel Francisco, instó a la Corte Suprema a escuchar el caso porque «los principales miembros de la industria estadounidense de armas de fuego se enfrentan a años de costos de litigio y el espectro de la responsabilidad aplastante de negocios».
«El Congreso dejó claro en la PLCAA que este tipo de guerra legal contra cualquier miembro respetuoso de la ley de la industria de las armas de fuego no tiene nada que hacer en los tribunales estadounidenses, y debe ser desestimada de inmediato», dijo Francisco.
Lawfare es el uso estratégico de procedimientos legales para dañar, deslegitimar, socavar o frustrar los esfuerzos de un oponente.
México argumentó en un escrito presentado el 3 de julio que la decisión del Primer Circuito era correcta.
La demanda debe seguir adelante porque las empresas «deliberadamente optaron por participar en una conducta ilegal … para sacar provecho del mercado criminal de sus productos», afirma el escrito.
Las empresas armamentísticas se equivocan al argumentar que la posibilidad de que se las considere «responsables de negligencia y alteración del orden público» representa «una amenaza existencial para la industria armamentística», afirma el escrito.
El caso es Smith & Wesson Brands Inc. contra Estados Unidos Mexicanos.
Se espera una decisión sobre el caso para finales de junio de 2025.
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