El 1 de febrero de 2018 entraron en vigor los Nuevos Reglamentos sobre Asuntos Religiosos promulgados en el año 2017. Los mismos representaron la encarnación legal de la nueva política religiosa del líder Xi Jinping –siendo la misma la más restrictiva desde la Revolución Cultural–. No era necesaria una nueva ley para tomar medidas represivas contra el mercado negro de las religiones conformado por grupos prohibidos y perseguidos al ser considerados organizaciones xie jiao (significa «enseñanzas heterodoxas», e indica a los movimientos religiosos que el régimen considera peligrosos y no «precisamente» religiosos, además de hostiles al PCCh), tales como la Iglesia de Dios Todopoderoso (el movimiento más perseguido en China) o Falun Gong (una práctica avanzada de auto-cultivación de la escuela Buda, fundada por el Sr. Li Hongzhi, el maestro de la práctica. Es una disciplina en la cual “la asimilación a la característica más alta del universo —Zhen, Shan, Ren (Verdad, Benevolencia, Tolerancia). Al principio, la práctica fue elogiada por el PCCh como parte de un renacimiento legítimo de las prácticas de salud tradicionales chinas, más tarde las autoridades se preocuparon debido a su veloz crecimiento. Fue prohibida en el año 1999, incluida en la lista de xie jiao y severamente perseguida).
Las draconianas medidas que organizaban su represión ya estaban vigentes. La mayor parte de los académicos acordaron que el objetivo de los Reglamentos del 2017 era eliminar gradualmente el mercado gris, compuesto por organizaciones religiosas que no están explícitamente prohibidas ni consideradas xie jiao, pero que se resisten a ser incorporadas al mercado rojo conformado por las cinco religiones autorizadas (las organizaciones controladas por el PCCh para el cristianismo protestante, el catolicismo, el budismo, el islam y el taoísmo, conformando estas el mercado rojo de la religión) y controladas por el régimen. El segmento más grande del mercado gris está compuesto por iglesias domésticas protestantes. El Reglamento que entró en vigencia en el año 2018 tenía como objetivo obligarlas a incorporarse a la Iglesia de las Tres Autonomías controlada por el Gobierno, ingresando así al mercado rojo, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, sus lugares de culto serían destruidos y sus pastores arrestados.
El 30 de diciembre de 2019, se anunció el veredicto de condenar al pastor Wang Yi, de la Iglesia del Pacto de la Lluvia Temprana de Chengdu, una de las figuras más reconocidas entre los movimientos de iglesias domésticas, a nueve años de prisión. Quizás no sea coincidencia que el mismo día, el 30 de diciembre, el Partido Comunista Chino (PCCh) anunciara la aprobación de nuevas «medidas administrativas para los grupos religiosos», las cuales entrarán en vigor el 1 de febrero de 2020. Dos años después de los Reglamentos sobre Asuntos Religiosos del 2017, la política religiosa de Xi Jinping tendrá una nueva herramienta legal a su disposición.
Las medidas están conformadas por seis capítulos y 41 artículos, y fueron aclamadas por la propaganda del PCCh como un nuevo edicto integral sobre todos los asuntos relacionados con la «organización, funciones, supervisión y gestión de los grupos religiosos». Voces críticas las consideran el golpe final contra la libertad religiosa.
Las disposiciones de los Reglamentos del 2017 son reforzadas a través de un mecanismo que obliga a las comunidades religiosas a someter todas las decisiones relevantes para sus operaciones, incluidas las de menor importancia, a la aprobación de los burócratas del PCCh. Los departamentos de asuntos religiosos locales deberán servir como «organismos administrativos» para todas las organizaciones religiosas y serán los encargados de controlarlas de manera sistemática a través de «orientación y supervisión».
