El 6 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la demanda de una viuda contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) por el asesinato de su marido a manos de terroristas.
La orden, sin firma, se emitió en el caso Fuld contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) sin comentarios adicionales. Ningún juez se opuso a la decisión.
Al mismo tiempo, el tribunal también acordó conocer un caso relacionado, Estados Unidos contra la OLP. Ambas apelaciones se consolidaron y se verán en conjunto en una fecha aún por determinar.
La nueva decisión se produjo después de que un tribunal federal de apelaciones fallara a favor de la OLP y la Autoridad Palestina (AP), desestimando la demanda. Previamente, el Congreso había aprobado una ley que instruía a los tribunales a atender las demandas de las víctimas.
La cuestión jurídica central es si la Ley federal de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo (PSJVTA) es compatible con la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, según la petición de la demandante Miriam Fuld.
El gobierno de Biden, que sostiene la constitucionalidad de la ley federal, instó a la Corte Suprema a revisar el caso de Fuld.
La PSJVTA es una enmienda de 2019 a la Ley Antiterrorista federal que creó el derecho de las víctimas de atentados terroristas contra estadounidenses en el extranjero a presentar demandas en tribunales estadounidenses. La Ley Antiterrorista se inspiró en una demanda interpuesta contra la OLP por el asesinato en 1985 de Leon Klinghoffer, un pasajero estadounidense en silla de ruedas, «que recibió un disparo en la cara y fue arrojado al mar por secuestradores de la OLP», según la petición.
La PSJVTA establece que la OLP y la Autoridad Palestina se consideran que aceptaron ser demandadas en tribunales estadounidenses si distribuyen pagos «a terroristas por matar o herir a estadounidenses». La Autoridad Palestina gestiona un denominado fondo de mártires que proporciona pagos a las familias de palestinos muertos, encarcelados o heridos al cometer actos de violencia contra Israel.
Fuld presentó su demanda ante un tribunal federal de Nueva York después de que su marido Ari Fuld fuera asesinado cerca de un centro comercial en Cisjordania en 2018 por un terrorista palestino supuestamente incitado por la OLP. Otras víctimas del terrorismo y sus familias también se unieron al mismo procedimiento legal, según la petición.
Tras un juicio de siete semanas, un jurado declaró en enero de 2022 que los empleados de la OLP y la AP «actuaban dentro del ámbito de su empleo y habían planeado o participado en cada uno de los ataques». A los demandantes se les concedieron 218,5 millones de dólares por daños, cifra que luego se triplicó según la ley federal.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. revocó la sentencia en septiembre de 2023, argumentando que el tribunal inferior no tenía autoridad legal para conocer el caso.
El tribunal de circuito determinó que los demandados tenían derecho al debido proceso porque «ni la OLP ni la AP están reconocidas por Estados Unidos como Estado soberano». Los tribunales estadounidenses no podían conocer del caso porque los demandados estaban «en casa» en «Palestina» y porque los actos denunciados ocurrieron «totalmente fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos».
Si la Corte Suprema acepta el caso a principios del próximo año, es probable que se dicte sentencia en junio de 2025.
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