No hay evidencia de que la prohibición de armas de asalto reduzca los tiroteos masivos, dice estudio

Por Katabella Roberts
19 de Febrero de 2020
Actualizado: 19 de Febrero de 2020

No hay pruebas de que la prohibición de las armas de asalto reduzca la “incidencia de disparos masivos mortales”, según un reciente estudio.

El estudio, realizado por la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Maryland), analizó los tiroteos masivos mortales en 45 estados entre 1984 y 2017, y la asociación entre los índices de esos tiroteos y la presencia de diversas leyes sobre armas de fuego.

Llegó a la conclusión de que “no encontró una asociación independiente entre las prohibiciones de armas de asalto y la incidencia de disparos masivos mortales después de controlar los efectos de las prohibiciones en los almacenes de gran capacidad”.

Sin embargo, señaló que “las leyes de licencia para compradores de armas de fuego que requieren una solicitud en persona o la toma de huellas dactilares, se asocian con un estimado de 56 por ciento menos de tiroteos masivos fatales en los estados que las tienen”.

“Después de cada horrible tiroteo masivo, siempre hay debates políticos sobre cómo se pueden prevenir”, dijo el autor principal Daniel Webster, director del Centro de Política e Investigación de Armas de Johns Hopkins.

“Un lado suele pedir que se amplíen las comprobaciones de antecedentes a los compradores privados, y el otro suele pedir que se reduzcan las restricciones sobre el porte de armas por parte de los civiles. Nuestros hallazgos indican que ninguna de esas prescripciones está asociada con menores tasas de tiroteos masivos fatales”.

“Lo que parece funcionar para reducir los tiroteos masivos son las leyes de licencia y las leyes que prohíben las tiendas de gran capacidad”, añadió Webster.

Originalmente establecida como la “Escuela de Higiene y Salud Pública de Johns Hopkins”, la escuela fue rebautizada como “Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins” en 2001, en honor al multimillonario Michael Bloomberg quien donó un estimado de 2900 millones de dólares a la Universidad de Johns Hopkins en un período de varias décadas.

El exalcalde de Nueva York, que actualmente se presenta como candidato demócrata a las elecciones presidenciales de 2020, es un firme defensor de las armas que desafió la Segunda Enmienda que permite a las personas conservar y llevar armas.

El año pasado, Bloomberg señaló en Twitter que hará todo lo que esté a su alcance “para detener la epidemia de violencia armada”, si es elegido como presidente de Estados Unidos.

En su campaña se propuso revisar el sistema de verificación de antecedentes para todas las ventas de armas, haciéndolo mucho más “efectivo”, y manteniendo las armas “fuera de las manos de las personas que representan un peligro para sí mismos u otros, cerrando las brechas de la violencia doméstica, prohibiendo a los delincuentes violentos, y promulgando leyes de bandera roja en todo el país”.

Bloomberg comentó que también protegerá a los niños y a las comunidades prohibiendo las armas de asalto, protegiendo las escuelas y previniendo los tiroteos no intencionados y abordando la violencia con armas de fuego en las comunidades más afectadas mediante el aumento de la financiación de una serie de programas de violencia comunitaria, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y la investigación de la salud pública sobre el tema.

Su campaña también tiene como objetivo responsabilizar a la industria de las armas y elevar la respuesta del gobierno a la crisis de la violencia con armas de fuego dando a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo la autoridad para adoptar estándares mínimos de seguridad con armas de fuego y declarar la crisis de violencia con armas de fuego como una emergencia de salud pública para acelerar los fondos y la investigación.

Los derechos de las armas son desde hace mucho tiempo un tema controvertido en Norteamérica, con defensores como la Asociación Nacional para los Derechos de las Armas de Fuego, que argumentan que los individuos deberían ser legalmente aptos para comprar un arma de fuego y portarla de forma oculta para defensa propia, sin “permiso” del gobierno.

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