En particular, de acuerdo con el artículo 25, “el departamento de asuntos religiosos del Gobierno popular desempeñará las funciones de una unidad comercial competente y dirigirá y administrará los siguientes asuntos de los grupos religiosos, de conformidad con las leyes, reglamentos y normas pertinentes del Estado:
- Será responsable del establecimiento, cambio y cancelación del registro de organizaciones religiosas y de la revisión comercial antes de la aprobación de los estatutos; de la revisión del informe de trabajo anual de las organizaciones religiosas y, junto con las autoridades pertinentes, guiará el registro y la liquidación de las organizaciones religiosas;
- supervisará y guiará a los grupos religiosos para que lleven a cabo actividades y funciones de conformidad con las leyes y reglamentos, y se ocupará de las violaciones de leyes, reglamentos, normas, políticas y estatutos de grupos religiosos, de conformidad con la ley;
- examinará, supervisará y gestionará los asuntos que los grupos religiosos sometan a la aprobación del departamento de asuntos religiosos del Gobierno popular de conformidad con la ley;
- supervisará y guiará a los grupos religiosos para establecer y mejorar normas y reglamentos de conformidad con la Constitución, las leyes, los reglamentos, las normas, las políticas y las necesidades laborales reales, y fortalecerá la construcción ideológica, organizativa, de estilo e institucional;
- se encargará de otros asuntos que requieran orientación y gestión según lo dispuesto por las leyes y reglamentos».
Los artículos 26 y 27 enumeran los asuntos que deberán ser informados y aprobados por las autoridades antes de que las organizaciones religiosas los lleven a cabo. La extensa lista incluye el nombramiento de funcionarios en la comunidad religiosa, la organización de conferencias, la resolución de «contradicciones y disputas en el grupo», etc. El artículo 34 enumera todos los asuntos relacionados con el dinero y las finanzas. En la práctica, cada movimiento significativo de la comunidad religiosa deberá ser presentado preliminarmente al PCCh y a las autoridades, y solo podrá ser llevado a cabo si es aprobado.
La ley estipula que «sin la aprobación del departamento de asuntos religiosos del Gobierno popular o el registro en el departamento de asuntos civiles del Gobierno popular, no se podrán llevar a cabo actividades en nombre de los grupos religiosos». Si se aplica, esta disposición hará sonar una campana de muerte para las actividades del mercado gris compuesto por iglesias domésticas, comunidades católicas disidentes y otros organismos religiosos no registrados.
El artículo 17 es particularmente interesante, ya que aclara que las organizaciones religiosas existen para promover al PCCh y su ideología, en lugar de la religión. Establece que «las organizaciones religiosas deben difundir los principios y las políticas del Partido Comunista Chino, así como también las leyes, reglamentos y normas nacionales entre el personal y los ciudadanos religiosos, y educar y guiar al personal y a los ciudadanos religiosos para que apoyen a la dirigencia del Partido Comunista Chino, al sistema socialista, y se adhieran a la senda del socialismo con características chinas, acaten las leyes, reglamentos, normas y políticas, manejen correctamente la relación entre las leyes y los cánones nacionales, y fortalezcan la conciencia nacional, del estado de derecho y de la ciudadanía».
El artículo 32 añade que «los grupos religiosos deberán establecer un sistema de aprendizaje y organizar a su personal para aprender de los principales acuerdos de toma de decisiones del Partido Comunista Chino, las políticas y reglamentos nacionales, la excelente cultura tradicional china y los conocimientos religiosos». Obsérvese la referencia a la «excelente cultura tradicional china», es decir, la cultura china tal y como es interpretada por Xi Jinping y el PCCh.
En caso de duda, el artículo 39 aclara que «la interpretación de estas medidas es responsabilidad de la Agencia Estatal de Asuntos Religiosos».
Tal y como sucedió con los reglamentos del 2017, mucho dependerá de cómo se apliquen las nuevas disposiciones a partir del 1 de febrero de 2020. Pero claramente la represión religiosa continúa y el marco legal va de mal en peor.
Este artículo fue publicado originalmente en Bitter Winter, una publicación sobre libertad religiosa y derechos humanos en China.
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