La organización conservadora sin ánimo de lucro Heritage Action for America tiene previsto anunciar el lunes sus planes de gastar 10 millones de dólares en una amplia campaña de integridad electoral para reforzar las leyes sobre el voto en ocho estados indecisos, según reportes.
Según Fox News, la campaña se centrará en Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Nevada, Texas y Wisconsin, con iniciativas tales como anuncios digitales y televisivos, así como la presión directa sobre los legisladores estatales.
«Las elecciones justas son esenciales para cualquier debate político en el futuro», dijo la directora ejecutiva de Heritage Action, Jessica Anderson, en un comunicado. «Estamos trabajando para ayudar a los legisladores estatales a restaurar la confianza en nuestras elecciones, garantizar la transparencia y proteger los derechos de todos los estadounidenses a unas elecciones justas. Esta es nuestra prioridad número uno, y estamos comprometidos a hacer lo que sea necesario».
Heritage Action, que está afiliada al think tank de derecha The Heritage Foundation, busca convertir «las ideas conservadoras en realidad en el Capitolio», dice la organización sin ánimo de lucro en su página web.
«Lo hacemos exigiendo a los legisladores que se hagan responsables de sus promesas de promover los principios conservadores de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores tradicionales de Estados Unidos y una fuerte defensa nacional», dice la organización sobre sus principales prioridades.
La integridad electoral cobró protagonismo de forma dramática en 2020, cuando el expresidente Donald Trump y sus aliados alegaron que la reducción de las medidas de seguridad —principalmente en torno a los votos por correo— provocaron un fraude que le arrebató la victoria.
En el debate más amplio sobre la seguridad de las elecciones, los conservadores —y los republicanos en general— han tendido a argumentar que emitir un voto es un privilegio de la ciudadanía que debe ser salvaguardado con procesos seguros y restricciones, y que la reducción de los requisitos en torno a la votación permite el fraude y el abuso del proceso. Los progresistas —y sus aliados demócratas— tienden a sostener la opinión de que las barreras para emitir un voto deben ser las menos posibles y que el tipo de medidas de seguridad impulsadas por los conservadores, como leyes más estrictas de identificación de los votantes o de prueba de ciudadanía, equivalen a la privación del derecho al voto. Los progresistas suelen enmarcar el debate entre la supresión y la expansión del voto, mientras que los conservadores tienden a verlo como seguridad en las elecciones frente a la vulnerabilidad ante los abusos.
A raíz de la controversia sobre las elecciones de 2020, los legisladores republicanos y demócratas de todo el país han actuado en direcciones opuestas introduciendo leyes que reducen las barreras para el voto o que tratan de reforzar la integridad electoral, lo que también puede hacer que emitir un voto sea más complicado.
Brennan Center for Justice, un grupo de defensa que impulsa políticas progresistas, ha contabilizado 106 proyectos de ley en 28 estados destinados a hacer más estrictas las normas de votación en lo que va de año, lo que supone un incremento significativo con respecto al año pasado. Al mismo tiempo, 35 estados introdujeron un total de 406 proyectos de ley para hacer el voto menos restrictivo, también un aumento con respecto al año pasado.
Una ley clave en este sentido impulsada por los demócratas es la H.R. 1, o Ley para el Pueblo de 2021. Fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, en una votación mayoritariamente partidista de 220-210, con todos los republicanos votando en contra.
El controvertido paquete de reforma electoral, que abarca casi 800 páginas, pretende imponer requisitos a los procedimientos de votación en todo el país. Sus disposiciones incluyen transferir la autoridad sobre la gestión de las elecciones de los estados al gobierno federal, imponer el registro automático de los votantes en los 50 estados y legalizar el voto por correo en todo el país sin necesidad de presentar un documento de identidad con fotografía para obtener una boleta de ausente.
Heritage Action, en una de sus principales luchas por las políticas de integridad electoral, calificó la H.R. 1 como «la pieza legislativa de la presidenta Nancy Pelosi para amañar el sistema electoral a favor de los políticos demócratas, socavando el proceso electoral de Estados Unidos».
La organización argumenta que el proyecto de ley «interfiere con la capacidad de los estados y sus ciudadanos para determinar las cualificaciones de los votantes, para garantizar la exactitud de las listas de registro de votantes, para asegurar la integridad de las elecciones, para participar en el proceso político, y para determinar las líneas de los límites del distrito para elegir a sus representantes».
«El objetivo final de la H.R. 1 es claro: consagrar en la ley prácticas electorales dudosas que permiten y fomentan comportamientos fraudulentos, como la recolección de papeletas, los registros de votantes falsos, el voto duplicado y el voto inelegible», dice Heritage Action.
Biden ha dicho que firmará el proyecto de ley si llega a su escritorio, lo que puede ser una tarea difícil ya que la legislación propuesta necesitaría 60 votos para superar el filibusterismo del Senado, lo que significa que 10 republicanos tendrían que apoyarlo.
Los republicanos han criticado el proyecto de ley, y gobernadores y legisladores estatales de todo el país han afirmado que podría acabar con los intentos de garantizar la integridad de las elecciones.
Una versión anterior del proyecto de ley había sido aprobada por la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, con una votación de 234 a 193 al comienzo del 116º Congreso en 2019, pero finalmente no fue aceptada por el Senado, controlado por los republicanos.
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