Ronmell López, Coordinador del grupo Nicaragua Nueva Generación, dijo en una entrevista con The Epoch Times que ante inminente deportación masiva de inmigrantes planteada por la nueva administración del presidente Donald Trump, es muy complicado para muchos nicaragüenses que residen en Estados Unidos regresar a su país.
Durante los últimos años, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a Nicaragua en una lista es especial de vigilancia de países cuyos gobiernos han participado o tolerado “violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, anunció esta semana que se mantendrá la emergencia nacional que impuso contra Nicaragua desde 2018 ante la inusual amenaza que constituye para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, ante el constante uso de violencia en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega contra los civiles y la desestabilización de la economía.
«Eso tiene un impacto fuerte, porque está mandando un mensaje que Nicaragua no es un lugar, uno, para las personas que hacen turismo, otro, deja un mensaje claro a la administración de que sigue siendo un peligro para la seguridad nacional», dijo a The Epoch Times en Español.
López indicó además que el reciente cambio de la Constitución de Nicaragua, efectuado por el presidente Daniel Ortega, incluye varias modificaciones que podrían poner en peligro la integridad de los nicaragüenses que se verían obligados a regresar a su país.
«Una nueva reforma que acaba de hacer el régimen de Ortega y Murillo, los cuales ahora ambos son presidentes porque cambiaron la constitución y la cambian cada vez que ellos quieren», dijo. «Acaban de poner una nueva ley, incluso, que muchas personas no pueden entrar al país».
Según López, en Estados Unidos residen más de 500,000 nicaragüenses, de los cuales un gran porcentaje no tienen nacionalidad ni tienen estatus de refugiados, además muchos de ellos huyeron de la violenta represión del gobierno comunista sandinista.
Ante esta situación, la ONG Nicaragua Nueva Generación (NNG) y otras organizaciones como el Fondo Nicaragüense-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (NALDEF, por su siglas en inglés) están pidiendo al gobierno de Joe Biden y al presidente electo Donald Trump, que se extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de los nicaragüenses en el país.
«Estamos luchando para que estas personas no sean deportadas. Es como entregarlos en bandeja de plata a un régimen donde ya estuviste preso y te van a meter preso de vuelta», dijo Ronmell.
«Queremos conseguir la redesignación para que les dé tiempo a las personas que llegaron, unos dos años, y que las personas puedan por lo menos arreglar su estatus de diferentes maneras», añadió.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley de Inmigración de 1990 para brindar protección a personas de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias y temporales. El TPS proporciona permiso de trabajo y protección contra la deportación a los ciudadanos de esos países que se encuentran en Estados Unidos, durante el tiempo que se determina la designación.
La administración de Joe Biden extendió el plazo del TPS para los países de El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán hasta el 9 de marzo de 2025, y extendió el período de reinscripción bajo la designación del TPS Nicaragua hasta el 5 de julio de 2025.
Sin embargo, con la entrada de la administración del presidente electo Donald Trump, quien prometió realizar deportaciones masivas a los migrantes ilegales y cerrar los programas de protección a inmigrantes, muchos nicaragüenses temen ser deportados a su país.
«Estamos luchando para que se logre antes de que entre la nueva administración, ya que hemos visto, de repente, que la mayoría de estos programas van a terminar, como el parole humanitario, el DACA», dijo López.
«Tenemos varias personas que han sido torturadas en Nicaragua y no les han aprobado el asilo, porque es muy difícil ganar un asilo», declaró.
Amnistía Internacional reportó que durante las protestas en Nicaragua del 18 de abril de 2018, cuando cientos de personas salieron pacíficamente a mostrar su desconecto con las reformas del sistema de seguridad social, la brutal represión perpetrada por Daniel Ortega dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias.
Desde entonces, el gobierno de Ortega-Murillo ha hecho uso de las leyes penales para criminalizar injustamente activistas, disidentes y la sociedad civil, llevando a la encarcelación de cientos de personas por reclamar su derecho a la libertad, denunciar abusos de las autoridades o promover o defender los derechos en el país.
“A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ahora, NNG y NALDEF trabajan de la mano para recolectar la mayor cantidad de firmas para soportar su petición al gobierno estadounidense.
«Estamos tratando de conseguir por lo menos 100,000 firmas de las que están pidiendo, las que se han pedido en las pláticas con el gobierno», dijo López. «Llevamos alrededor de 30,000 firmas para la redesignación del TPS y estamos pidiendo a la comunidad nicaragüense que nos apoye, no solo los nicaragüenses, todos, cualquier persona en Estados Unidos puede firmar esta petición, que nos quisiesen apoyar».
Puede firmar la petición dando clic aquí.
Vea la entrevista completa a Ronmell López, aquí:
Siga a Yeny Sora Robles en X: @YenySoraRobles
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