La Corte Suprema de EE. UU. examinó esta semana si las leyes estatales y federales permiten a un fideicomisario de bancarrota recuperar un pago realizado al IRS que podría haber sido fraudulento.
La corte nombra a un fideicomisario de bancarrota para que administre el patrimonio del deudor en un procedimiento de quiebra. El fideicomisario se mantiene informado de la situación financiera del deudor, recauda los activos y distribuye el dinero a los acreedores.
En un procedimiento de quiebra, un acreedor normalmente tiene que reembolsar los pagos que el deudor hizo en el período previo a la declaración de quiebra. Cuando un deudor realiza un pago en el periodo previo para evitar a los acreedores, una corte puede declarar la transacción transferencia fraudulenta.
En Estados Unidos contra Miller, se pidió a los jueces durante el argumento oral del 2 de diciembre que consideraran si los pagos tienen que ser reembolsados cuando el IRS es el acreedor.
El caso se remonta a 2017, cuando All Resort Group Inc. se acogió al Capítulo 11 de bancarrota, según la petición. Tal presentación permite a los deudores reorganizar sus asuntos y permanecer en el negocio.
En 2014, cuando la empresa ya era insolvente, pagó 145,138 dólares al IRS para satisfacer las deudas tributarias de dos de los directores de la empresa.
Una corte federal de quiebras de Utah convirtió el caso del Capítulo 11 en un procedimiento del Capítulo 7, en el que un administrador vende los activos del deudor para cubrir las deudas. Al deudor se le permite conservar ciertos bienes que la ley exime de liquidación.
El administrador de la quiebra, David Miller, inició un procedimiento contencioso contra Estados Unidos para intentar anular los pagos al IRS.
El artículo 544(b) del Código de Quiebras de EE. UU. permite al administrador impugnar «cualquier transferencia… que sea anulable en virtud de la legislación aplicable por un acreedor» que tenga una reclamación válida.
Miller argumentó que puede recuperar el pago al IRS a pesar de que, como agencia del gobierno federal, normalmente es inmune a las demandas.
La corte de quiebras determinó que, dado que los pagos de impuestos se realizaron más de dos años antes de que se presentara la solicitud de quiebra de la empresa, la reclamación del administrador en virtud de la cláusula de transferencia fraudulenta del código de quiebras se presentó demasiado tarde.
Sin embargo, la corte de quiebras estuvo de acuerdo con el síndico en que, en virtud de la legislación de Utah, el pago al IRS podía anularse porque la ley de ese estado permite cuatro años para revocar un pago fraudulento.
La corte de quiebras dictó sentencia contra Estados Unidos por 145,138 dólares en marzo de 2020.
El gobierno apeló y la corte federal de distrito de Utah confirmó la sentencia en septiembre de 2021.
El gobierno apeló de nuevo y la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el 10º Circuito afirmó en junio de 2023.
Durante el argumento oral del 2 de diciembre, la abogada del fideicomisario, Lisa Blatt, dijo que el Congreso ha explicado específicamente cuándo el IRS debe recibir un tratamiento especial, pero no lo hizo en la Sección 544 (b) del Código de Bancarrota de Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno argumenta que el IRS debe retener los activos que otros estarían obligados a devolver, dijo Blatt.
«Ese resultado impediría al fideicomisario recuperar este dinero y pagárselo a los conductores de autobús y a los mecánicos y a los proveedores que, sin duda, dieron a All Resort más valor que el que le dio el IRS», dijo el abogado. «La postura del gobierno acaba por destruir la igualdad de los acreedores. Cuando los gobiernos son acreedores, como en este caso, el gobierno se queda con la transferencia fraudulenta y con su parte de un pastel mucho más pequeño».
La jueza Elena Kagan dijo a la abogada del Departamento de Justicia de EE. UU. Yaira Dubin que parecía «un poco peculiar» que la inmunidad gubernamental del IRS se renuncie en el Código de Quiebras pero no en las reclamaciones de derecho estatal fuera del proceso de quiebra.
Dubin discrepó sobre el efecto de la disposición legal, pero Kagan dijo: «¿Por qué se habría tomado el Congreso la molestia de renunciar a la inmunidad soberana si el síndico siempre iba a perder de todos modos?».
El juez Brett Kavanaugh dijo a Dubin que su posición «crearía un libro de jugadas para el fraude, que pagas tus deudas fiscales personales con fondos corporativos y dejas que el IRS luego, en sus palabras, se esconda detrás de la inmunidad soberana que defraudaría a los acreedores».
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo: «El resultado de su punto de vista es que el fideicomisario puede recuperar el dinero de la patrimonio en esta circunstancia particular de una manera que ningún acreedor real podría porque usted admite que todos los acreedores reales que presenten una demanda contra Estados Unidos para la recuperación de … esta transferencia fraudulenta estarían excluidos por la inmunidad soberana».
Se espera que la Corte Suprema emita su fallo sobre el caso en junio de 2025.
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