La periodista nicaragüense Patricia Orozco denunció este martes que fue desalojada de su casa y está expropiada, y que se vio obligada a salir de Nicaragua «por la represión, por el acoso, las amenazas y el desprestigio hacia el periodismo independiente por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
Orozco, directora del portal digital Agenda Propia, es una de los más de 30 periodistas que han sido citados por el Ministerio Público dentro de la causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
«Quiero denunciar que he sido expropiada de la casa de habitación que me fue otorgada por el Estado y donde he vivido junto a mi familia por 36 años. Contraviniendo así el artículo 44 constitucional, el cual garantiza el derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles», señaló en una declaración pública Orozco, quien dirigió por más de 20 años el programa radial Onda Local.
De momento, las autoridades nicaragüenses no se han referido a esa denuncia.
Desalojo entre la medianoche y la madrugada
La comunicadora explicó que la Intendencia de la Propiedad la citó en tres ocasiones exigiendo su presencia en su oficina central o delegaciones departamentales.
«Bajo el argumento que la propiedad es del Estado, dejan de lado la Ley y más bien la instrumentalizan para acosarme y perseguirme por mis ideas y mi labor periodística», continuó.
Aseguró que «bajo presencia policial, obligaron a mi familia a desalojar la casa a altas horas de la noche y la madrugada y a firmar bajo presión un documento de «entrega voluntaria», por lo que denunció «los métodos fraudulentos y la violación de la norma que el funcionariado de esta entidad usa».
Sostuvo que, al igual que ella, «muchas familias están siendo víctimas de situaciones similares con relación a sus propiedades, por sus opiniones» contrarias al gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.
«Viven acosos, presiones y amenazas, pero el temor a las represalias les frenan a hacer denuncias públicas y dar a conocer los hechos que violan sus derechos», añadió.
Llamado a la comunidad internacional
Asimismo, dijo que las autoridades «prosiguen acorralando» a su familia y que a su madre, de 87 años, con alzheimer, y a su padre, de 92 años, diabético, «les obligaron a recibir una segunda citatoria que me he hecho la Fiscalía General de la República».
«En la calle donde viven (sus padres) han estacionado una patrulla policial. Responsabilizo al régimen Ortega-Murillo de lo que pueda pasarles», anotó.
Orozco, que se definió como «feminista, periodista y defensora de derechos humanos», informó que se ha visto «obligada a salir de Nicaragua», a exiliarse, «por la represión, por el acoso, las amenazas y el desprestigio hacia el periodismo independiente por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han hecho creer que es delito informar y ser informado, contrario a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua».
Llamó a la comunidad internacional «a actuar en favor de las y los nicaragüenses y sus derechos humanos» y reafirmó su compromiso «de seguir luchando por la justicia y la igualdad» y que «no me dejaré amedrentar jamás».
El 31 de mayo pasado, Orozco explicó que entre 2016 y 2019, como beneficiarios de los proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el programa Onda Local que dirigía entonces recibió apoyo para el fortalecimiento de la calidad periodística, capacitación y mejoramiento tecnológico, «todo bajo los estándares de la cooperación internacional».
Por ese caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una treintena de periodistas y también al escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado.
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