Por qué los argumentos a favor del proyecto de ley de extradición de Hong Kong son falaces

Por La Gran Época
22 de Julio de 2019 Actualizado: 22 de Julio de 2019

Comentario

Beijing quiere que se apruebe un controvertido proyecto de ley en la legislatura de Hong Kong que permitiría la extradición de fugitivos y sospechosos de delitos a China continental. El proyecto de ley propuesto provocó protestas masivas en Hong Kong y un temor generalizado, dado el historial del régimen chino de juicios injustos y persecución de grupos religiosos y de derechos humanos.

Los líderes de Hong Kong que se cree están bajo el control de Beijing intentaron defender el proyecto de ley, diciendo que llevaría a los criminales fugitivos ante la justicia y garantizaría la seguridad pública. Sin embargo, este argumento debe considerarse una falacia cuando se recuerda cómo el régimen chino manejó la extradición del exempresario y emprendedor chino Lai Changxing, el caso de extradición más emblemático en los últimos 20 años.

Lai huyó a Canadá en 1999 cuando las autoridades chinas comenzaron a investigarlo por encabezar una red de contrabando de miles de millones de dólares, convirtiéndolo en el fugitivo más buscado por el régimen chino.

En 2011, después de 12 años de batalla diplomática entre China y Canadá, Lai fue extraditado a China con la condición de que no fuera ejecutado.

Cuando Lai fue investigado en 1999, solo unos pocos altos funcionarios chinos tenían acceso al caso y conocían la orden secreta de investigar a Lai.

Sin embargo, alguien filtró la información a Lai, haciéndole posible escapar mientras se llevaba la mayor parte de su botín fuera del país con él. Es más, veinte años después, el alto funcionario que lo ayudó sigue siendo un misterio.

Cómplices de alto nivel

En 1999, un funcionario de la agencia de aduanas de China recibió una carta sobre las actividades criminales de Lai, según un artículo de agosto de 2007 de Phoenix, una publicación pro-Beijing con sede en Hong Kong. Mou Xinsheng, director de la Administración General de Aduanas de China en ese momento, reveló que recibió una carta anónima en abril de 1999, en la que se describía con gran detalle las actividades de contrabando de Lai y sus cómplices en Xiamen, una ciudad costera de la provincia de Fujian. El escritor anónimo proporcionó una larga lista de criminales y funcionarios que presuntamente estaban involucrados en la red de contrabando, entre ellos el entonces viceministro de Seguridad Pública, un alto funcionario del ejército chino, el entonces Comisionado de la Aduana Municipal de Xiamen y varios altos funcionarios del Comité Municipal del Partido de Xiamen y del Gobierno Municipal. El denunciante también presentó facturas como pruebas.

Como el caso de contrabando involucraba a muchos funcionarios de alto rango, Mou escribió una carta a los principales líderes de Beijing, proponiendo que la Comisión Central de Disciplina llevara a cabo una investigación. Luo Gan, el entonces secretario del Comité Central de Asuntos Políticos y Legales, aprobó la petición de Mou. Luo escribió una observación sobre la carta de Mou, diciendo que la investigación requeriría la cooperación entre la Aduana y la Seguridad Pública y que se llevaría a cabo bajo la dirección de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria. Dado que la orden fue emitida el 20 de abril de 1999, el equipo de investigación fue nombrado “Equipo de caso especial 420”. Mou se convirtió en uno de los cuatro líderes del equipo.

Sin embargo, según Mou, seis días antes de que esta orden secreta llegara a todos los líderes del equipo, Lai ya lo sabía. Inmediatamente se fue a Beijing, llevando consigo 30 millones de yuan (valorados en 3,75 millones de dólares en ese momento), en un intento por sobornar a los investigadores principales o a un funcionario influyente que pudiera intervenir en la investigación.

Silencio en Beijing sobre quien filtró la noticia

Debido a que la orden de investigación era un documento altamente clasificado, solo los funcionarios del más alto nivel del Partido Comunista tendrían acceso a ella. ¿Entonces quién filtró la información a Lai? Debería ser uno de los casos más sencillos para los investigadores porque solo unas pocas personas podrían ser sospechosas. Además, el 23 de julio de 2011 el gobierno canadiense devolvió a Lai a China. Si las autoridades chinas se hubieran tomado realmente en serio la búsqueda de este criminal clave que ayudó a Lai a escapar, podrían haberlo identificado fácilmente interrogando a Lai. Sin embargo, transcurrieron ocho años desde que Lai fue extraditado a Beijing, y el equipo de investigación encargado del caso de Lai no hizo mención alguna sobre la filtración.

La filtración causó al menos cuatro consecuencias graves, según el artículo de Phoenix: en primer lugar, Lai pudo destruir todas las pruebas antes de que se iniciara la investigación; en segundo lugar, Lai transfirió rápidamente la mayor parte de los activos que había acumulado por el contrabando –unos 53.000 millones de yuan (6600 millones de dólares) en valor– a través de múltiples canales; en tercer lugar, Lai y más de 70 de sus cómplices de contrabando escaparon a otros países; y en cuarto lugar, la batalla por la extradición entre China y Canadá afectó gravemente la relación comercial entre los dos países.

Wang Youqun, ayudante del exjefe de disciplina interna del Partido Wei Jianxing, dijo a La Gran Época que escribió a los exlíderes del partido Jiang Zemin y Hu Jintao, así como al actual líder Xi Jinping, durante sus respectivos mandatos, pidiendo una investigación exhaustiva para encontrar a este criminal clave. Wang escribió en su carta que esta persona debe haber recibido grandes sobornos de Lai, y como alto funcionario que se atrevió a cometer tales audaces atrocidades, representaría una seria amenaza para la seguridad nacional si las autoridades chinas no lo llevaban ante la justicia. Sin embargo, nadie respondió a las cartas de Wang.

Por lo tanto, el proyecto de ley de extradición de Hong Kong no debe confundirse con una herramienta para garantizar el Estado de derecho, sino con una herramienta para promover los intereses políticos y personales de los funcionarios del Partido Comunista.

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