El Departamento de Justicia ha presentado escritos, argumentando ante la Corte Suprema que las citaciones de la Cámara de Representantes y de una investigación de Nueva York para acceder a los registros financieros del presidente Donald Trump son inconstitucionales.
El procurador general Noel Francisco argumentó en los dos escritos amigos de la corte distintos presentados el lunes que la Constitución y la separación de poderes protegen a los presidentes de cualquier proceso que pudiera «perjudicar la independencia de su cargo o interferir con el desempeño de sus funciones».
Sostiene que cuando los comités de la Cámara de Representantes y la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan trataron de obtener acceso a los registros financieros de Trump, sus acciones habían planteado un «grave riesgo» de hostigar al presidente, distrayéndolo de sus deberes constitucionales.
Los casos en cuestión llegaron a la Corte Suprema después de que los jueces de apelación sostuvieron tres casos de apelación de decisiones de cortes inferiores que requieren que la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, y dos bancos cumplan con las citaciones emitidas por la Cámara y un fiscal de distrito de Nueva York en una investigación de gran jurado. Dos de los casos se derivan de citaciones emitidas a principios de año por tres comités de la Cámara —Servicios Financieros, Inteligencia y Supervisión— como parte de sus investigaciones sobre las acusaciones de los tratos del presidente. Mientras tanto, el tercer caso trata de una investigación criminal en Manhattan.
La Corte Suprema ha consolidado los dos casos relacionados con la Cámara y escuchará ambos casos relacionados con la Cámara y con Nueva York el 31 de marzo.
La Corte Suprema considerará si la Constitución permite a los tres comités de la Cámara emitir citaciones a terceros para los registros financieros personales de un presidente en ejercicio. La corte también decidirá si un gran jurado del estado está autorizado a emitir una citación a terceros para los registros financieros de un presidente en ejercicio.
En los casos relacionados con la Cámara, Francisco argumenta que los comités no han mostrado un propósito legislativo legítimo para la información que buscan.
«El artículo II establece una inmunidad frente a cualquier proceso que pueda perjudicar la independencia de su cargo o interferir en el desempeño de sus funciones», escribió (pdf). «Ese riesgo es particularmente palpable cuando los adversarios políticos del presidente controlan una o ambas cámaras del Congreso. Por esa razón, los Fundadores deliberadamente trataron de aislar al presidente de la interferencia del Congreso en particular».
Francisco añade que como umbral, el pleno de la Cámara debe «autorizar inequívocamente una citación contra el presidente». Añade que el propósito debe establecerse con especificidad y que la Cámara debe demostrar que la información buscada es crítica para el propósito legislativo.
Dijo que la Cámara no cumple con los «altos requerimientos» para buscar información del presidente.
«Las cuatro razones ofrecidas en apoyo de la citación de Mazars traicionan un objetivo de aplicación de la ley no permisible, y la declaración calificada de que la citación fomenta ‘múltiples leyes y propuestas legislativas’ es demasiado vaga para permitir, mucho menos soportar, un escrutinio significativo de su legitimidad», escribió.
«De igual modo, las citaciones del Deutsche Bank y del Capital One buscan información que no es evidentemente crítica para ningún propósito legislativo legítimo. La investigación de uno de los comités se centró en cerrar las lagunas de las leyes sobre el lavado de dinero, y el otro en la interferencia extranjera en las elecciones. El hecho de que dos comités emitieran citaciones con exactas copias para propósitos marcadamente divergentes sugiere fuertemente que ninguno de los dos es el verdadero propósito. Además, la resolución en la que se basan los comités ni siquiera menciona la injerencia extranjera en las elecciones, y no hay razón para que la investigación de posibles cambios en las leyes de lavado de dinero se centre en el presidente en particular», dijo.
Francisco hizo argumentos similares en su presentación en el caso del gran jurado de Nueva York. En ese caso, el fiscal del condado de Nueva York, Cyrus Vance Jr., emitió una citación a Mazars solicitando los registros financieros de Trump en relación con un caso penal. Vance está investigando el dinero por silencio que supuestamente se pagó a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016—la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Trump ha negado los rumores y cualquier otro delito. Trump demandó a Vance en septiembre en un intento de bloquear la citación. El tribunal de distrito denegó la solicitud de Trump de una orden judicial sobre la citación y anuló el caso en octubre, incitando a los abogados del presidente a presentar una apelación.
El departamento argumenta que no se debería permitir a los fiscales estatales emitir tales citaciones porque podrían ser utilizadas para «hostigar al presidente en represalia por las políticas oficiales del presidente».
«Tales citaciones también podrían someter al presidente a responsabilidades significativas, amenazando con desviar el tiempo y la energía del presidente de sus singularmente importantes deberes públicos», escribió Francisco (pdf).
Sostiene que los fiscales locales tienen «fuertes incentivos para responder a los intereses de sus propias comunidades» en lugar de considerar los efectos de las citaciones sobre la nación en su conjunto.
«Y a diferencia de los fiscales federales, los fiscales locales no están sujetos a la supervisión centralizada del fiscal general», escribió. «Permitir que las citaciones del gran jurado estatal para los registros personales del presidente abre la puerta para que las comunidades utilicen dichas citaciones para registrar su desaprobación de las políticas del presidente».
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