Organismo de control del DHS descubre malos tratos a inmigrantes en un centro de contención

Por Zachary Stieber
05 de Abril de 2021
Actualizado: 05 de Abril de 2021

Una instalación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tardó un promedio de más de tres días en responder a las solicitudes de atención de enfermedad y no aplicó las precauciones contra la pandemia, reveló un organismo de control.

Una inspección a distancia no anunciada el año pasado en el Centro Correccional La Palma del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Eloy, Arizona, reveló las violaciones, que se hicieron públicas en un informe publicado la semana pasada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El ICE forma parte del DHS.

Los funcionarios de control dirigieron un recorrido por vídeo en directo del centro de contención de inmigrantes, inspeccionando las unidades de alojamiento de los detenidos, la cocina y las unidades médicas, entre otras áreas. Los funcionarios también revisaron las imágenes de vigilancia de varios lugares dentro de las instalaciones y entrevistaron al personal del ICE, a los detenidos y a los empleados de las instalaciones.

La inspección, que se llevó a cabo entre agosto y noviembre, “identificó violaciones de las normas de detención del ICE que amenazaban la salud, la seguridad y los derechos de los detenidos”, dice el informe del organismo de control, y añade que “los informes y las quejas de los detenidos denuncian un entorno de malos tratos y abusos verbales, incluso en respuesta a las protestas pacíficas de los detenidos por la gestión de la pandemia por parte del centro”.

El centro correccional no aplicó las precauciones del ICE, como el uso recomendado de mascarillas, y no cumplió las normas de atención médica, aislamiento y comunicación de las quejas de los detenidos.

Esa falta de cumplimiento puede haber contribuido a un brote de COVID-19 que hizo que un 17 por ciento de los 1223 detenidos dieran positivo en la prueba de la enfermedad el 19 de agosto de 2020.

La unidad médica, que tenía una escasez crítica de personal, tardó una media de 3.35 días en responder a las solicitudes de atención por enfermedad de los detenidos y no atendió algunas recetas. El centro no proporcionó sistemáticamente la atención necesaria a los inmigrantes en régimen de aislamiento y no registró sistemáticamente cuándo se administraban los medicamentos o cuándo se realizaban las visitas médicas. Además, el centro “no dio respuestas oportunas a la mayoría de las quejas de los detenidos y, en algunos casos, no respondió en absoluto”.

Los detenidos se quejaron de los oficiales de vigilancia sobre el presunto uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de spray de pimienta, bolas de pimienta y agentes químicos. Los oficiales confirmaron que dichos elementos se utilizaron para poner fin a las protestas, como una que tuvo lugar el 13 de abril de 2020.

En esta imagen de un video de vigilancia, los detenidos de LPCC protestan en un área de alojamiento antes de ser dispersados por oficiales que usan agentes químicos, en Eloy, Arizona, el 13 de abril de 2020. (LPCC vía DHS OIG)

Una imagen de un video de vigilancia mostró al personal del centro desplegando a los agentes para poner fin a la protesta.

Juliana Manzanarez, una abogada que representa a varios detenidos, dijo a 12 News que no le sorprendían las conclusiones del informe.

“Algunas de las cosas que se enumeran en el informe no son nuevas y, por desgracia, las personas que están detenidas tienen que lidiar con eso”, añadió la abogada.

El ICE dijo a los medios de comunicación en una declaración que está “comprometido a garantizar que todos los que están bajo nuestra custodia residan en ambientes seguros y humanos y bajo condiciones apropiadas de confinamiento”.

“Muchas de las prácticas iniciadas en La Palma, como el período de cuarentena de 14 días, dieron lugar a una reducción de la exposición de los detenidos entre la población general y este aspecto fue reconocido en el proyecto de informe de la OIG”, dijo la agencia. “El ICE discrepa de la exactitud de otras conclusiones del borrador del informe, que se basan en alegaciones no corroboradas y en la falta de un contexto adecuado en relación con el personal médico”.

CoreCivic, que ayuda a gestionar el establecimiento, dijo que el informe incluía numerosas falsedades sobre el centro.

“Operamos cada día en un entorno desafiante que se hizo aún más difícil por una pandemia con la que el mundo entero luchó y sigue luchando”, dijo un portavoz a los medios de comunicación. “Siempre apreciamos los comentarios y la responsabilidad que nos proporcionan nuestros socios, y nos esforzamos cada día por mejorar nuestro servicio a ellos y a las personas a nuestro cargo”.

En una inspección de seguimiento realizada en enero se constató un mejor cumplimiento de las normas relativas a la pandemia.

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