Paro durante 36 días en Bolivia le cuesta al gobierno socialista más de mil millones de dólares

Por Autumn Spredemann
29 de Noviembre de 2022 6:41 PM Actualizado: 29 de Noviembre de 2022 6:41 PM

SANTA CRUZ, Bolivia —El tenue aroma de los neumáticos quemados todavía flota en el aire. Montones de escombros asfixian las calles de la ciudad más grande de Bolivia mientras las filas de coches se extienden en todas las direcciones en las intersecciones, atravesando campos minados de fragmentos de metal, clavos y cristales rotos.

Es un recordatorio de que cuando los habitantes de Santa Cruz protestan y paralizan la economía, lo hacen en serio.

Los montones de basura se desparraman por las calles y son tan altos como las porterías de los campos de fútbol, mientras los camiones de basura tratan de restablecer la recolección regular.

Es una escena de caos total mientras los residentes de Santa Cruz —conocidos localmente como “cruceños”— intentan reclamar su ciudad y su departamento tras 36 días de cierre económico total.

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Humo de los incendios que arden durante el paro económico en Santa Cruz, Bolivia, el 25 de noviembre de 2022. (Autumn Spredemann/The Epoch Times)

Al mismo tiempo, el gobierno socialista se esfuerza por recuperar las enormes pérdidas económicas. El Ministerio de Economía de Bolivia informó que las pérdidas estimadas superan los 1000 millones de dólares (6900 millones de bolivianos), pero analistas más conservadores afirman que el déficit es de 780 millones de dólares.

Miles de cruceños  se movilizaron contra el partido Movimiento al Socialismo (MAS) del país el 22 de octubre, después de que el presidente Luis Arce intentara retrasar la fecha del censo nacional, ya retrasada dos años, hasta 2024.

Durante una reunión de emergencia celebrada el 4 de noviembre para debatir los cambios en la fecha del censo nacional, Arce denunció que el paro económico en Santa Cruz estaba deliberadamente politizado.

El jefe de Estado afirmó que el paro pretendía “desestabilizar” y “derrocar” al gobierno electo del MAS.

Tras un tenso enfrentamiento que duró más de un mes, los líderes de la huelga acordaron poner fin al paro el 26 de noviembre. Se llegó a un acuerdo de paz después de que el Congreso de la nación aprobara una ley por la que se acordaba la distribución de los recursos adicionales o los escaños políticos que se debían al departamento desde el censo antes de las elecciones generales de 2025.

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Una rampa de salida de la autopista bloqueada con el tráfico tratando de cruzar una intersección en Santa Cruz, Bolivia, el 25 de noviembre de 2022. (Autumn Spredemann/The Epoch Times)

Santa Cruz es el principal productor nacional de exportaciones clave como la soja, la carne de res y el gas natural.

El censo es un elemento clave para los cruceños porque la distribución de recursos, como los ingresos fiscales y los escaños en el Congreso, se basa en la densidad de población en los nueve departamentos del país.

El último censo nacional de Bolivia se realizó hace más de una década. Desde entonces, Santa Cruz se ha convertido en algo más que la ciudad más prominente; también genera un tercio del producto interior bruto del país.

El gobierno en el poder se ha mostrado históricamente reacio a delegar más políticos o dinero al gobierno departamental de derecha de Santa Cruz. Es algo que los miembros de la presidencia de Arce han admitido abiertamente que evitan.

Durante la huelga, o “paro”, miles de ciudadanos ocuparon las calles de todo el departamento, iniciando una red de manifestaciones desordenadas y esporádicamente violentas que paralizaron efectivamente el principal productor económico del país.

A lo largo de las semanas, se reportó que cuatro personas murieron y otras 178 resultaron heridas durante los enfrentamientos entre los partidarios de la huelga y los partidarios del MAS.

El país sudamericano no vivía protestas de esta magnitud desde las disputadas elecciones presidenciales de 2019. Ese año, las irregularidades detectadas en el proceso de votación llevaron a los bolivianos a promulgar medidas similares a nivel nacional.

Ello provocó que el expresidente del MAS, Evo Morales, huyera del país y renunciara a su cargo. El exministro de Economía de Morales —Arce— es ahora el jefe de Estado de la nación.

Un gran sacrificio

“Ha sido muy duro permanecer en el paro durante más de un mes”, dijo Vivian Suárez, residente en Santa Cruz, a The Epoch Times.

Suárez y su familia se turnaron para hacer un bloqueo en el sofocante calor del verano, cerca del segundo anillo del centro de Santa Cruz.

