Disminuye violencia en el Estado de Ceará por actuación de tropas enviadas por el gobierno brasileño
El número de ataques en Fortaleza y en la región metropolitana disminuyó en las primeras 24 horas de operación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, FNSP, en apoyo a las fuerzas policiales locales.
Los ataques, que llegaron a ser 45 el jueves (3 de enero) y 38 el sábado (5), “disminuyeron a 23 el domingo (6)”. El FNSP está participando en acciones de seguridad desde el sábado a las 7 de la tarde, según un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Con una fuerza de 330 hombres y 20 vehículos, el FNSP realiza patrullas preventivas y represivas en puntos importantes como terminales de autobuses y carreteras.
La planificación de las operaciones está a cargo de la Policía Militar del Estado de Ceará.
«Los agentes de seguridad locales y la Fuerza Nacional pudieron responder a la ola de crímenes que golpeó la capital de Ceará en los últimos días», dijo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El FNSP permanecerá en el estado hasta por 30 días, los cuales pueden ser extendidos.
Los ataques, en su mayoría incendiarios, comenzaron la noche del pasado miércoles y el viernes.
Decenas de autobuses, bancos y empresas fueron quemados hasta los cimientos en decenas de ataques a la infraestructura y a la propiedad privada.
Los medios de comunicación locales informaron que había bandas de delincuentes detrás de los ataques en protesta por las nuevas y más duras medidas carcelarias contra el crimen organizado desde las cárceles de Brasil.
Un hombre camina frente a un vehículo quemado tras un ataque el 5 de enero de 2019 en Fortaleza (Brasil). EFE
Las autoridades sospechan que los atentados fueron ordenados desde el interior de las prisiones, que en Ceará como en buena parte del país, están virtualmente controladas por bandas del crimen que disputan territorios para la venta de drogas u otros delitos.
Esa presunción responde a que los ataques comenzaron después de que el Gobierno regional anunció medidas que apuntan a endurecer los controles en los presidios y ponerle coto a las actividades ilegales que dirigen los jefes de esas bandas desde el interior de las cárceles.