Entre los últimos proyectos de ley presentados en el actual Congreso, y las primeras resoluciones que se presentarán en el nuevo Congreso que se reúne el 3 de enero, estarán las resoluciones que buscan suspender la aplicación de las «regulaciones de medianoche» de la administración Biden.
El líder saliente de la actual minoría del Senado, el senador Mitch McConnell (R-Ky.), afirmó en varias ocasiones esta semana que la mayoría entrante del Senado está preparando resoluciones de la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para «frenar a los burócratas de Washington» mientras las normas de las agencias son revisadas por el nuevo Congreso, con los tres poderes en manos del GOP.
Las normativas de la administración Biden para 2024 «suponen por sí solas el segundo total anual más alto por páginas en el Registro Federal», dijo el senador en una declaración el 20 de noviembre, señalando que desde que asumió el cargo, la administración «impuso costos regulatorios que, según una estimación, superan los 1.8 billones de dólares. Eso es un billón con ‘B'».
La Ley de Revisión del Congreso (CRA) permite al Congreso suspender, por mayoría simple, la aplicación de cualquier norma o reglamento adoptado en los últimos 60 días legislativos.
La CRA se ha utilizado a menudo para frenar la elaboración de normas «de medianoche» por parte de la administración saliente. Una resolución CRA no deroga una norma, sino que prohíbe a los organismos aplicarla. Una vez aprobada en ambas cámaras, la resolución se promulga con la firma del presidente.
La disposición de «retrospectiva» de la CRA concede al nuevo Congreso tiempo adicional para presentar una resolución CRA. La fecha límite, o de «revisión retrospectiva», es incierta hasta que el actual Congreso entre en receso y el recién elegido se reúna el 3 de enero de 2025.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estimó a finales de agosto que el reloj de «retrospectiva» comenzó a correr el 1 de agosto, lo que significa que todas las normas y reglamentos finalizados desde entonces podrían caer bajo el ámbito de la CRA.
El Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington (GWU) creó un cuadro de la CRA que calcula que hasta 907 normas definitivas podrían entrar en el ámbito de aplicación de la CRA, tomando como referencia la fecha del 1 de agosto.
A principios de este año, el centro informó de que «las agencias federales batieron récords al publicar 66 normas finales significativas» en abril de 2024.
«El aumento de las normas está relacionado con la expectativa de que las normas finalizadas más adelante en el año pueden estar en riesgo de ser anuladas a través de la Ley de Revisión del Congreso», escribió Zhoudan Xie, analista principal de políticas en el Centro de Estudios Regulatorios de GWU, en el informe.
Entre las normas potencialmente vulnerables a la CRA hay una que ya ha sido objeto de un proyecto de ley bipartidista en el Congreso: las normas finales del Departamento del Tesoro adoptadas el 28 de octubre para los créditos de producción de fabricación avanzada de la Sección 45X en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA).
Los representantes John Moolenaar (R-Mich.) y Jared Golden (D-Maine) co-introdujeron una resolución para bloquear la aplicación del crédito 45x, ya que permite a las empresas afiliadas a China para calificar para la producción de componentes de energía limpia.
Un análisis realizado por E&E News de POLITICO descubrió que al menos ocho empresas vinculadas a China han gastado más de 1200 millones de dólares para construir 23.6 gigavatios de capacidad de módulos solares desde que se aprobó la IRA.
Trina Solar, con sede en Changzhou, China, por ejemplo, estaba en fila para recibir casi 1800 millones de dólares en créditos fiscales de la IRA antes de vender su fábrica de paneles solares de 5 gigavatios y 1.35 millones de pies cuadrados en Texas seis días después de inaugurarla, y un día después de que el presidente electo Donald Trump ganara la reelección el 5 de noviembre. La vendió a FREYR Battery, fundada en Noruega, por 340 millones de dólares.
«Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que el Partido Comunista Chino (PCCh) se beneficie del dinero de los impuestos de las familias trabajadoras estadounidenses», declaró el representante, en cuyo distrito de Michigan se encuentra la fábrica de baterías en construcción de Gotion High Tech, una empresa china.
«Desgraciadamente, la norma 45X de la administración Biden dejó la puerta abierta a que empresas afiliadas al PCCh, como Gotion, cosechen miles de millones en fondos de los contribuyentes», dijo Moolenaar en una declaración el 20 de noviembre. «Eso está mal y la legislación bipartidista de sentido común que presentamos hoy lo detendrá».
Aunque es poco probable debido a su fecha más temprana, la línea de la CRA podría apuntar a la norma de junio del Departamento de Transporte (DOT) por la que se promulgan normas más estrictas de ahorro de combustible y emisiones para vehículos de pasajeros y camiones ligeros, impugnada en los tribunales por 26 fiscales generales republicanos.
Otras normas que podrían estar en el punto de mira son la del Departamento de Salud y Servicios Humanos, de agosto, que aumenta los requisitos salariales y de prestaciones para los trabajadores de Head Start, y la de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), de octubre, que obliga a los sistemas de agua potable a sustituir las tuberías de plomo en la próxima década, lo que podría costar a las empresas de servicios públicos unos 2600 millones de dólares.
Entre las normas finalizadas se encuentran la norma de Conservación y Paisaje de la Oficina de Administración de Tierras, que pone la conservación, en términos de igualdad con otros usos de tierras públicas, y los nuevos estándares de la EPA para las emisiones de las centrales eléctricas.
Los republicanos utilizaron la CRA en 2017 para suspender 16 reglamentos emitidos en los últimos meses de la Administración Obama. Los demócratas del Congreso la utilizaron en 2021 para revocar tres normas de Trump.
«Los legisladores del GOP planean hacer lo mismo con las reglas de la administración del presidente Joe Biden», dijo McConnell. «Hace dos semanas, el pueblo estadounidense dio a los republicanos un mandato legítimo y clarísimo, y en enero, deberíamos usarlo para frenar la regulación desbocada».
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