ONU exige a Maduro que acabe con las “graves violaciones de derechos” en Venezuela

Por EFE
04 de Julio de 2019 Actualizado: 04 de Julio de 2019

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó hoy al dictador venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con “las graves vulneraciones de derechos” en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michelle Bachelet.

El informe, que mañana, viernes, presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, “si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país”, que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares.

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como “colectivos”, y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

Mucho mayores son las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5287 muertes documentadas en 2018 por supuesta “resistencia a la autoridad” y al menos otras 1569 entre enero y mayo de 2019, según cifras del propio régimen.

Un soldado de la Guardia Nacional dispara su escopeta contra manifestantes de la oposición durante los enfrentamientos que siguieron a una protesta antigubernamental en Caracas, el 26 de julio de 2017.
(FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

A principios de esta semana Bachelet pidió una investigación “independiente, imparcial y transparente” de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar a Maduro.

El informe publicado hoy indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien además es reconocido como presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, “son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, subraya el informe, que destaca que “quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos”.

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del régimen de “imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”:

Chaleco antibalas, casco protector y una máscara antigás, el equipo de un fotoperiodista para cubrir las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. (FEDERICO PARRA/AFP/Getty Images)

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe.

Éste se publica poco después de que la alta comisionada visitó Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó -reconocido por más de medio centenar de países- y otras personalidades.

Tras su visita permanecieron en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y supervisar la situación de los derechos humanos.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión”, afirmó Bachelet en el comunicado de hoy.

 

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