Un proyecto de ley de Missouri crearía un programa en el que residentes, cazarrecompensas entrenados o las fuerzas del orden recibirían 1000 dólares por denunciar a inmigrantes ilegales que luego sean detenidos.
El proyecto de ley 72 del Senado, presentado por el senador electo David Gregory el 1 de diciembre, es un ejemplo de los estados que están buscando soluciones a la inmigración ilegal, una cuestión que ayudó a impulsar al presidente electo Donald Trump a un segundo mandato presidencial.
Durante la administración Biden, unos 11 millones de personas entraron ilegalmente al país, la mayoría por la frontera sur de Estados Unidos con México.
El proyecto de ley permitiría certificar a agentes de fianzas capacitados para perseguir a quienes crucen la frontera ilegalmente.
De aprobarse el proyecto de ley, los inmigrantes ilegales detenidos enfrentarían cargos por delitos graves y serían encarcelados «sin derecho a libertad condicional o libertad vigilada». El Departamento de Seguridad Pública de Missouri (DPS) desarrollaría un sistema de información para que la gente denuncie a los inmigrantes ilegales a través de un número de teléfono gratuito, correo electrónico y un portal de denuncias en Internet.
«Cualquier persona que realice una denuncia en la que se detenga a un inmigrante ilegal recibirá una recompensa de 1000 dólares», según el proyecto de ley.
El DPS estatal también crearía un «Programa de Cazadores de Recompensas Certificados de Extranjeros Ilegales de Missouri», que certificaría a los solicitantes como cazarecompensas para encontrar y detener a inmigrantes ilegales en el estado.
Los agentes de fianzas con licencia, los agentes de fianzas generales o los agentes de recuperación de fianzas pueden solicitar unirse al programa.
Además de establecer un programa de recompensas, el proyecto de ley prohibiría a los inmigrantes ilegales votar, obtener una licencia de conducción, recibir beneficios públicos o establecer residencia legal en el estado.
Haciendo eco de la agenda de seguridad fronteriza de Trump, Gregory hizo campaña con un «plan de deportación», en el que abogaba por una ley de allanamiento que permitiera la captura y encarcelamiento de inmigrantes ilegales hasta que el gobierno federal pudiera deportarlos o la junta estatal de libertad condicional pudiera investigarlos.
El proyecto de ley suscitó partidarios y opositores.
Selene Rodríguez, investigadora de política fronteriza y de inmigración de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, dijo a The Epoch Times que es alentador ver que los estados quieren colaborar con el gobierno federal para detener la inmigración ilegal.
«Ya es contrario a la ley federal entrar ilegalmente en el país y permanecer aquí sin autorización. Todos los estados deberían mantener esa ley», afirmó.
En X, Progressive Missouri publicó que las prioridades de Gregory eran equivocadas para Missouri, diciendo que debería centrarse en la financiación de las escuelas locales y que el proyecto de ley está alentando a los residentes de Missouri a «delatar a sus vecinos.»
El zar fronterizo entrante, Tom Homan, planea lanzar una operación de deportación masiva para hacer frente a la inmigración ilegal durante el segundo mandato de Trump.
Homan dijo que los criminales inmigrantes ilegales y aquellos con órdenes de deportación existentes deben ser deportados primero.
Otras ideas presentadas por Homan y Trump incluyen revertir las políticas fronterizas de la administración Biden, emitir una declaración de emergencia nacional y utilizar al ejército para ayudar en las deportaciones, restablecer las órdenes ejecutivas del primer mandato de Trump, activar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y desfinanciar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan la inmigración ilegal.
Varios estados, como Texas, Iowa y Oklahoma, han aprobado leyes que otorgarían a las fuerzas del orden locales y estatales el poder de detener y deportar a inmigrantes ilegales, pero estas leyes siguen bloqueadas en los tribunales.
Arizona aprobó una medida electoral similar en noviembre, y solo entraría en vigor una vez que una ley estatal similar, como la SB 4 de Texas, estuviera vigente en otro estado durante 60 días consecutivos.
La SB 4 de Texas se convirtió en ley en marzo, pero sigue en el limbo después de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y grupos de derechos civiles.
Gregory no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios de The Epoch Times.
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