El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el jueves pasado que Estados Unidos ya no aceptará graves violaciones a los derechos humanos y corrupción que tengan lugar alrededor del mundo.
Trump publicó una Orden Ejecutiva declarando emergencia nacional para tratar con aquellos que cometan tales crímenes.
Al explicar sus acciones, el mandatario hizo referencia a la importancia de los valores y al daño que los perpetradores hicieron a las sociedades alrededor del mundo.
La nueva orden ejecutiva se ampara en la autoridad dada por la Ley Global Magnitsky, que habilita al poder ejecutivo a imponer restricciones de visado y sanciones a individuos responsables de violaciones a los derechos humanos o corrupción significativa. El presidente ordena el congelamiento de los activos de individuos y la prohibición al ingreso de los perpetradores a Estados Unidos.
Es un mensaje claro para aquellos que cometen violaciones a los derechos humanos y se involucran en corrupción: Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, no lo tolerará más.
Esta orden no solo apunta a aquellos que cometen los crímenes, sino también a aquellos que lo permiten, trátese de extranjeros o de ciudadanos estadounidenses.
Por demasiado tiempo el mundo ha visto actuar con impunidad a aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Con la orden ejecutiva, la administración que asumió la presidencia el 20 de enero de 2017 está mostrando al mundo que «Estados Unidos primero» no significa que al país americano no le importa lo que sucede alrededor del mundo. Con Trump al mando, su país ha regresado a una posición de ser un líder moral en el mundo.
Una de las violaciones a los derechos humanos más grandes y, de muchas formas, pasadas por alto que está teniendo lugar hoy es la persecución a Falun Dafa en China.
Esta pacífica disciplina espiritual de la Escuela Buda se volvió enormemente popular en China en los años 90, hasta el punto en que un estimativo de 100 millones de chinos la estaban practicando.
El régimen comunista chino y su entonces líder del partido Jiang Zemin no podían soportar la popularidad de Falun Dafa (también conocido como Falun Gong), dado que funcionaba fuera del control ideológico del partido comunista.
Desde julio de 1999, se documentó que más de 4.000 practicantes de Falun Dafa han sido asesinados como resultado de una despiadada campaña de persecución lanzada por Jiang. No obstante, se cree que el número real es mucho más alto, dada la dificultad de sacar la información delicada fuera de China.
Al lanzar la persecución, Jiang dio la orden de «arruinar su reputación, llevarlos a la bancarrota y destruirlos físicamente». Utilizó los vastos recursos de China: sus medios de comunicación estatales, sus fuerzas armadas, su fuerza policial, su sistema de educación e incluso su sistema de salud, para lanzar una campaña de persecución sin precedentes contra este grupo de meditadores pacíficos.
Según el informe de Libertad Religiosa Internacional de 2016 del Departamento de Estado de EE. UU., el régimen chino mantiene hasta el día de hoy «un aparato de seguridad extralegal manejado por el partido para eliminar el movimiento Falun Dafa».
Las fuentes de Falun Dafa estiman que millones de practicantes han sido detenidos ilegalmente en campos de trabajo, prisiones, cárceles negras y centros de detención de China, desde 1999.
Pero las atrocidades del régimen comunista se han expandido mucho más allá de la mera tortura y asesinato de sus prisioneros de conciencia.
Desde 2006 ha habido numerosos y creíbles alegatos de que el régimen chino estableció un sistema de trasplante de órganos sustraídos forzosamente, cuya fuente principal proviene de los practicantes de Falun Dafa.
Los alegatos fueron primero reportados por La Gran Época en marzo de 2006. En respuesta a una invitación del Comité para Investigar la Persecución a Falun Dafa en mayo de 2006, David Kilgour, ex Secretario de Estado de Canadá para Asia-Pacífico, y el abogado internacional de derechos humanos David Matas, investigaron y detallaron las afirmaciones de sustracción forzada de órganos.
En su informe inicial de investigación publicado en julio de 2006, los investigadores descubrieron una generalizada disponibilidad de órganos de practicantes de Falun Dafa a la venta en hospitales chinos. Kilgour y Matas concluyeron en su investigación que estas personas fueron asesinadas para sustraerles sus órganos mientras estuvieron bajo detención.
Los órganos eran vendidos a chinos y extranjeros acaudalados que podrían solicitar un trasplante en días. Aunque el régimen chino siempre ha negado los alegatos, no ha sido capaz de explicar el enorme aumento de trasplantes que tienen lugar en China desde que comenzó la persecución a Falun Dafa.
Los alegatos también han suscitado preocupación en los niveles más altos de gobierno de Estados Unidos. En junio de 2016, la Cámara de Representantes adoptó una resolución expresando preocupación «por los reportes persistentes y creíbles de la sustracción sistemática de órganos, sancionada por el estado, sin consentimiento de prisioneros de conciencia en la República Popular China, incluyendo grandes números de practicantes de Falun Gong (Falun Dafa) y miembros de otros grupos minoritarios religiosos y étnicos».
Seguido a la orden ejecutiva de Trump, 13 personas fueron alcanzadas por el Departamento del Tesoro. Entre ellos están Gao Yan, director de la Rama Chaoyang de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing, por la muerte de un activista de derechos humanos en detención, en marzo de 2014. Como director, Gao era responsable de ejecutar la persecución a Falun Dafa. El funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores Chen Youbang demandó a la Rama Chaoyang por detención ilegal y tortura sufrida en 2012 por practicar Falun Dafa.
La lista de la orden ejecutiva también apunta a Mukhtar Hamid Shah, un cirujano pakistaní especializado en trasplantes de riñón, sospechado por la policía de su país por estar involucrado en secuestros, sustracción y tráfico de órganos humanos.
Estos dos ejemplos muestran que aquellos que estuvieron involucrados o permitieron la tortura y el asesinato de ciudadanos inocentes, o la involuntaria sustracción de órganos de personas, como practicantes de Falun Dafa, podrían pronto ser señalados por el estado de emergencia de Trump.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la visión de La Gran Época.
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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