Extendieron la bandera departamental verde y blanca a través de una barrera hecha con pilas de neumáticos cerca de una intersección muy concurrida.

Dijo que su marido y sus dos hijos mayores abandonaron sus trabajos habituales y cerraron su negocio familiar en apoyo del paro.

Pero ahora no está segura de cómo se las arreglarán para pagar las facturas o comprar los regalos de Navidad para su familia.

“La mayoría de los bolivianos necesitan trabajar todos los días solo para sobrevivir. Mi familia es de clase media, pero [no trabajar] ha sido un gran sacrificio incluso para nosotros”, dijo.

Más que la falta de ingresos, los cruceños también han hecho subir la inflación en Bolivia durante el último mes.

La nación sudamericana tenía los niveles de inflación más bajos de todo el continente, con un 1.2 por ciento hasta junio de 2022, según cifras oficiales. En comparación, los vecinos Perú y Chile lucharon con tasas de inflación que superaron el 8 por ciento y el 13 por ciento este año, respectivamente.

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Un coche intenta pasar un control de carretera en Santa Cruz, Bolivia, tras el fin de la huelga el 25 de noviembre de 2022. (Autumn Spredemann/The Epoch Times)

Esto se debe a que Bolivia produce gran parte de sus productos básicos, desde alimentos como granos esenciales, frutas y carne, hasta petróleo y gas natural. Aunque, con todo cerrado durante 36 días, el país ha sentido el aguijón de los precios inflados que afectan a los mercados de todo el país.

“Todo ha subido de precio aquí desde el paro”, dijo Edwin Flores a The Epoch Times.

Flores vive en la histórica capital de Sucre, en el vecino departamento de Chuquisaca. Dijo que no tardó en ver un aumento de precios en las frutas y verduras durante sus visitas semanales al mercado.

“Definitivamente lo sentimos cuando Santa Cruz cierra, ellos producen la mayor parte de todo aquí [en Bolivia]”, dijo.

Bolivia es uno de los principales exportadores de gas natural de Sudamérica y cuenta con las segundas mayores reservas probadas del continente. También es un importante exportador de petróleo a gigantes comerciales vecinos como Brasil y Argentina.

Las actuales interrupciones del suministro mundial y las subidas de precios derivadas del conflicto ruso en Ucrania han llevado a algunos economistas a especular con que la prolongada paralización de Bolivia podría tener consecuencias en los mercados energéticos regionales.

El analista Gonzalo Gosalves afirmó que la huelga en Santa Cruz “generó una pérdida tan grande para el país. El crecimiento del PIB se ha visto perjudicado en medio de la crisis mundial”.

El pinchazo financiero también ha afectado a algunos de los principales instigadores de la huelga. El jefe del Comité Cívico —una organización civil muy vinculada al gobierno departamental de Santa Cruz— también expresó su preocupación por la recuperación de los ingresos.

El exmédico cirujano y actual jefe del Comité Cívico, Rómulo Calvo, lamentó a los periodistas locales el 29 de noviembre que tampoco ha podido “generar dinero”.

Todo o nada

Para algunos partidarios de la huelga, el acuerdo del gobierno departamental de poner fin al paro el 26 de noviembre fue una bofetada.

Una mentalidad general de “todo o nada” se había apoderado de muchos residentes que querían que el censo nacional se celebrara en 2023. Rápidamente renunciaron a su apoyo a Calvo y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, después de que el Congreso convirtiera en ley la nueva fecha del censo.

El gobierno de Arce se comprometió a adelantar el censo a principios de año, estableciendo marzo de 2024 como fecha oficial. Con los recursos adicionales de los resultados garantizados antes de las próximas elecciones presidenciales, muchos cruceños consideraron esto una victoria.

Sin embargo, para otros, esto se consideró una traición.

A las pocas horas del anuncio del fin del paro, manifestantes radicales atacaron la casa de Calvo, lanzando piedras y gritando “traidor” al líder civil. En algunas partes de la ciudad, los manifestantes se negaron inicialmente a levantar sus bloqueos.

Porque para una pequeña fracción de los crucesaños, no había otra salida aceptable que un censo nacional en 2023.

“Él [el gobernador] nos dijo que teníamos que mantenernos firmes, que teníamos que tener el censo en 2023”, dijo Rodrigo Vaca, residente de Santa Cruz, a The Epoch Times.

Vaca está molesto con el gobierno departamental. En retrospectiva, calificó el paro como un “esfuerzo apenas disimulado para ganar más poder político”.

“¿Para qué hice este sacrificio, sino para el censo de 2023? No trabajé durante un mes y ahora mi familia necesita dinero”, dijo Vaca.


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