El Partido Republicano de Nuevo México acusó a la secretaria de Estado local, Maggie Toulouse Oliver, de «juegos políticos partidistas» al retrasar intencionadamente la publicación de los registros electorales solicitados por la campaña del presidente Donald Trump.
El equipo legal de Trump presentó el 17 de diciembre a la secretaria de Estado de Nuevo México una solicitud de la Ley de Inspección de Registros Públicos (IPRA), en la que pide información relacionada con los contratistas de Dominion Voting Systems, lo que podrían haber tenido acceso a estas máquinas de votación durante las elecciones de 2020. La solicitud se refiere a los denominados «contratistas del día» que tal como se informó, Dominion los utilizaba en algunos recintos de Nuevo México. El Partido Republicano de Nuevo México dijo en una declaración que un observador electoral había declarado que «Dominion tenía tres contratistas que con acceso ilimitado a las zonas restringidas».
El Partido Republicano (GOP) alegó en un comunicado de prensa del 31 de diciembre que Toulouse Oliver se había comprometido en entregar los registros antes del 30 de diciembre, pero más tarde notificó a los abogados de Trump que su oficina cambió la fecha de respuesta al 14 de enero, ocho días después de que el Congreso se reúna en una sesión conjunta para certificar los votos del Colegio Electoral.
«La acción de la secretaria de Estado es un esfuerzo deliberado para mantener cualquier evidencia de posibles problemas para la campaña de Trump hasta después de que el Congreso certifique el voto del Colegio Electoral el 6 de enero», dijo en un comunicado el presidente del GOP de Nuevo México, Steve Pearce.
Acusando a Toulouse Oliver de jugar «juegos políticos partidistas», el republicano dijo que la secretaria de Estado tiene la obligación legal de proporcionar los registros de la operación electoral y que está dilatando la entrega de los mismos «porque son pruebas que pueden ser utilizadas por Trump».
«Una vez más, la secretaria de Estado es partidista y desafiante al negarse a mantener y supervisar la integridad de las elecciones. Ella solo inventa sus reglas. No hay transparencia del gobierno aquí», dijo Pearce.
The Epoch Times se acercó a la oficina de la secretaria de Estado de Nuevo México para solicitar sus comentarios, pero no recibió una respuesta antes de la publicación de este artículo.
El 14 de diciembre, la campaña de Trump presentó una demanda electoral en Nuevo México, objetando el uso de buzones de votos en el estado, alegando que la secretaria de Estado violó las leyes electorales de Nuevo México al permitir a los votantes devolver sus votos ausentes en buzones colocados fuera de los lugares de votación en lugar de entregar su voto a un juez electoral presidente. La campaña pidió al tribunal que retrasara la certificación de los resultados de las elecciones de Nuevo México o, alternativamente, que ordenara a la legislatura de Nuevo México que nombre a los electores.
Los electores demócratas certificados de Nuevo México emitieron sus votos para el exvicepresidente Joe Biden el 14 de diciembre.
Desde el día de las elecciones, Trump y grupos de terceros han impugnado legalmente el resultado de la votación en varios estados. Ninguna de las acciones hasta ahora ha dado frutos.
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