Presentan demanda federal contra la ley de Connecticut que castiga el discurso provida

Por Mark Tapscott
13 de Octubre de 2021
Actualizado: 13 de Octubre de 2021

Los abogados de un centro religioso para embarazadas de Connecticut han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra una ley estatal que les obliga a remitir a las pacientes a servicios de aborto, alegando que el estatuto viola la garantía de la Primera Enmienda sobre la libertad religiosa y la libertad de asociación, el debido proceso y la igualdad de protección.

La ley pública No. 21-17 proscribe la “publicidad engañosa” de los centros de embarazo de servicios limitados (LSPC) y faculta exclusivamente al fiscal general del estado para imponer multas monetarias y exigir que el centro infractor pague la publicidad “correctiva”.

Los centros de embarazo de servicios limitados son aquellos que no brindan abortos o derivaciones de abortos y que ofrecen asesoramiento basado en la fe, atención médica y otros servicios para alentar a una mujer en embarazo a no abortar al bebé.

La legislatura de Connecticut aprobó la ley en mayo después de que no logró su aprobación en 2020 y 2019.

El fiscal general del estado, William Tong, le dijo a la legislatura en el marco de su testimonio que “algunos centros de embarazo de servicios limitados reconocen abiertamente en su publicidad que no ofrecen abortos ni anticoncepción de emergencia, y que creen que el aborto está mal”.

Tong dijo que apoya el derecho a expresar un punto de vista provida, pero “también existe la realidad de la publicidad engañosa de otras LSPC. Algunos LSPC han engañado a las mujeres embarazadas haciéndoles creer que ofrecen servicios de aborto, anticoncepción de emergencia y asesoramiento imparcial”.

Pero la ley de Connecticut va mucho más allá de dejar en claro que un centro en particular no ofrece servicios de aborto, según los abogados de Alliance Defending Freedom (ADF), los cuales representan al Care Net Pregnancy Resource Center, del sureste de Connecticut.

“Esta ley permite que el fiscal general persiga el discurso provida con multas sustanciales, entable una acción ante el tribunal y procesos. En última instancia, los centros tendrían que pagar USD 1000 por violación y honorarios ilimitados de abogados”, dijo la abogada principal de ADF, Denise Harle, a The Epoch Times el 13 de octubre.

La demanda se presentó el 11 de octubre en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Connecticut.

“No hay forma de protegerse porque esta ley le permite al fiscal general decir: ‘He decidido que usted es un timador. Si no corrige su discurso con el discurso de la elección del gobierno, lo llevaré a la corte en 10 días y estará sujeto a multas y todos los honorarios que use para defenderse si el juez sigue mis argumentos”, dijo Harle.

Harle dice que, si bien la ley no proporciona una base para que una persona demande a los centros por no proporcionar referencias o servicios de aborto, “sí permite que cualquiera se queje ante el fiscal general, el cual puede iniciar inmediatamente una investigación y un enjuiciamiento”.

“Así que lo abre a cualquier ciudadano del estado que se oponga a los puntos de vista provida y sea hostil a ese punto de vista para decir que un centro de embarazo hizo algo malo. Y ese es exactamente el punto, porque esta ley está apuntando al discurso provida”.

En un testimonio a principios de este año, Tong señaló que la Corte Suprema se negó a escuchar la apelación a una decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que confirma una ordenanza de San Francisco que, según él, la ley de Connecticut “sigue de cerca”.

Pero la ADF dijo en un comunicado que anteriormente “llegó a un acuerdo exitoso en un caso similar de Connecticut cuando la ciudad de Hartford acordó que un centro de embarazo basado en la fe no está sujeto a una ley que hubiera obligado al centro a publicar materiales que socavan su mensaje de afirmación de la vida”.

Harle también dijo: “La Corte Suprema ha dejado en claro que el gobierno no puede apuntar a ciertos mensajes porque no le gusta un punto de vista en particular. Care Net debería tener la libertad de continuar sirviendo a las mujeres en el sureste de Connecticut sin la censura del gobierno”.

En su presentación, el centro argumentó que, como organización sin fines de lucro, “es una asociación expresiva porque las personas con creencias afines, incluidas las del personal y los voluntarios de su organización, se están uniendo para ayudar y servir a las mujeres en el área de Connecticut y para expresar sus creencias religiosas sobre la creación de la vida, la sexualidad, el embarazo y la maternidad por parte de Dios”.

“Los voluntarios y el personal de Care Net defienden la posición de que las mujeres merecen dignidad, respeto y verdad cuando buscan información y asesoramiento sobre su embarazo o un posible embarazo. Obligar a Care Net a hacer declaraciones “curativas” socavaría su capacidad para defender esa posición y haría que reconsiderara sus operaciones en el futuro”, indica el documento.

“Someter a Care Net a la vaga y excesivamente amplia regulación de la expresión, de la ley, también socavaría su capacidad de defender su posición basada en las creencias y su libre asociación con las mujeres con las que pretende asociarse”.

La demanda solicitó a la corte que declarara inconstitucional la ley de Connecticut porque viola las Enmiendas Primera y Decimocuarta.


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