La violencia y los conflictos en México han provocado el desplazamiento forzado interno de 379,000 personas, según reveló este lunes el nuevo «Manual sobre desplazamiento interno» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La guía, elaborada en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), cita estos datos recogidos por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh).
El número de desplazados internos en México, con corte en 2021, se compara con los 53 millones de personas que Acnur calcula que se desplazaron internamente a nivel mundial debido a conflictos armados y violencia.
“El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de las personas afectadas», advirtió Josep Herreros, representante asistente para protección de Acnur en México, en un comunicado.
La Acnur y el CICR destacaron que «México ha tomado los primeros pasos para el abordaje integral del desplazamiento interno» desde que el Gobierno reconoció por primera vez en 2019 la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a nivel nacional.
Además, los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa han elaborado leyes estatales en la materia, mientras que en Sinaloa, Sonora y Guerrero se ha tipificado el desplazamiento arbitrario como delito.
«Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos», expresó Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México.
Ante la problemática, la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de la SCJN, en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) del Consejo de la Judicatura Federal, presentó el «Manual sobre desplazamiento interno».
El documento pretende ser una guía práctica para que los impartidores de justicia sigan «las más altas normas y estándares de derechos humanos y de derecho internacional en la materia».
También busca contribuir con la protección y garantía de los derechos de las personas desplazadas.
«Las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y, por lo tanto, el propio Estado tiene la obligación de protegerlas. Ahí juega un rol importante el Poder Judicial”, comentó Ramírez.
El desplazamiento interno es un reflejo de la violencia que padece México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.
Además, ocurre en medio del flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1.7 millones de ilegales en la frontera con México en el año fiscal 2021, de los que más de una cuarta parte eran mexicanos.
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