El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha embargado la finca de Totalán (Málaga) donde el pasado enero murió el niño Julen, tras caer a un pozo, para cubrir parte de la fianza requerida por la jueza a David Serrano, el dueño del terreno y único procesado por estos hechos.
La instructora ha tomado dicha decisión después de que el investigado presentara concurso acreedores porque está en situación de insolvencia y ha afirmado que no podía pagar el requerimiento de la jueza (885.310 euros) en concepto de indemnización por las labores de rescate.
En un decreto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada declara embargada la finca propiedad de David Serrano, acusado de homicidio imprudente grave, a fin de cubrir la fianza impuesta pero señala que el valor catastral de la finca es insuficiente para asegurar la totalidad de las responsabilidades civiles exigidas.
Respecto al posible embargo de la pensión, la magistrada señala que no procede debido a que su cuantía es inembargable conforme a lo establecido en el Código Civil.
La pasada semana, el letrado presentó concurso de acreedores al asegurar que su cliente estaba técnicamente en una situación de insolvencia y aseguró a Efe que su patrocinado no podía «ni ahora ni en un futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa».
El pasado septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga acordó la apertura de juicio oral contra David Serrano y le impuso el pago de una fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias de 885.310 euros.
Este importe es para responder ante posibles indemnizaciones en el caso de que sea condenado por un delito de homicidio por imprudencia y la magistrada fijó la fianza atendiendo a la estimación que la Junta de Andalucía hizo del coste de los trabajos de rescate (663.982,45 euros).
La jueza acordó el juicio oral al concurrir indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave.
El fiscal, en su escrito acusatorio, afirma que Serrano era el único conocedor de la presencia del pozo» y «a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó media alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y Julen, que finalmente cayó por él».
Debido a ello ha solicitado que sea condenado a tres años de prisión por homicidio imprudente grave, mientras que los padres de Julen elevan su petición a tres años y seis meses de prisión al apuntar a una negligencia «extremadamente grave».
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