La Corte Suprema rechazó el 9 de diciembre un recurso contra la política de un distrito escolar de Wisconsin que permitía a los estudiantes someterse a transiciones de identidad de género sin informar a los padres.
La decisión de denegar la petición llegó en forma de una orden sin firma en el caso Parents Protecting Our Children vs Eau Claire Area School District. Los miembros del grupo no incorporado que impugnan la política son padres de niños matriculados en el distrito escolar.
Tres jueces votaron a favor de escuchar el caso, pero cuatro votos son necesarios bajo las reglas de la corte para programar los argumentos orales.
El nuevo fallo se emitió después de que la Corte Suprema escuchara los alegatos orales el 4 de diciembre en el caso Estados Unidos vs Skrmetti, en el que el gobierno federal impugna una ley de Tennessee que prohíbe los bloqueadores de la pubertad y los tratamientos médicos para los menores que se identifican como transexuales.
Veintiséis estados han promulgado leyes que prohíben los tratamientos transgénero en menores. Algunos también exigen que la participación en deportes escolares se base en el sexo biológico, exigen baños específicos para cada sexo y prohíben la asistencia de menores a espectáculos de travestis. Otros estados han aprobado leyes que protegen los tratamientos de género en menores.
Una corte federal de distrito desestimó el caso de Wisconsin en febrero de 2023, dictaminando que Parents Protecting Our Children carecía de legitimación para impugnar la política. En marzo de 2024, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. confirmó la sentencia.
En su petición del 5 de junio, el grupo de padres dijo que el distrito escolar, «al igual que otros más de mil distritos escolares en todo el país, ha adoptado una política para facilitar las transiciones de identidad de género en la escuela y mantener esto oculto a los padres que no estarían de acuerdo en que es en el mejor interés de su hijo cambiar la identidad de género».
«El Distrito incluso formó a todo su personal en el sentido de que ‘los padres no tienen derecho a conocer la identidad de sus hijos. Ese conocimiento deben ganárselo’», declaró el grupo.
La petición decía que la Corte Suprema dictaminó en el caso Troxel vs Granville (2000) que los padres poseen un «derecho constitucional fundamental a tomar decisiones relativas a la crianza de [sus] propios [hijos]».
La corte también dictaminó en Parham vs J.R. (1979) que un organismo gubernamental que intente «suplantar la patria potestad» viola la Constitución y es «repugnante para la tradición estadounidense».
La Corte Suprema debería aceptar el caso de Eau Claire para demostrar que «los padres sujetos a tales políticas tienen legitimación para impugnarlas», decía la petición. «Si no lo hacen, la ley federal de legitimación se ha descarrilado de verdad».
El distrito escolar presentó un escrito el 8 de julio instando a la Corte Suprema a no aceptar el caso.
El grupo reconoció que presentó su demanda «como un desafío facial previo a la aplicación para invalidar la totalidad de la nueva política [del distrito escolar]», dice el escrito.
Además, el grupo «tergiversó gravemente» la orientación administrativa sobre la política, «basándose en su propia interpretación especulativa en lugar de en lo que dice el documento».
La guía prevé la creación de un «Plan de Apoyo de Género» para apoyar las necesidades educativas y garantizar que un estudiante «tenga acceso y oportunidad de participar en los programas y actividades educativas del Distrito».
El escrito dice que el distrito mantiene los planes de apoyo de género «en el archivo permanente de registros de alumnos de un estudiante», que está «siempre disponible para sus padres».
El juez Brett Kavanaugh indicó que concedería la petición del grupo, pero no explicó por qué.
El juez Samuel Alito presentó una opinión, a la que se unió el juez Clarence Thomas, disintiendo de la denegación de la petición.
Alito escribió: «El temor de los padres de que el distrito escolar pueda tomar decisiones por sus hijos sin su conocimiento y consentimiento no es “especulativo”. Simplemente están tomando la palabra del distrito escolar».
Alito también dijo que estaba «preocupado porque algunas cortes federales están sucumbiendo a la tentación» de ver la doctrina de la legitimación «como una forma de evitar algunas cuestiones constitucionales particularmente polémicas».
Aunque los tribunales deben respetar «los límites de su autoridad constitucional, es igualmente importante que lleven a cabo su ‘obligación prácticamente inquebrantable… de ejercer la jurisdicción que se les ha otorgado’», escribió, citando el precedente de 1976 del Distrito de Conservación del Agua del Río Colorado vs Estados Unidos.
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